El Tribunal de Cuentas denuncia los sobrecostes de las estaciones del AVE en Murcia y Cartagena

El Tribunal de Cuentas advierte de que se ha producido un sobrecoste de 7.637 millones de euros en los convenios firmados por Adif-Alta Velocidad en los últimos años en doce ciudades, entre ellas Murcia y Cartagena, para la integración del AVE en estaciones soterradas. Los principales incrementos presupuestarios se han producido en Barcelona, Alicante y Cartagena, esta última con un incremento de costes del 281%.

En Murcia, el sobrecoste ha sido del 207%, ya que las sucesivas modificaciones del proyecto lo han encarecido hasta los 599 millones de euros. Es decir, 400 millones más de los estipulado en el convenio inicial del año 2006 que aprobó al Sociedad Murcia Alta velocidad integrada por Adif, el Ayuntamiento y el Gobierno regional.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del año 2016 de las sociedades públicas en las que participa Adif junto a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, aunque no escatima reproches y advertencias sobre las deuda que generan, la baja ejecución (el 1,96% en Cartagena y el 1,47% en Murcia), las dudas sobre los ingresos basados en las plusvalías urbanísticas, y principalmente los sobrecostes, según el comunicado que hizo público este jueves esta institución. Tal es así que el Tribunal recomienda una serie de medidas que dejan tocados los planes para la integración urbana del AVE en Cartagena. Propone analizar la situación en la que se encuentra cada una de las sociedades para proceder, según los casos, «a su disolución o a la modificación de los convenios a fin de ajustarlos a las disponibilidades financieras».

Asimismo, recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las vías, alternativas diferentes, en la que se tengan en cuenta factores socioeconómicos; y que, elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril «atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta».

En el largo dictado de objeciones, el Tribunal de Cuentas indica que los convenios, en general, adolecen de un adecuado nivel de concreción económica. En la mayoría, con excepción de Valladolid, Logroño y Vitoria, no se cuantificaron las actuaciones urbanísticas ni los costes operativos y financieros. Estas sociedades se basan en un reparto accionarial del 50% a cargo de Adif y el resto entre las administraciones locales y autonómica. En cuanto a la financiación de las obras, la distribución cambia. En el caso de Murcia, Adif sufraga el 66%, la Comunidad Autónoma el 26% y el resto el Ayuntamiento.

El importe total necesario para terminar todos estos proyectos inconclusos a nivel nacional asciende a 11.740 millones de euros, un coste que triplica así al de 4.101 millones inicialmente calculado, según el estudio, con datos de cierre de 2016.

No obstante, además de multiplicar el coste, estos proyectos han visto caer los ingresos con los que preveían costear las obras. De esta forma, la financiación de estos proyectos presenta un 'agujero' 2.049 millones de euros. La mitad de este déficit corresponde al proyecto de la ciudad de Valencia.

Los convenios suscritos en su día para acometer los proyectos contemplaban obtener el dinero para realizar las obras de la venta de los terrenos y lo suelos que quedaran libres de vías y otros usos ferroviarios. No obstante, los proyectos se diseñaron y lanzaron a comienzos de la pasada década y la crisis registrada posteriormente, entre los años 2008 y 2015, rebajó las expectativas de plusvalía de esos suelos.

Para acometer estos proyectos se constituyó una sociedad pública para cada una de las treces ciudades, todas ellas participadas por el Ministerio Fomento, Adif, Renfe y la comunidad autónoma y el ayuntamiento correspondiente de las ciuadades de Alicante, Almería, Barcelona, Cartagena, Gijón, León, Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Estas sociedades tuvieron que paralizar la ejecución de sus respectivos proyectos durante la crisis ante dichos problemas de financiación. Esta situación derivó en la liquidación de la de León, un acuerdo para cambiar el proyecto de Zaragoza y la firma de nuevos convenios en Valladolid, Gijón y Alicante.

Asimismo, en el caso de Vitoria, Palencia, Almería y Cartagena las actuaciones se han retrasado, y en el de Logroño, Murcia y Valencia se están estudiando alternativas más viables.

En cuanto a los sobrecostes de estos proyectos de reestructuración y soterramiento del ferrocarril, los mayores se contabilizan en Valencia, donde ascienden a 2.161 millones, con lo que el coste total del proyecto de esta ciudad ya se eleva a casi 3.000 millones, desde los 804 millones inicialmente calculados.

Después se sitúa el proyecto de Barcelona, con un coste adicional de 1.832 millones al de 335 millones inicial; Valladolid con un encarecimiento de 861 millones; y Alicante y Zaragoza, con 744 millones y 722 millones de euros por encima de lo presupuestado, respectivamente, y Murcia, con un sobrecoste de 404 millones.

Las ciudades en las que el coste de los planes de recolocar las líneas de tren o soterrarlas se han disparado menos son Gijón, con un sobrecoste de 271 millones, Logroño (233 millones), Vitoria (139 millones), Palencia (103 millones), Cartagena (93 millones) y Almería (74 millones).