La reforma de la Lomce divide a padres y docentes, que reclaman un pacto educativo

La ya llamada 'ley Celaá', que de salir adelante, se convertirá en la octava reforma de la enseñanza en España, ha agitado de momento a la comunidad educativa murciana, dividida ante un articulado que desmonta el ideado en su día por el exministro Wert (la Lomce), resta peso a la Religión y a la educación concertada, y trata de evitar la segregación temprana de los estudiantes y rebajar sus altas tasas de repetición de curso, entre otras cuestiones. La ley que impulsa el Ministerio de Educación para derogar la Lomce ha dividido en su debate a padres, docentes y directivos de centros, que, por encima de la polémica, coinciden de manera unánime en reclamar un pacto por la educación que ponga fin a la sucesión de reformas y contrarreformas. Todos los sectores son una voz también a la hora de reclamar al Gobierno que tome en cuenta la opinión de padres y docentes antes de seguir legislando «sin consenso».

Uno de los puntos de fricción se localiza en la devaluación de la asignatura de Religión, que pierde peso. Aunque el Gobierno se atiene a los acuerdos firmados con la Santa Sede y la asignatura seguirá siendo de oferta obligada para los centros y de opción voluntaria para el alumnado, la nueva ley no establece una asignatura espejo como alternativa, como ocurre en la actualidad, de lo que se deduce que la calificación no contará en la nota media. La decisión ha sido aplaudida por la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA), que no obstante considera que se queda corta. «La Religión debe de estar fuera de los colegios; la Católica y todas», reclama la presidenta de los padres de centros públicos, Francisca López. Los sindicatos de enseñanza también secundan esa postura, así como los directores de centros.

El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), por contra, reivindica el derecho de los padres a «elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos. Impedirlo supone un atropello; parten de la idea de que la educación de los hijos compete al Estado, y no es así, es un derecho de las familias», reclama Víctor Escavy. La introducción de la asignatura de Valores Cívicos y Éticos en un curso de Educación Primaria y en otro de Secundaria Obligatoria tampoco es del agrado de los padres murcianos.

El control a la expansión de los centros concertados (de titularidad privada pero sostenidos con fondos públicos) encuentra también el rechazo de Concapa y de la patronal del sector, que inciden en el estrangulamiento de su libertad de elección de centro. La eliminación del criterio de «demanda social» para el acceso a la educación concertada, que permitía justificar el incremento de plazas o la creación de centros, también ha soliviantado a las familias representadas por Concapa y a la patronal del sector, y en cambio ha recibido el respaldo de FAPA y de los sindicatos de educación, que reclaman que el sostenimiento de la escuela pública sea el criterio prioritario. «Es inadmisible que se cierren aulas de un colegio público y se amplíe la ratio en el concertado de al lado. Ese no puede ser el criterio», coinciden los representantes de Comisiones Obreras, Jorge Castillo; y de Anpe, Clemente Hernández.

La eliminación de los itinerarios actuales en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, cuando los estudiantes eligen entre enseñanzas académicas (que orientan hacia Bachillerato) y enseñanzas aplicadas (hacia Formación Profesional) sí agrada a los representantes de los docentes y de los padres, que se muestran partidarios de una Secundaria única, tal y como propone la reforma, y que «no segregue a edades tempranas», demanda el presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria de Murcia, Raimundo de los Reyes.

Otro de los objetivos pioritarios marcado por el documento del Ministerio es la disminución de la tasa de repeticiones de curso. En la Región, el porcentaje de alumnos que ha repetido algún curso a los 15 años es del 39%, muy por encima de la media nacional, del 33%, y a un destierro de la media de los países de la OCDE que participan en el informe PISA, de poco más del 12%. Una medida, a juicio de docentes y padres, beneficiosa para el sistema, «ya que la experiencia demuestra que la repetición no es efectiva», considera la presidenta de FAPA, quien tampoco tiene nada que objetar a la implantación de un modelo de compensación de una asignatura pendiente con carácter excepcional, que será decidido por el equipo docente en conjunto e implica el cumplimiento de unos requisitos previos, al terminar segundo de Bachillerato, lo que evita, a su juicio, «que el criterio de un solo docente marque el futuro del estudiante».

La mayor participación de los consejos escolares es aplaudida por la Presidenta de la Asociación de Directores de Primaria, Mariola Sanz; y el de la Asociación de Directivos Direcmur, Rubén Escavy, quienes consideran que su aportación a la gestión de los centros es fundamental. Sanz y Escavy, como los sindicatos de educación y los padres, reclaman además que el proyecto de ley se acompañe de «una memoria económica que garantice cuestiones como la rebaja de las ratios. Sin financiación, no hay nada».