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El recorte del Trasvase puede provocar un incremento del 50% de la tarifa de abastecimiento a la población debido a la mayor producción de ... agua desalada, la cual conllevará a su vez unos costes superiores, según indicó ayer el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo. Esta previsión fue lanzada en el acto que tuvo lugar en el palacio de San Esteban, donde se hizo una puesta en común para coordinar los recursos presentados en el Tribunal Supremo en contra del Plan del Tajo por parte del Ejecutivo murciano, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el Sindicato de Regantes (Scrats). El Consell valenciano también alegó.
Todos coinciden en la petición de que el alto tribunal paralice de forma cautelar la subida de los caudales ecológicos, por los perjuicios que causa al Levante. El gobierno de Ximo Puig solicita que esa suspensión se aplique en el año 2026, y no ahora, aceptando la primera subida de caudal de 6 a 7 metros cúbicos en Aranjuez.
El presidente Fernando López Miras alertó de que de no producirse la suspensión cautelar «habrá un perjuicio irreparable para toda la Región de Murcia, y especialmente en la planificación de las siembras y cosechas de los próximos meses, porque los agricultores no pueden arriesgarse a soportar nuevas y mayores pérdidas que las que ya sufren». Añadió que esta suspensión «es necesaria para evitar desde el minuto uno un daño difícil de revertir», ya que el recorte «nos condena a la ruina» y «afecta a toda la sociedad, no solo a la agricultura».
El presidente y el consejero de Agricultura Antonio Luengo se reunieron con el dirigente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, con el catedrático Joaquín Melgarejo, y el director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Paco Cabezas, para exponer la memoria que acompaña las alegaciones ante el alto tribunal, la cual contiene diez anexo con los trabajos técnicos que se han encargado a diferentes expertos en la materia.
Joaquín Melgarejo detalló las repercusiones socioeconómicas del recorte del Trasvase e indicó que también habría efectos sobre el abastecimiento, «especialmente en la Mancomunidad de Canales del Taibilla», señaló. A su juicio, se produciría una subida de tarifa de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros por metro cúbico, como consecuencia del incremento del agua desalinizada. La Mancomunidad de Canales del Taibilla no tiene previsto por ahora subir la tarifa de agua a los ayuntamientos.
El presidente de los regantes del trasvase, Lucas Jiménez, puso en valor la «unidad de acción» que demostraron el Gobierno regional, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el propio Scrats a la hora de «coordinar» los recursos ante el Supremo. Adelantó que queda «todo un recorrido jurídico» por delante que va a tener una duración «no menor a un año y medio, aproximadamente» hasta que el Supremo resuelva los recursos. «A ver qué es lo que ocurre», se preguntó el presidente del Scrats, quien admitió que es «dificilísimo» ganar un recurso Contencioso al Estado, informa EP. Sin embargo, advirtió de que el Gobierno central «nunca había hecho tan torticeramente mal algo» porque «han conseguido que hasta el Consejo de Estado les afee su actuación. Todos sabemos que es muy complicado y nos queda por delante una labor muy importante de estudio y de trabajo», según Jiménez, quien remarcó que tienen «todas las esperanzas» y «la mejor de las intenciones», señaló.
En cuando a la agricultura, Melgarejo subrayó que «la disminución de caudales trasvasados que ha decretado el Gobierno de España supondrá la falta de garantías para el regadío en la cuenca del Segura, plasmada en datos como la reducción del 15,6% de la superficie de regadío, pérdidas de casi 5.700 millones de euros y la destrucción de 15.300 empleos». Recordó sus estudios que apuntan a que el incremento de cada metro cúbico por segundo de los caudales ecológicos del Tajo supondrá para el regadío pérdidas económicas de 149 millones de euros al año, y 1.815 empleos menos. En cuanto a los efectos sobre el conjunto de sectores económicos, cada subida de metro cúbico por segundo significaría la pérdida de 3.669 empleos». Por cada metro cúbico de subida de caudal se reducirá las reservas trasvasables en 31 hectómetros al año.
Tanto el Gobierno regional como el Scrats sostienen que desde un punto de vista científico, el aumento del caudal circulante en el Alto Tajo resulta «irrelevante» para el medio ambiente.
Ante el recrudecimiento de la sequía en la mayor parte de la península, el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, señaló ayer que de momento, «no estamos sintiendo los efectos de la sequía». Señaló que «lo que diferencia a la cuenca del Segura del resto es la regulación que tiene». «Somos capaces de dosificar y controlar el uso del agua desde los grandes embalses hasta el más pequeño de los usuarios», dijo.
Se trata de una «magna obra» que «hoy sería impensable acometer», según Jiménez, quien puso en valor que este entramado hace que la cuenca del Segura lo pase «menos mal» que «otras en situaciones similares», a pesar de que siempre administra «muchísima menos agua». El presidente de la CHS indicó que si se agrava la situación podría haber problemas a partir de julio.
El subsecretario de Agricultura ha convocado la Mesa de la Sequía para el próximo miércoles 19, con el objetivo de evaluar la incidencia en el sector agrario. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, señaló al respecto que el consejero acudirá con ánimo de «colaborar». «Pero esto es lo de siempre: el Gobierno central nos estrangula, nos perjudica y el resto de administraciones tenemos que buscar soluciones», indicó.
El Ministerio, por otra parte, ha lanzado a consulta pública las bases del Perte de digitalización del ciclo del agua para regadío. La convocatoria cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros destinados a proyectos digitales que contribuyan a mejorar el conocimiento de los usos del agua. Las ayudas oscilarán entre 100.000 euros y 2.000.000 por proyecto como norma general.
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