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Los regantes confían en que se transporte durante este mes, desde el Tajo al Segura, toda el agua que tienen autorizada, antes de que se cierre el acueducto para reparar unas filtraciones en el sistema de cabecera. La infraestructura quedará clausurada a partir del 1 de septiembre y durante 13 semanas, informó ayer el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta incidencia no ha pillado por sorpresa al Sindicato Central de Regantes (Scrats), ya que la Comisión Central de Explotación advirtió en abril de que se acometerían las obras después del verano, tras detectarse una avería en el dique principal del pantano de La Bujeda, el punto de partida del acueducto.
El Scrats y la Mancomunidad de Canales del Taibilla tendrán que aguantar tres meses sin recibir recursos del Tajo. El presidente del Sindicato Central, Lucas Jiménez, señaló ayer que 'a priori' podrían atender los cultivos con los remanentes que tengan y con la desalación, aunque dependerá de los consumos de agosto y septiembre. Aunque el acueducto esté cerrado, la Comisión de Explotación seguirá proponiendo los desembalses que correspondan cada mes, de tal forma que esos volúmenes se transferirán cuando se reabra el canal, indica Jiménez.
El consejero de Agricultura, Antonio Luengo, pide al Ministerio «máxima agilidad en el desarrollo de la obra para garantizar que, si se prolonga en el tiempo, se garantice el envío del agua que por ley nos corresponde. Un retraso podría suponer la perdida del agua para nuestros regantes». Y señala que la ministra ha respondido a la carta enviada hace unos días, «sin dar fecha a la reunión solicitada y emplazándonos a la vuelta de las vacaciones, por lo que no podemos tratar con ella este asunto de vital relevancia para la Región. Una vez más, pedimos respeto, que se acate la ley, y que se dé certidumbre a los regantes para no poner en juego el futuro de la agricultura en el Levante».
38 hectómetros se enviarán para las demandas de agosto. Se mantiene el Nivel 2 desde marzo.
687 hectómetros almacenaban los embalses de Entrepeñas y Buendía el 1 de agosto.
El pantano de La Bujeda, en la provincia de Guadalajara, tiene una capacidad máxima de 7 hectómetros y su misión consiste en recibir el agua de Entrepeñas y Buendía para regularla y bombearla después hacia el canal del Trasvase. El Ministerio informó de que, desde abril, se ha realizado un seguimiento continuo de estas filtraciones. Los técnicos de Naturgy (concesionaria del embalse) han realizado diferentes estudios y ensayos para determinar con mayor detalle el origen de la avería y definir su reparación. A partir del 1 de septiembre, se completará el vaciado de la balsa para iniciar los trabajos. «La situación de la infraestructura no supone un peligro inminente desde el punto de vista de su seguridad, pero la Comisión estima que este es técnicamente el momento más adecuado para el inicio de las obras y minimiza las consecuencias negativas derivadas de las lluvias del próximo otoño».
En la reunión celebrada ayer de forma telemática, la Comisión dio luz verde al envío de 38 hectómetros para las demandas de los abastecimientos y regadíos del Levante en agosto. Se ajustan a la reservas de Entrepeñas y Buendía, que eran de 687 hectómetros a principios de mes, por lo que estaban en el Nivel 2. En esa fecha, quedaban 21,3 pendientes de trasvasar. Desde marzo, el sistema se mantiene en el Nivel 2, con trasvases automáticos de 38 hectómetros para abastecimientos y regadío. La situación puede cambiar en septiembre, que bajaría al Nivel 3. El Ministerio recuerda que la CHS declaró el acuífero del Campo de Cartagena «en riesgo de no alcanzar el buen estado químico» por la elevada presencia de nitratos y acordó la ejecución de una serie de medidas cautelares.
En la misma reunión, la Mancomunidad de Aguas de Municipios Colindantes de los embalses de Entrepeñas y Buendía presentó un informe contra el desembalse de 38 hectómetros, y solicitó previamente que se paralizara la convocatoria de ayer.
El consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo, se reunió ayer con representantes de las organizaciones y cooperativas agrarias con el fin de «aunar esfuerzos y mantener un frente común ante las dificultades y los ataques que se vienen realizando al sector agroalimentario regional desde distintas instancias y, en particular, por las últimas declaraciones de miembros del Gobierno socialista de España». Ambas partes acordaron expresar su rechazo a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que han calificado de «ataques injustificados al sector» en relación con la situación de los trabajadores del campo murciano, «generalizando hechos aislados y demonizando al conjunto de las empresas agrícolas». También coincidieron en la necesidad de redoblar la defensa del Trasvase Tajo-Segura y se estableció una hoja de ruta para la aplicación de la Ley de Protección del Mar Menor por parte de los agricultores.
El consejero también visitó ayer una finca en Mula que acoge un proyecto de investigación mediante el que, a través de la aportación de microorganismos a distintos cultivos de producción, se consigue reducir la aplicación de fertilizantes. El proyecto, desarrollado por Ideagro, está obteniendo importantes resultados en cultivos que ya se están aplicando en el Campo de Cartagena y el Campo de Lorca. Por José Luis Piñero.
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