Rechazan el recurso de los investigados en el fraude del AVE contra el embargo de sus bienes

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso que dos de los principales investigados en el presunto fraude en las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillente y Murcia presentaron contra las resoluciones judiciales que acordaron el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

Los apelantes han sido José Manuel Fernández Pujante, ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, y su hermano, Antonio José Fernández Pujante. Ambos recurrieron la decisión del Juzgado de Instrucción de Murcia que investiga los hechos, que confirmó su decisión, por lo que aquellos acudieron entonces en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia, donde tampoco han prosperado sus pretensiones.

El Juzgado, al mantener el bloqueo de los saldos bancarios y los embargados acordados tuvo en cuenta la existencia de indicios de la comisión presunta de los delitos de malversación, falsedad, contra la Hacienda Pública y Blanqueo de Capitales, por lo que consideraba que la medida era proporcionada.

También expuso en el auto por el que se desestimó el recurso de reforma que no podía desconocerse "la magnitud de las cuantías millonarias presuntamente defraudadas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por los investigados, por lo que la medida era totalmente procedente para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de los hechos".

En su apelación, estos investigados pidieron el levantamiento de las medidas cautelares acordadas, que consideraron inmotivadas y desproporcionadas, y que afectaban también a sus esposas e hijas y a las sociedades de las que son partícipes.

La Audiencia, que tiene como ponente al magistrado José Luis García, respalda la decisión del Juzgado de Instrucción, que considera adecuada, y añade que la cantidad presuntamente defraudada en las obras de reposición de las redes de regadío afectadas por las obras del AVE podría superar los 17 millones de euros.

El auto concluye que en el futuro las medidas podría ser revisadas, individualmente cada una de ellas, "tras la oportuna solicitud y justificación de los afectados, como ya ha sucedido con anterioridad en la presente causa".