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Las medidas cautelares que piensa aprobar este jueves por la mañana la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para proteger el Mar Menor, con la declaración previa del acuífero del Campo de Cartagena como masa de agua en riesgo químico por contaminación con nitratos, afectará a 1.190 hectáreas de regadíos situados dentro de la franja de los primeros 1.500 metros de la ribera, en la llamada Zona 0. Asimismo, la propuesta incluye una batería de restricciones para el resto de cultivos del Campo de Cartagena. Los regantes se opondrán porque creen que las medidas carecen de justificación técnica, y recalcan que no está probado que se alcancen los objetivos propuestos.
La declaración para proteger el acuífero se producirá una semana antes de que se apruebe en la Asamblea Regional el proyecto de ley definitivo para la protección integral del Mar Menor, cuyo punto más conflictivo se refiere a la franja de 1.500 metros. Los grupos parlamentarios alcanzaron este miércoles un acuerdo sobre los usos permitidos, con unas condiciones menos duras que las propuestas por el Ministerio a través de la CHS. En este contexto tan polémico y singular, se abre un debate sobre si el organismo de cuenca tendrá que adaptarse a la nueva ley del Parlamento regional. La Confederación ha tramitado la declaración en un tiempo récord, en comparación con los usos de la Administración en materia de medio ambiente. El borrador de las medidas cautelares al que ha tenido acceso LA VERDAD indica que dentro de la franja de los 1.500 metros se detectan los valores más altos de contenidos en nitratos en las aguas subterráneas y que se ubica en entornos de carácter inundable, lo que favorece las escorrentías de aguas superficiales cargadas de nutrientes que van a parar al Mar Menor. Las 1.190 afectadas de la Zona 0 representan aproximadamente el 3% de la superficie total regable asignada a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, aunque el área agrícola de las subcuenca es mayor. De las 1.190 hectáreas (algunas pertenecientes al Trasvase), según la CHS, 20 son cultivos bajos de plástico, 967 hortícolas y 203 cítricos.
El informe propone que, con carácter general, no se permita la aplicación de ningún tipo de fertilización orgánica e inorgánica. Solo se admitirá con carácter temporal y durante seis meses, la continuación de la fertilización en los cultivos leñosos existentes. Pide que se implanten en un plazo no superior a tres meses las medidas de monitorización previstas para el uso y la aplicación del agua de riego y la fertilización. Las dotaciones máximas de fertilización se verán reducidas en un 15% respecto a las establecidas en el resto de la superficie regable, excluida la Comunidad Valenciana.
Para los cultivos leñosos de la Zona 0 y en todos los demás de la Zona A2 (que comprende la mayor parte del Campo de Cartagena), habrá un abonado con una periodicidad no superior a una semana en los sistemas de riego por goteo, ajustando las dosis de fertilizante y de agua a las necesidades de las plantas en cada momento. Establece una tabla específica con el valor máximo de nitrógeno para los distintos tipos de cultivos.
En estas dosis de fertilización máxima por cosecha se considera incluido tanto el nitrógeno inorgánico inicial del suelo, como el resultante de la mineralización de la materia orgánica y de los fertilizantes y enmiendas orgánicas aportadas al terreno, así como el que contenga el agua de riego. De esta cantidad máxima, el nitrógeno procedente de abono orgánico no superará los 130 kilos de nitratos por hectárea y año, salvo en el caso de cultivos en conversión o calificados oficialmente como ecológicos, para los que dicho valor se amplía hasta los 170 kilos. Asimismo, no se admitirán más de dos cosechas o ciclos de cultivo.
No se otorgarán autorizaciones o concesiones que impliquen la ejecución o puesta en explotación de captaciones de aguas subterráneas a través de pozos o sondeos, que supongan la interconexión de los distintos acuíferos. Para las concesiones ya existentes, cualquier modificación que implique la apertura de un nuevo pozo estará condicionada al sellado del sondeo anterior. Estas medidas cautelares podrán ser revisadas.
Estas y el resto de medidas saldrán previsiblemente adelante porque el Ministerio no tendrá problemas para alcanzar la mayoría necesaria en la Junta de Gobierno de la CHS, donde además del Gobierno murciano están representados el propio Ministerio y las comunidades de Castilla-La Mancha y la Valenciana, así como los regantes y usuarios. No obstante, se prevé una reunión turbulenta porque los regantes se opondrán a la contundencia de buena parte de las medidas, cuyo cumplimiento corresponderá vigilar al Gobierno de Murcia. Estos sostienen además que la CHS invade competencias autonómicas.
Los regantes se muestran a favor de salvar el Mar Menor, pero creen que la propuesta del Ministerio, a través de la CHS, está «politizada» y no tiene en cuenta las medidas que ya se están aplicando en el Campo de Cartagena. Se preguntan además por qué se excluye de las restricciones a la Comunidad Valenciana (concretamente la zona de Pilar de la Horadada), pese a que se trata del mismo acuífero. La diferencia según la CHS está en que los regadíos de esta zona alicantina no drenan y vierte al Mar Menor, sino al Mediterráneo.
La Consejería de Agricultura criticó que el perímetro de zona afectada es diferente al que salió a información pública, con una diferencia de 3.000 hectáreas. «Nos parece un agravio comparativo sin precedentes el que hayan adoptado estas medidas solo para la Región de Murcia y no para la Comunidad Valenciana, ya que ambas regiones se asientan sobre el acuífero», indica la Consejería, que dice además no entender «qué prisa o qué interés oculto tiene el Ministerio para haber llevado a mañana (por hoy) todo este proceso cuando de forma paralela en la Asamblea se está cerrando la tramitación».
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