PSOE y sindicatos piden veinte semanas de permiso paternal para los funcionarios

El PSRM-PSOE propone ampliar por ley los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas de manera progresiva en tres años para todos los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, lo que tendría un coste anual de unos 1,3 millones de euros. El vicesecretario general del PSOE y portavoz de su grupo parlamentario, Joaquín López, presentó ayer esa propuesta tras reunirse con representantes de los principales sindicatos relacionados con la función pública (UGT, CC OO, CSIF, AMPE y Sindicato Médico), que mostraron su apoyo a la iniciativa.

El PSOE ha registrado ya en la Asamblea Regional una proposición de ley en este sentido. Se circunscribe a los funcionarios públicos, puesto que la Administración regional no tiene competencia para elaborar otro tipo de leyes que afecten a la empresa privada. El objetivo es que tanto madres como padres puedan gozar de permisos de 20 semanas por el nacimiento de los hijos en 2021 ampliando progresivamente las bajas actuales, de cinco semanas para los padres y 16 para las madres.

Según detalló el diputado socialista Emilio Ivars, ponente de esta proposición de ley, el objetivo es que en 2019 el permiso de paternidad alcance las 12 semanas, manteniendo el de maternidad en 16 semanas. En 2020, los padres disfrutarían de 16 semanas y las madres de 18, y en 2021, ambos progenitores tendrían 20 semanas de permiso, intransferibles en el caso de los padres para garantizar la igualdad efectiva en el cuidado de los hijos.

Ivars recordó que la normativa europea ya aboga por permisos mínimos de 20 semanas. Este sería un primer paso para avanzar hacia esa realidad. Todas las medidas que se aplican a la función pública acaban trasladándose también al ámbito de la empresa privada, subrayó el diputado. Los socialistas confían en poder recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios, especialmente Ciudadanos y Podemos, quienes ya se han manifestado a favor de medidas de esta índole, y esperan que también el PP se sume, porque sería lo «lógico y coherente».

En cuanto a los costes que supondría la medida, rondarían los 1,3 millones de euros al año una vez implantada totalmente, a partir de 2021 (unos 380.000 euros en 2019 y unos 800.000 en 2020). La norma se aplicaría a los funcionarios de la Comunidad (administración y servicios, educación y sanidad) y también a los trabajadores de entes públicos y organismos autónomos, como el Info, el Instituto de Turismo o la radio-televisión pública autonómica.

La propuesta no tiene, de entrada, el apoyo del PP. El consejero de Hacienda, Fernando de la Cierva, señaló ayer que todas las reformas relativas a la aplicación de este derecho básico «se deben hacer a través del Estatuto de los Trabajadores». En ese sentido, recalcó que «la aplicación de manera arbitraria de un derecho básico, como es el cuidado de los hijos, genera discriminación». Por ello, abogó por que «se igualen los permisos por paternidad para todos los españoles, y no solamente para los empleados públicos».