El profesorado exige criterios claros y regulados al Ministerio para la evaluación de los alumnos

El profesorado regional exige al Ministerio de Educación que se establezcan criterios claros y regulados sobre los procesos de evaluación del alumnado en el presente curso tras la situación excepcional que se afronta como consecuencia de la pandemia de la Covid-19. De esa manera, se suman a la reclamación que ya hizo la consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, a la ministra Isabel Celaá en la conferencia sectorial del pasado miércoles. La comunidad educativa murciana apoya que se facilite la aprobación del curso, pero con equidad, sin aprobado general sistemático, y sustentada en el resultado de los dos primeros trimestres.

«Necesitamos que se nos diga qué criterios de evaluación mínimos se deben tener en cuenta para todos los centros», reivindica Mariola Sanz, presidenta de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de la Región (Adeip), porque si no es así «los principios de equidad e igualdad quedan vulnerados, ya que cada centro puede elaborar unos criterios específicos». Por eso entiende necesario que «se concreten esos mínimos para poder hacer la evaluación con calidad, coherencia y equidad».

También el presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Educación Secundaria de la Región (ADES), Raimundo de los Reyes, señala que «aunque nos parece bien esa propuesta de promoción automática, que no se trata de un aprobado general, pues eso es un error de concepto, de lo que se trata ahora es de que lo que dijo la ministra sobre que la repeticiones sean muy excepcionales se plasme entonces, tanto a nivel del Estado como autonómico, en una modificación de la normativa de evaluación para que los docentes sepamos con la mayor claridad y precisión posible cómo se lleva a cabo por igual en todos los centros de la Región».

Por ello, hace hincapié en que «ante la situación que tenemos se trata de encontrar la solución más oportuna y que produzca menos daños», para lo que es prioritario que la normativa que se desarrolle «no deje ambigüedades, ya que entonces tendremos más problemas». Eso sí, aclara De los Reyes que «es absurdo llamar aprobado general a que un alumno pase con cinco asignaturas suspensas».

En esa línea, Sanz, como portavoz de los maestros de Primaria, sostiene que ese supuesto aprobado general, «lo primero es que no es justo»; otra cuestión distinta es «la promoción, que ya se recoge en la propia LOMCE, que siempre ha sido esa la filosofía, así que no es novedoso». Aunque el mayor problema puede estar en 6º curso al cambiar de etapa.

«Pero yo tengo clarísimo que vamos a evaluar atendiendo a los resultados de la segunda evaluación, y aquellos alumnos que en este tercer trimestre hayan realizado las tareas pues si hay que subirles la nota se hará, aunque por sentido común no se va a poner una calificación negativa a quienes no las hayan realizado por sus circunstancias familiares», deja claro.

Desde la Federación de Padres y Madres de Alumnos Juan González (FAPA-RM), su presidenta, Paqui López, indica que «en principio la propuesta de la ministra nos parece bien porque recoge lo que ya pedíamos en cuanto a que se flexibilice y se tenga en cuenta a los que tienen más dificultades». Aunque aparte está la necesidad de que «haya recursos suficientes para el refuerzo de los alumnos que más lo necesiten, que ante este momento de crisis, previsiblemente, el porcentaje será mayor».

El representante de los directores de instituto insistió en el compromiso por «poner nuestro esfuerzo en que el actual curso se cierre de la manera menos lesiva».

Por lo que respecta al alumnado, el Frente de Acción Estudiantil (FAE) reivindica en un comunicado en relación a las enseñanzas medias que «nos encontramos con que ningún curso, y más preocupantemente en 2º de Bachiller, no sabemos de qué manera se nos evalúa y se nos evaluará en el futuro; cuando hasta el grueso de la nota giraba principalmente en torno a los exámenes, mientras que ahora la mayoría del trabajo está siendo mediante deberes».

En concreto, exigen que todas las pruebas se hagan «atendiendo a las circunstancias». Y apuntan, al respecto, la reducción del temario no elemental que no haya podido ser explicado de manera presencial; la adecuación a los medios telemáticos disponibles de aquellos estudiantes cuya precaria situación les hace imposible participar en igualdad de condiciones; y la implicación del alumnado en el debate y la toma de decisiones. En suma, reclaman que se les aclaren fechas, modalidades y criterios «lo antes posible», así como que «se amplíe el número de asignaturas suspensas por las que se debe repetir».