El principal sospechoso en 'SeriesYonquis' deriva la culpa a quienes hacían descargas

«Crear un entorno web en el que los usuarios pudieran intercambiar opiniones, críticas y noticias sobre series». De esa forma explicó ayer el lorquino Alberto G. la que habría sido su pretensión cuando, en 2007, creó 'SeriesYonkis.com' y poco después su hermana 'PelisYonkis.com'. Fue uno de sus principales argumentos exculpatorios frente a las preguntas del Ministerio Fiscal en la primera sesión del mayor juicio contra la piratería en España, que se celebra en el Juzgado número 4 de lo Penal de Murcia, en la Ciudad de la Justicia.

Junto a Alberto G. se sientan los otros tres responsables de la web: Alexis H., Jordi T. y David M. Para todos ellos el fiscal pide dos años de cárcel y una multa de 4.200 euros. Sin embargo, la acusación particular, personada en nombre de la compañía Columbia y de la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), eleva su petición a cuatro años de prisión y a más de 550 millones de euros en concepto de indemnización. No en vano, sostiene que a través de la web se llegaron a realizar millones de descargas ilegales en todo el mundo, y que hizo tanto daño que la industria audiovisual la llegó a considerar el 'enemigo público número 1' durante años y hasta fue investigada por el FBI.

Pero, ¿cómo el principal acusado de provocar pérdidas de más de 500 millones a los titulares de los derechos de autor -según una asociación de productores audiovisuales- habría llegado a ver una opción de negocio en la creación de ese sitio web?

Para entenderlo hay que echar la vista atrás y recordar que en 2007 el formato serie estaba en auge, y títulos como 'Mad Men', 'Los Tudor', 'El Internado' y 'Big Bang' arrastraban a miles de seguidores, que navegaban por internet tratando de recabar información sobre estas tramas y sus personajes favoritos. «Fue un proyecto que nació como un 'hobby' junto a un amigo en mi época de estudiante de Informática. La idea era crear una comunidad en la que los usuarios compartieran todo tipo de información sobre las series del momento. Creé el terreno en el que los usuarios se moverían libremente porque no podía supervisar los contenidos. En aquellos años estaba inmerso en mi beca como investigador en la Universidad de Murcia y no tenía tiempo. Además, era casi imposible de controlar porque el contenido variaba cada minuto. Era una anarquía», se excusó.

Hasta ese momento, Alberto G. habría actuado a título propio. Pero, con las webs a pleno rendimiento y una legión de usuarios registrados, fundó en 2009 Pousen S.L., la empresa a través de la cual facturó los ingresos de publicidad. Durante esa época, usó los ordenadores de la institución universitaria y el de su domicilio para crear y mantener un entorno digital en el que, según el acusado, había tres tipos de usuarios. «Los pasivos, que no se registraban y entraban únicamente para informarse pero no interactuaban con el resto de usuarios. Los activos, que se daban de alta para poder participar en los comentarios, críticas y foros que se creaban en torno a algún tema. Y, por último, los editores, que tenían el mayor nivel de gestión de la web». A estos últimos les facilitaba en apariencia una contraseña, «con la que tenían la capacidad de modificar el contenido». Y con esta explicación sentó las bases para tratar de exculparse, al sostener que eran los propios usuarios «los que metían los enlaces, que dirigían a un sitio externo donde se alojaban los vídeos y desde donde se hacían las descargas» o conducían hacia un portal «donde se reproducía la serie o la película en 'streaming'».

Estos enlaces normalmente dirigían a las webs 'Megaupload' y 'Megavideo', donde se alojaban los archivos y desde donde los usuarios se descargaban el material audiovisual. El fiscal dejó entrever que el fundador tenía cuentas en ambos portales, lo que le permitía alojar los vídeos y generar el enlace de descarga, que luego habría compartido.

Fue durante esta exposición cuando la juez tuvo que llamar la atención al acusado por mantener un «tono jocoso» ante las preguntas del fiscal. «Creo que no se ha enterado de nada», llegó a decirle al representante público, quien trató de desmontar la versión del fundador de la web acerca de que desconocía que su actividad era ilegal. «Puso a disposición de los usuarios, presuntamente, el acceso a películas y series con derechos de propiedad intelectual, facilitando los enlaces. Usted debió supervisar los contenidos», le reprochó el acusador público. El encausado respondió que se asesoró sobre la actividad de la web y que ningún abogado al que consultó le advirtió de tal ilegalidad. Sin embargo, el fiscal explicó, en este punto, que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó en 2014 que enlazar a webs con contenido autorizado era ilegal, y determinó que «facilitar enlaces sobre los que se puede pulsar y que conducen a obras protegidas constituye un acto de comunicación». Y eso es lo que hacían, presuntamente, los acusados con millones de usuarios a través de esa web.

En 2010, el sitio llegó a tener más de 12 millones de visitas al mes y esto llamó la atención de otros empresarios. En abril de ese año, los responsables de la mercantil Burn Media compraron los dominios al ingeniero informático lorquino por 610.00 euros. «En esa época, el Gobierno estaba fraguando una ley contra la piratería que iría contra páginas webs como las mías y había un proceso judicial abierto contra mí por parte de una productora. Estaba deseando quitármelas de encima», afirmó.

Los otros tres empresarios, Alexis H., Jordi T. y David M. coincidieron al señalar que crearon Burn Media exclusivamente para adquirir 'SeriesYonkis' y 'Pelisyonkis' y que pretendían hacer un rediseño de ambas para crear una red social para cinéfilos. En su interrogatorio, el fiscal preguntó a Alexis H. si había tratado de poner fin a la colocación de enlaces en la web, a lo que el empresario respondió que procedieron «a borrar los enlaces cuando recibimos comunicación de algunas productoras, alertando de que la página remitía a películas protegidas por el derecho a la propiedad intelectual».