Antigua sede de Intersa, en la avenida Mariano Rojas de Murcia. V. VICÉNS / AGM

Una querella denuncia una presunta trama delictiva en torno al concurso de Intersa

Un afectado afirma que el antiguo dueño de la constructora contó con los administradores concursales y funcionarios judiciales para recuperar sus bienes a precio irrisorio

Jueves, 28 de octubre 2021, 03:00 | Actualizado 08:11h.

El macroconcurso de acreedores de Intersa (Infraestructuras terrestres SA), una de las grandes constructoras de la Región, que se fue al traste en 2011 ante ... la imposibilidad de atender unas deudas que ascendían a 327 millones de euros, ha acabado derivando en una querella contra el antiguo responsable de la compañía, el ingeniero Fernando Díez Ripollés, y un nutrido grupo de relevantes personajes vinculados a la Administración de Justicia en Murcia, asesores, empresarios y supuestos hombres de paja. La denuncia, que ya ha llevado a la Audiencia Nacional a abrir diligencias, apunta a la supuesta existencia de un entramado delictivo que habría colaborado para que Díez Ripollés, tomando parte en subastas presuntamente amañadas o en las que habría contado con la información privilegiada de la que disponía como antiguo administrador de Intersa, se hubiera adjudicado a precios irrisorios algunos bienes millonarios embargados a la constructora.

Entre la treintena de personas físicas y jurídicas querelladas destacan los tres administradores del concurso de acreedores, un notario, una firma de auditores, un despacho de abogados, asesores y altos funcionarios de la Administración de Justicia.

El empresario se habría adjudicado bienes por valor de unos 12 millones abonando apenas 500.000 euros, según la querella

Atendiendo siempre al texto de la querella, a la que LA VERDAD ha tenido acceso y que ha sido interpuesta por uno de los aparentes perjudicados por esta supuesta trama criminal, Fernando Díez Ripollés, que hace una década perdió el control de una empresa que llegó a facturar más de 300 millones de euros anuales, habría utilizado una serie de mercantiles y de personas de su confianza para tomar parte en subastas de los bienes de la compañía concursada. Merced a ese aparente «circuito diseñado para delinquir» y al supuesto «uso masivo de información privilegiada», sumado a la presunta aquiescencia de los administradores concursales y de altos funcionarios de los tribunales murcianos, el constructor habría recuperado parte de su antiguo patrimonio con mínimos desembolsos. Aunque para ello hubiera sido necesario quitarse de en medio a otros postores, «con pretextos descarados como que el precio ofrecido estaba por debajo del valor de mercado».

Hasta por el 3% del valor

De esta manera y a modo de ejemplo, mercantiles presuntamente vinculadas a Díez Ripollés se adjudicaron bienes valorados en algo más de un millón de euros por 41.668 euros (menos de un 4% del valor estimado), un inmueble valorado en 2,6 millones por 107.871 euros (3%), otro de más de un millón por 84.635 euros (8%), un inmueble de 1,9 millones por 70.000 euros (3,6%), otro de más de un millón por 41.000 (4%), uno de 2,7 millones por 100.000 (3,7%), otro de 1,9 millones por 70.000 euros (3,6%)...

Y todo ello con la ventaja de que esos bienes los reintegraba en su patrimonio libres por completo de las cargas que los gravaban, pues con la adquisición a través de una subasta se cancelan todos los créditos que pesan sobre ellos. Esto suponía un evidente perjuicio para los acreedores, que de esta forma habrían visto mermar sensiblemente sus expectativas de cobrar todo o parte de la deuda que Intersa tenía con ellos.

Ripollés: «Es la denuncia de un delincuente que nos chantajea»

«Es la denuncia de un delincuente que nos está chantajeando», afirmó ayer el constructor Fernando Díez Ripollés acerca de la querella presentada en la Audiencia Nacional por el empresario gaditano A. I. F., quien se define como uno de los afectados por las subastas presuntamente fraudulentas derivadas del concurso de acreedores de Intersa.

El antiguo administrador único de esta mercantil dijo ser plenamente consciente de la querella que contra él y otra treintena de personas ha interpuesto este postor de algunas de esas subastas de bienes. «Se trata de un delincuente que se dedica a ese tipo de chantajes y que, después de adquirir unas acciones de una sociedad por 900 euros, exigía la entrega de seis millones de euros o de otra forma nos pondría una querella», aseveró el constructor murciano, que dijo no tener constancia de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ya hubiera dictado auto de apertura de diligencias previas. «Me extrañaría mucho que así fuera, porque ni esos hechos son delito ni son competencia de ese órgano», indicó.

Díez Ripollés admitió que había recuperado a través de las subastas una parte de su antiguo patrimonio y manifestó al respecto que «tengo todo el derecho a hacerlo, como la magistrada señala en un auto, ya que dejé de administrar Intersa hace muchos años y tengo el mismo derecho que cualquier otro ciudadano a pujar por esos bienes».

«He aquí, en definitiva, el dantesco ejercicio de especulación, con perjuicio para los acreedores y terceros interesados que actúan de buena fe, como los postores, y que supone un correlativo beneficio para los querellados, que al final resultan beneficiados de forma ilimitada con las conductas delictivas que se ponen de manifiesto», se afirma en la querella. Los delitos que el impulsor de la misma atribuye 'a priori' a la supuesta trama son los de estafa, administración desleal, frustración de la ejecución, insolvencia punible, alteración de precios en concursos de acreedores, corrupción en los negocios, delito societario, receptación y blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Joaquín Elías Gadea, ha dictado un auto ordenando la apertura de diligencias previas y pidiendo a la Fiscalía que informe sobre los hechos.