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Las principales reformas pactadas entre Ciudadanos, PP y PSOE a la ley de Protección del Mar Menor incrementarán los controles sobre la actividad agrícola ... del Campo de Cartagena y exigirán de forma inmediata cesar la fertilización dentro de los primeros 500 metros, mientras que se concederán tres meses para la banda de 1.500 metros. Asimismo, queda erradicada cualquier posibilidad de transformar secanos en regadíos, a la vez que se endurecen las multas coercitivas para restituir la legalidad. La reforma, con aportaciones de los tres partidos, regula la actividad de las desalobradras y obliga a los propietarios a usar un sistema de eliminación de nutrientes. También crea un registro de empresas sancionadas.
Los tres grupos presentaron este martes las enmiendas en la Asamblea con algunos cambios, ya que el PP se descolgó de cuatro enmiendas de Cs y dos del PSOE para seguir debatiéndolas, aunque los populares indicaron que se trata de cuestiones técnicas y que en líneas generales se mantiene lo acordado. Aparte de este paquete, se formularon enmiendas por separado y otras pactadas a doble banda que serán negociadas las próximas semanas. Habrá mayor celeridad para aplicar muchas medidas, entre ellas la prohibición «inmediata» de usar fertilizantes entre los 100 y 500 primeros metros, en lugar de los tres meses fijados por el decreto del Gobierno regional. Para las parcelas situadas entre 500 y 1.500 metros se aplicará ese margen de tres meses.
Con el fin de acelerar la reducción que el impacto de la actividad agraria tiene en el acuífero cuaternario y por conexión hidrogeológica en el Mar Menor, se establece un paquete de ayudas para aquellos operadores que decidan voluntariamente convertirse a agricultura ecológica.
El Comité de Participación Social del Mar Menor pasará a llamarse Consejo del Mar Menor y será el máximo órgano colegiado consultivo, con numerosas atribuciones y controles, como la evolución del estado del Mar menor, así como la valoración de las actuaciones. Un tercio serán representantes de las tres Administraciones, otro tanto de organizaciones de la sociedad civil, y el resto serán miembros del Comité de Asesoramiento Científico. Estos últimos tendrán un mandato de cinco años, y se garantizará su independencia.
El Gobierno regional, por otra parte, tendrá un plazo de tres años, en lugar de cinco, para elaborar el Plan de Ordenación Territorial, debido a la urgencia que reclama el Mar Menor. Para restituir la legalidad en las parcelas y actividades que resulten sancionadas habrá un plazo máximo de seis meses, en lugar de nueve. Si el titular de la explotación no actúa, recibirá multas coercitivas sucesivas durante cinco meses, cuyo importe se fijará en el veinte por ciento del coste estimado de la restitución, el doble de lo previsto en el decreto. Si persiste en su actitud, la ejecutará la Administración a costa del sancionado.
Los tres partidos han introducido la aplicación obligatoria de un sistema de reducción de nitratos en la desalobración. Será responsabilidad del propietario de cada planta la implementación del sistema de eliminación de nutrientes de su elección, como el filtro verde, electrobiogénesis o cualquier otra solución o combinación existente en el mercado o en experimentación, siempre y cuando dicho sistema demuestre su eficacia en la reducción de nitrógeno y fósforo. Los agricultores podrán hacerlo de forma agrupada. No existe acuerdo por ahora en el régimen de sanciones por disponer de desalobración de aguas subterráneas sin contar con sistemas de reducción de nutrientes o con sistemas cuyo funcionamiento sea deficiente.
También como novedad se creará un Registro de Expedientes Sancionadores, que tendrá carácter público y se pondrá en marcha en el plazo máximo de tres meses, con el objetivo de dar transparencia a la actuación de la Comunidad Autónoma en materia de inspección y sanción de incumplimientos de la ley.
PSOE y Cs han acordado monitorizar con sensores todas las parcelas del Campo de Cartagena para medir el volumen de agua utilizada y la fertilización mineral realizada. También prevén una moratoria para construir nuevos invernaderos en varias áreas.
Entre las nuevas medidas acordadas se encuentra la disponibilidad de agua de la mejor calidad que garantice el desarrollo de la actividad agrícola en la Cuenca Vertiente del Mar Menor en condiciones de mantenimiento del buen estado del suelo y minimización de la lixiviación, para lo cual velará el Gobierno regional.
También proponen que las consejerías correspondientes vigilen la integridad y recuperación del dominio público regional y, en particular, que desarrollaren en el plazo de dos años un plan específico de recuperación de vías pecuarias y de su ancho original . Asimismo, velará por la restitución y conservación de los humedales. Se ha anulado un artículo referido a las competencias del Ministerio, que podría ser inconstitucional.
Otras enmiendas que se debatirán las próximas semanas y que no forman parte del pacto a tres bandas se refieren a los usos que estarán permitidos dentro de la franja de los 1.500 metros. Existe acuerdo para ampliarla, pero también matices y condiciones de cada grupo parlamentario.
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