Las negociaciones por la Comunidad de Madrid fueron determinantes para frustrar el acuerdo en la Región de Murcia

Lo primero es lo primero. La Comunidad Autónoma de Madrid, por mucho que nos pese a los murcianos, tiene más peso político, económico y mediático que la Región de Murcia. Las cosas son como son. Y en el tablero geoestratégico nacional en el que juegan los partidos políticos, la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, tiene prioridad sobre nuestro palacio de San Esteban.

A medida que se suceden las informaciones y declaraciones sobre el pacto 'interruptus' acaecido en la Asamblea Regional el pasado jueves, cada vez parece más claro que, a parte de la salidas de tono de unos, la levantada de mesa de otros y las descalificaciones de todos, la influencia de la situación política en la Comunidad de Madrid tuvo más culpa en lo ocurrido de lo que sus protagonistas están dispuestos a reconocer.

El factor matritense explicaría por qué, si había una coincidencia de ideas en más del 90% en la Región de Murcia entre los tres partidos, como han reconocido Vox y el PP, no se cerró definitivamente el acuerdo, máxime si Cs incluso se había avenido a comprometerse por escrito, como declaró a 'La Verdad' el portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Tanto Cs como Vox, los que mantenían las posiciones más inflexibles, habían ido cediendo en sus planteamientos iniciales. Los primeros aceptaron el jueves sentarse a negociar con los segundos -casi cinco horas seguidas, nada menos-, y los segundos rebajaron el nivel de sus demandas -ya no piden cargos en el Gobierno y no son tan insistentes en sus exigencias sobre la inmigración ilegal y el colectivo LGTBi, por ejemplo-. Sin embargo, se optó por dejar en el cajón el acuerdo casi hecho de la Región de Murcia, a pesar de los esfuerzos del PP y su secretario general, Teodoro García Egea, por culminar de forma definitiva el pacto, y centrarse en lo que para las direcciones nacionales tiene mayor relevancia: el debate de investidura de Madrid, fijado para el próximo miércoles, día 10.

Al fin y al cabo, el acuerdo que asegurará la reelección de López Miras, con un gobierno de coalición con la formación naranja y apoyos puntuales de Vox, se puede retomar en un segundo intento de investidura, respetando las condiciones alcanzadas, y sellarlo sin mayores problemas. El PP y Vox así lo creen, y Cs ya ha dejado claro que sigue apostando, por encima de cualquier otra opción, por la alianza que tiene suscrita con los populares.

Hay quien cree que la sarta de improperios que se han cruzado unos y otros tras el fracaso de la investidura en Cartagena, sobre todo entre el PP y Vox, es un obstáculo más para un futuro acuerdo. Pero hasta ahora no ha sido así. Cs se sentó en la misma mesa con Vox en la Asamblea, tras calificar de «sinvergüenza y «lameculos» a Albert Rivera, y García Egea ya ha vuelto a hablar con Vox tras llamarles «cobardes» y ser tachado por ellos de «mentiroso».

En cambio, de haber culminado y rubricado, por escrito o verbalmente, el acuerdo en la Región, sus términos podrían haber interferido en las negociaciones de Madrid y elevado la presión sobre sus protagonistas, que de esta forma tienen las manos más libres. Ignacio Aguado, el líder de Cs en esta región, hubiera tenido que explicar por qué él no se sienta con Vox, cuando en Murcia lo hacen e incluso conciertan un paquete de puntos en común. Y a Rocío Monasterio, la jefa madrileña de Vox, le habrían insistido en que si en la Región su partido cede, por qué no en Madrid.

La situación en la comunidad de la capital de España es, además, más compleja que en Murcia, ya que PP y Cs aún no tienen cerrado un acuerdo y no les basta con la abstención de Vox, sino que necesitan el voto a favor de la derecha radical para llegar al gobierno e impedir que el próximo presidente regional de Madrid sea el socialista Ángel Gabilondo.

Al haberse invertido el orden de las investiduras presidenciales, tras el fiasco parlamentario del pasado jueves, el riesgo ahora para la Región de Murcia es que las negociaciones entre PP, Cs y Vox y el debate en Madrid acaben como el rosario de la aurora y terminen resquebrajando un pacto que dejaron aquí a punto de caramelo.

Para el PP regional, la fallida investidura de López Miras, le ha acarreado un problema añadido con la elección del senador autonómico. Este escaño en la Cámara Alta, que le correspondería a los populares y que ahora ocupa Francisco Bernabé, lo ha solicitado Cs dentro de las negociaciones del pacto de gobernabilidad, y parece que también es una de las demandas de Vox, pero el PP no quiere cederlo antes de que el acuerdo se haya materializado y su presidente esté investido.

Por este motivo, han solicitado a la Mesa de la Asamblea que estudie la posibilidad de retrasar el Pleno en el que deben elegirse los dos senadores autonómicos -el otro le corresponde al PSOE-, previsto en un principio para la próxima semana. El problema es que la ley dice que dicho Pleno debe celebrarse dentro de los 30 días siguientes a la constitución de la Cámara, que fue el 11 de junio, y solo interpretando que ese plazo se refiere a días hábiles podría aplazarse.