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La lucha contra la corrupción en la Región de Murcia cuenta con la particularidad, prácticamente inédita en España, de que nadie de entre las decenas de encausados existentes en este tipo de investigaciones había optado hasta el momento por tirar de la manta. De tal forma que, mientras que, en los últimos años, la figura del 'arrepentido' se ha convertido en una constante en algunas de las más relevantes diligencias por supuestas desviaciones de poder en las instituciones, la pauta general en la Región ha consistido en negar y, en el mejor de los casos en, simplemente, callar.
Pero, ahora, el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, quien durante largos años ocupó un lugar en la cúspide de la promoción inmobiliaria en el Sureste español, acaba de realizar un movimiento que lo sitúa tan cerca de esa posición como nunca ha estado nadie en la Región. Un paso que, según ha confirmado 'La Verdad' de fuentes contrastadas, ha instalado la preocupación en ámbitos de la defensa de antiguas autoridades públicas y altos funcionarios, que temen verse salpicados por posibles revelaciones del propietario del Grupo RS.
Abogados de destacados imputados en causas de corrupción llevaban días con la mosca tras la oreja en cuanto a la posibilidad de que Ramón Salvador Águeda pudiera dar un brusco giro en su línea de defensa y, más concretamente, que empezara a aportar datos incriminatorios de los que pudiera haber tenido conocimiento con motivo de su actividad profesional.
El promotor ofrece algunos indicios de que se encuentra en una encrucijada vital, señalan las fuentes consultadas. Castigado duramente por la crisis económica, que machacó su grupo empresarial, acuciado por unas deudas multimillonarias a Hacienda y salpicado por causas de presunta corrupción urbanística, parece haberse decidido por imprimir un giro drástico a su estrategia de defensa y ha cambiado de abogado, poniendo su suerte en manos del también ilicitano Miguel Torres Pardo, en sustitución de un letrado tan reputado como el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo.
Pero sin duda el golpe más duro de cuantos habría recibido es el que ha sufrido recientemente con la dolorosísima pérdida de un ser querido, que ha transformado radicalmente al promotor. Si en sus anteriores comparecencias en los juzgados había destacado por su carácter bromista y cordial, así como por el desenfadado colorido de sus trajes, la imagen que ofreció el pasado miércoles, cuando acudió al Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia para declarar por el 'caso La Tercia', era la opuesta. Enlutado por completo y con semblante extremadamente serio, se limitó a acogerse a su derecho a no responder a pregunta alguna y abandonó la Ciudad de la Justicia prácticamente sin cruzar palabra con nadie.
Las fuentes mencionadas especulan con la posibilidad de que estos reveses podrían haber convencido a Ramón Salvador de la conveniencia de saldar cuentas con la Justicia, «de ponerse en paz con el mundo y consigo mismo», y empezar a colaborar en el esclarecimiento de algunos asuntos con el aparente fin de obtener algún beneficio judicial.
El temor a que pueda empezar a tirar de la manta resulta justificado si se tiene en cuenta que el empresario ha protagonizado algunas de las noticias más escandalosas de los últimos años relacionadas con el urbanismo local, como la de haber compartido un fin de semana de fiesta en su lujoso yate 'Ilicitanus' junto al entonces concejal Fernando Berberena, al arquitecto municipal Joaquín Peñalver y al ingeniero e intermediario Renato del Noce.
El dueño del Grupo RS es además sospechoso de haber otorgado dádivas al exedil Berberena, como tres relojes de lujo -Roger Dubois, Bulgari, Cartier...-, cuyo precio total rondaba los 40.000 euros.
También fue Ramón Salvador quien organizó en 2008 un viaje a Estambul en jet privado, en el que participaron el citado promotor, el entonces alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y los ya exconcejales Antonio Sánchez Carrillo y Roque Ortiz, todos ellos acompañados por sus mujeres. La causa abierta por presunto cohecho por estos hechos fue archivada por haber prescrito el posible delito.
Estas elucubraciones sobre el riesgo que implicaría que el promotor comenzara a colaborar con la Justicia, que han mantenido tan ocupados como preocupados en los últimos días a algunos destacados imputados en causas de corrupción y a sus abogados, pasaron ayer a tomar cuerpo al trascender que había presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, instructor del 'caso Umbra'. En el documento arremete con dureza contra dos de los principales encausados en esas diligencias: el arquitecto municipal Joaquín Peñalver y el ingeniero e intermediario urbanístico Renato del Noce.
El empresario arranca sus revelaciones asegurando que Del Noce le ofreció en su día hacerse cargo de la rehabilitación del Casino de Murcia. «Me pidió tres millones de euros para conseguir la adjudicación, diciéndome que era dinero 'para pagar a personas'. Me pareció una barbaridad y me negué en redondo».
Pero la mayor carga de profundidad contenida en ese escrito se dirige contra el exjefe de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver. Este técnico municipal le habría ofrecido recuperar el Teatro Circo, con el fin de que pudiera utilizarlo para obtener mayor aprovechamiento urbanístico en unas parcelas del norte del municipio. A cambio, Peñalver habría pedido que el proyecto de edificación lo redactara un despacho de su familia, Payals, que se acabó embolsando por ello 84.000 euros.
Con estas revelaciones, que dejan muy mal parado a Peñalver en esas diligencias en las que ya está imputado, Ramón Salvador podría haber empezado a 'enseñar la patita' acerca de lo que es capaz de provocar si le da por tener un ataque de locuacidad. Habrá que esperar para saber si va a más o se queda en el amago.
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