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Vox acusa a Vox de traicionar a sus votantes. Como águila con dos cabezas que se picotean mutuamente, el grupo parlamentario en la Asamblea y la ejecutiva regional del partido conservador firmaron ayer su declaración de guerra a cuenta del techo de gasto de ... los Presupuestos Regionales de 2021. El gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos logró sacarlo adelante con el voto a favor del diputado Pascual Salvador, el único de los cuatro representantes de Vox en la Asamblea que tiene condición de afiliado y permanece leal a la ejecutiva de José Ángel Antelo. Y con ello abrió la caja de los truenos tras semanas de intrigas y tensiones internas.
Los tres diputados expulsados del partido, Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera, no solo votaron en contra por considerar incumplidos los acuerdos con PP y Cs para sacar adelante las cuentas del año pasado, sino que también atacaron a su compañero por abrirle la puerta de la Asamblea a las de este.
El llamado 'pin parental', la retirada de subvenciones a patronal y sindicatos, así como la reparación de la carretera de la pedanía moratallera de Benizar «son banderas ideológicas que el Grupo Parlamentario Vox no está dispuesto a abandonar», dijo Campuzano, atribuyéndose la legitimidad y los valores del partido del que está expulsada. Acto seguido retó públicamente a Pascual Salvador a subir a la tribuna de oradores y explicar «la traición» a sus votantes.
Él encajó en silencio la sacudida de su compañera de despacho, que después atizó al Ejecutivo de coalición: «Nada nos gustaría más que dotar de estabilidad a este Gobierno que se tambalea, pero somos presos de nuestra palabra. En caso de que quisieran volver a hablar con nosotros, tendrán que cumplirse los acuerdos pactados», avisó.
Ese grupo parlamentario lleva meses roto, aunque la tensión ha ido en aumento en las últimas semanas. Hace dos que los expulsados, que tienen el control interno por ser mayoría y ejercer la portavocía, relevaron a Salvador de las comisiones de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, de la que era presidente; de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo; y de la portavocía adjunta, que ahora ocupa Campuzano.
«Todo lo que diga esta gente es irrelevante. Ni caso. Para nosotros son como ovnis, que no existen, y como tal los tratamos», aseguró a LA VERDAD José Ángel Antelo. Su ejecutiva mantiene abiertas negociaciones con San Esteban para apoyar los Presupuestos bajo una condición indispensable: la reapertura de la hostelería.
En la antesala de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Presupuestos de 2021, la trifulca en Vox no es la única pista del posicionamiento que adoptarán los partidos en esta nueva fase del curso político. Tras semanas poniendo en el disparadero a sus socios populares a cuenta de una esperada crisis de gobierno, Ciudadanos viró para centrar sus críticas en el PSOE por negarse a negociar las cuentas. El portavoz liberal, Juan José Molina, aseguró que estas son de «emergencia» por la pandemia y pidió a Diego Conesa que se deje de «excusas peregrinas».
Molina puso distancia con los socialistas acusándolos de «falta de modales» y lamentó no «saber con qué Partido Socialista se está hablando: conocíamos que existe el PSOE, conocíamos que existe el PSC y ahora conocemos que existe el PSRM, que va por libre».
Minutos antes, la diputada socialista Gloria Alarcón había dicho desde la tribuna de oradores que «nosotros no vamos a sabotear los presupuestos», pero votarán en contra «si ustedes –en referencia al PP– no dialogan con nosotros» para incluir medidas de refuerzo del estado de bienestar. Tampoco apoyarán, si aceptan el 'pin parental' de Vox. Además, Alarcón consideró un «escándalo» y un «bochornoso juego de tronos» el apoyo de Cs al cambio de la ley del Estatuto del Presidente para permitir a López Miras ser candidato en 2023.
El reposicionamiento de los partidos en el tablero político sorprendió al consejero de Hacienda y Presidencia, Javier Celdrán, que esperaba menos oposición en este primer trámite presupuestario. Los números prevalecen sobre la política en el cálculo del límite de gasto, condicionado por tres componentes bajo control de la autoridad fiscal: los ingresos no financieros, el objetivo de déficit y los ajustes de contabilidad nacional. Celdrán comprobó la volatilidad existente y tomó nota para lo que tiene por delante.
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