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La fragmentación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para, previsiblemente, darle un cargo a Unidas Podemos, no satisface a los rectores de las tres universidades de la Región ni a los científicos, que reclaman que se mantenga la actual estructura y apelan a la unión natural de las dos áreas. La escisión tendrá consecuencias operativas de calado, pero representa también, a juicio del investigador de la Universidad de Murcia Pablo Artal, «la evidencia del valor que los políticos dan a la ciencia y a la innovación, que tratan como meros cromos para aumentar los cargos a repartir».
La pretensión de dividir el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en dos, después de solo año y medio funcionando con la actual estructura, supone un desacierto para los rectores, que quieren un solo interlocutor para resolver la situación precaria de los nuevos científicos con un estatuto del personal en formación y para negociar la ley de contratos del sector público y el decreto de prácticas externas. Además de esas cuestiones operativas, el rector de la UPCT, Alejandro Díaz Morcillo, reivindicó que «el 70% de la investigación se hace en las universidades, son dos mundos conexos, por lo que a priori no parece acertado separarlos, y menos por repartir competencias entre las formaciones. Es una decisión negativa».
La función generadora de ciencia y conocimiento de las universidades es, para el rector de la UMU, José Luján, razón suficiente para apostar por su unión. «Siempre han funcionado mejor juntos, y lo razonable sería que así siguieran», demandó Luján, en sintonía con la Conferencia de Rectores (CRUE), que expresó en un comunicado su intensa preocupación, y también su malestar, ante la posibilidad de que su área se utilice «como moneda de cambio en las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos».
Tampoco la rectora de la UCAM tiene dudas sobre la idoneidad de mantener unidas las dos competencias: «La ciencia está unida inexorablemente a la universidad y no se debe desagregar. Es un error que tendrá consecuencias significativas», dijo ayer Josefina García.
Los rectores españoles dejaron claro hace unos días que quieren un solo interlocutor para mejorar la situación precaria de los nuevos científicos con un estatuto del personal en formación, negociar la ley de contratos del sector público y el real decreto de prácticas, «medidas que exigen un desarrollo y aplicación quirúrgicas para no acabar perjudicando a la comunidad universitaria», reclamó la CRUE en su comunicado. Si no se producen cambios de última hora, Manuel Castells, sociólogo de reconocido prestigio internacional, será el próximo ministro de Universidades del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
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