La CHS rechaza que Medio Ambiente le derive el requerimiento de la Fiscalía

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no está dispuesta a asumir graciosamente la 'patata caliente' que quiere traspasarle la Consejería de Medio Ambiente, que por el momento ha esquivado el requerimiento de la Fiscalía Superior de la Región para que abra expedientes de responsabilidad medioambiental a una decena de empresas agrícolas del Campo de Cartagena, sospechosas de contaminar el Mar Menor con sus vertidos de salmuera. Cuando se cumple un año desde que el Ministerio Público instó a aplicar el principio legal de «quien contamina, paga», a esas mercantiles, el departamento presidido por Antonio Luengo ha emitido un dictamen en el que señala que las competencias para exigir el pago de esos daños ambientales corresponden a la CHS, por tratarse de infracciones que supuestamente afectan a los acuíferos subterráneos y a unas ramblas que constituyen dominio público hidráulico.

Esta postura, como ayer publicó LA VERDAD, ha causado una profunda indignación en la Fiscalía Superior, que ya ha anunciado la inminente presentación de un recurso contencioso-administrativo en los tribunales murcianos para tratar de forzar a la Consejería a seguir sus indicaciones y perseguir a las firmas agrícolas presuntamente causantes de daños a la albufera.

Desde la Fiscalía Superior, que dirige José Luis Díaz Manzanera, no existen dudas de que las competencias para abrir esos expedientes de responsabilidad medioambiental pertenecen a la Comunidad Autónoma, y así lo va a sostener en su demanda contra Medio Ambiente. Una postura que se comparte fielmente desde la CHS, por más que sus responsables, con Mario Urrea a la cabeza, eludieran ayer entrar en polémica directa con el departamento del consejero Luengo.

De esta forma, y aunque un portavoz oficial se limitó a señalar que no se iban a realizar declaraciones al respecto de este asunto, «por encontrarse en manos de los juzgados», y que cuando un juez o un fiscal así lo requieran emitirán un informe con sus argumentos, otras fuentes no oficiosas confirmaron que en modo alguno se acepta que sean suyas tales competencias para exigir responsabilidades a esas diez compañías agrícolas. «Es a la Consejería a la que la Fiscalía ha instado a abrir los expedientes; pensamos que con eso está todo dicho», concluyeron.

La petición de la Fiscalía estaba directamente relacionada con las diligencias del 'caso Topillo', que desde 2017 investigan los supuestos vertidos de salmuera de un centenar de explotaciones agrarias que venían usando desaladoras clandestinas.