Un presunto 'cerebro' del operativo se esconde tras las iniciales J.L.R.L

Transita por el atestado del 'caso La Sal' casi como un fantasma, sin desvelar de su identidad nada más que sus iniciales: J.L.R.L. Los agentes de la UDEF que desde hace más de un año están investigando los 1,7 millones de documentos intervenidos en los registros en las instalaciones de la desaladora de Escombreras, en las sedes de varias empresas y de un despacho de abogados y en las dependencias del Ente Público del Agua (EPA) se toparon con un documento que encierra muchas de las claves de la presunta trama. Se trata de un borrador que fue elaborado el 21 de diciembre de 2005, en el que ya se anticipan los movimientos que la Administración regional iría efectuando en los meses siguientes, y que acabarían desembocando en la asunción de compromisos de pago de 600 millones de euros por el alquiler de la planta desalobradora por un periodo de 25 años.

En concreto, el documento ya avanza que la Consejería de Agricultura y Agua creará una empresa 100% pública, llamada Hidronostrum, y se enumeran los contratos que irán firmando sucesivamente. Incluso deja sentado que Hidronostrum asumirá el 51% de las acciones de la empresa privada Hydro Management, que se procederá a alquilar las instalaciones de la desalobradora y que la adquisición de los caudales que produzca se hará bajo la fórmula -gravemente perjudicial para los intereses públicos- del 'take or pay', que significa que el dinero se abonará aunque la planta esté parada y no produzca una gota de agua.

Tales 'vaticinios', que se fueron cumpliendo con precisión milimétrica, apuntan en la línea de que existió una supuesta connivencia o concierto de voluntades entre la parte privada de la desaladora y la Comunidad Autónoma. Y quien puso todo eso por escrito, meses antes de que todo ello ocurriera, fue un tal J.L.R.L., de quien hasta el momento solo se conoce eso: sus iniciales.

Los agentes de la UDEF, tras el análisis de esa documentación, advierten en su informe de que «se puede inferir, de manera plausible, que desde una fase inicial del proyecto, todo el coste y riesgo del mismo iba a ser asumido por la parte pública, dejando a la parte privada exenta de costes y a merced de obtener todos los beneficios posibles del modelo establecido».

En verdad, conociendo estos datos, se trataba del negocio perfecto. El Grupo ACS entró en el proyecto de la desaladora teniendo que abonar 1,1 millones de euros y consiguió construir la planta sin arriesgar un euro más, ya que la financiación de 111 millones se la otorgó íntegramente un banco y la Comunidad asumió todos los compromisos de pago ante un posible incumplimiento en los desembolsos. Por último, la Administración regional se comprometió a abonar 600 millones de euros en un periodo de 25 años, solo en concepto de alquiler de las instalaciones, y además mediante una fórmula «abusiva», el ya referido 'take or pay', que obligaba a pagar todo ese dinero incluso en el hipotético caso de que la desaladora no produjera caudal alguno.