La 'Púnica' saqueó 15 millones a cooperativas de enseñanza, una de ellas de Cartagena

El ex 'número dos' del PP en Madrid y antiguo consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, Francisco Granados, lideró una trama que entre 2002 y 2014 saqueó presuntamente 15 millones de euros a cooperativas de profesores en la construcción de colegios concertados en municipios de Madrid y también en Cartagena. De ella formaría parte el exalcalde socialista de esta última ciudad, José Antonio Alonso, junto con otros tres imputados, a los que se atribuyen «conciertos criminales» para llevar a cabo estos negocios, según el relato de los hechos que recoge el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para formar una pieza separada, la número 11, que permita juzgar aisladamente esta rama de la trama 'Púnica'.

El corazón del negocio era Alfedel, la promotora del empresario Alfonso Ferrón del Río y el «patrón» era «el mismo» en todos los casos investigados: la empresa constituía cooperativas para promover la construcción de colegios concertados y exigía a los cooperativistas amplios poderes para la gestión del proyecto, incluido el acceso a cuentas bancarias para hacer pagos de servicios.

Ferrón cargaba así facturas falsas emitidas por otras empresas de la trama -las de David Marjaliza y José Luis Capita, ambos investigados- y conseguía el dinero con el que luego abonaría comisiones y dádivas a técnicos y políticos mientras él «se procuraba ingentes beneficios».

El colegio se construía. Según el auto del juez, el primer paso era «un concierto criminal» en el que Ferrón, Marjaliza, Capita y José Antonio Alonso, también investigado, «definían en qué ayuntamientos podrían establecerse las cooperativas de profesores, qué cambios de planeamiento del PGOU había que realizar, la tramitación de los concursos necesarios, la obtención de licencias y todo ello acompañado del pago de sustanciosas comisiones que se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos».

Granados, por su parte, habría sido determinante. El juez, en línea con las tesis de Fiscalía Anticorrupción, expone que «usaba sus influencias políticas» para que los ayuntamientos cedieran suelo «a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio era un servicio público de interés».

Una vez liberado el suelo, en el caso de los centros madrileños, llegaba el proceso de adjudicación de las parcelas, fase en la que «los promotores no dudaron en saltarse los trámites administrativos» y las mesas de contratación, en obviarlo.

Por ello, la promotora «pagaba una comisión que oscilaba según las características del colegio» y que siempre según el auto, «se enmascaraba mediante un contrato falso de consultoría» con «alguna de las sociedades» de Marjaliza. Ferrón «pagaba las comisiones, siempre presuntamente, a través de facturas falsas, pero todo ello con apariencia legal».

Entre las comisiones que recoge el informe de Anticorrupción, constan 660.000 euros que se habría embolsado Granados por dos colegios y 400.000 a Alonso, más otros 939.000 euros a una de sus sociedades por estas licitaciones, entre otras.

Según la tesis de los investigadores, este dinero salía de los cooperativistas y a sus espaldas pues Ferrón, «utilizando facturación falsa del resto de los investigados -Marjaliza, Capita y Alonso- atendió pagos contra los saldos de las cuentas de las cooperativas, para fines ajenos a estas» que «se concertaron con facturación simulada para el vaciamiento de los fondos de las cooperativas». De ellas también salió dinero para pagar sobornos a técnicos y políticos de Madrid, así como la documentación simulada de cobertura, expone el auto de imputación.

El auto cifra en algo más de 19 millones de euros los fondos que Alfedel obtuvo de 19 cooperativas y en 12,1 millones de euros los ingresos obtenidos por las empresas vinculadas a Marjaliza, Capita y Alonso.

Las irregularidades, según el juez, «no atendieron a promover o mejorar el sistema de enseñanza de sus respectivos municipios, sino que se dirigieron fundamentalmente a obtener un ilícito lucro para su enriquecimiento personal» con un perjuicio para los cooperativistas que se estima en 15 millones de euros, «importe al que ascendió todo el aprovechamiento ilícito que se realizó de los proveedores, constructores y arquitectos de las cooperativas».

En Cartagena, Alfedel promovió en 2005 la cooperativa Miralmonte. La empresa de Ferrón y Atalia, ligada a Alonso y a Marjaliza, cobraron por sus gestiones un millón de euros a los cooperativistas, totalmente ajenos a las irregularidades. El centro se construyó en parcelas municipales cedidas por el gobierno municipal de Pilar Barreiro por un precio inferior al de mercado.