La presunta trama de la central de compras del SMS dejaría ya un fraude de 1,7 millones

Las pesquisas realizadas a través de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, con la colaboración de la Administración regional –que además realiza una auditoría interna por parte de la Consejería–, han confirmado la existencia de anomalías económicas en el suministro de prótesis vasculares; y han sacado a la luz otras relacionadas con el material fungible empleado para colocar esos implantes.

Además, el análisis de abundante documentación (como pedidos y facturas) ha permitido conocer que las irregularidades no se habrían cometido solo en 2023 sino durante cinco años: desde 2019 hasta 2024, cuando la Comunidad tomó medidas para atajar unas prácticas que conoció tras una denuncia interna. Entre otras cosas, la Consejería suspendió de forma cautelar en sus empleos al jefe de servicio y a un jefe de sección de la central de compras (la Unidad de Aprovisionamiento Integral o UAI) y a un médico del servicio de Radiología Vascular de La Arrixaca.

Al «fraude económico» descubierto por la Comunidad, consistente en la facturación de prótesis «con un precio más elevado que el producto utilizado», en concreto 1.400 euros por implantes que el SMS podría haber adquirido al fabricante por 400, hay que sumar sobreprecios en la compra de material fungible en niveles similares (tarifas infladas un 250%) y en hasta un 1.900%.

Se trata de productos como líquido embolizantes y microguías, que podrían haberse obtenido a tan solo 70 euros y que, en algunos casos, era material incluido en el suministro de las prótesis. Estos últimos elementos son tapones de embolización para uso vascular periférico conocidos como 'plug vasculares'. Estos dispositivos se emplean en el área de radiología vascular intervencionista, por ejemplo para cortar hemorragias en arterias.

Desde la central de compras, el SMS adquirió al parecer, por separado, a un mismo proveedor de la empresa Logimed –está por ver a cambio de qué presumibles contraprestaciones a los funcionarios– tapones Coil Prestige Plus de la marca Balt y material fungible, a 1.400 euros cada pedido.

Según las averiguaciones de la Policía Nacional, como en el caso de otras autonomías y también de hospitales privados, el fabricante podría haber servido directamente a la Comunidad estos productos a precios muy inferiores, de unos 400 euros.

El modelo de prótesis en cuestión empezó a adquirirse en septiembre de 2021, en sustitución del que estaba siendo usado hasta entonces en el Virgen de la Arrixaca, y dejó de comprarse tras destaparse este aparente escándalo en la gestión económica del Servicio Murciano de Salud. La investigación ha encontrado ya, asimismo, indicios de la falsificación de documentos para poder burlar los controles internos de la Administración autonómica, en particular en la fase de autorización de los pagos, así como evidencias de que se realizaron contrataciones de manera verbal.

El Ministerio Público dispone ya de dos informes sobre este asunto. Y, a preguntas de este diario, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, señaló que tras la denuncia presentada por la Comunidad se abrieron una diligencias de investigación preprocesales y que los hechos podrían enmarcarse, dentro de una calificación inicial, como posible delito de malversación de caudales públicos. «Estamos analizando la información remitida por la Policía sobre este asunto de presunta corrupción económica. Hay mucha documentación aportada y estamos dentro del plazo de investigación de seis meses para seguir recabando y examinando documentación, con la posibilidad de establecer una prórroga», apuntó Díaz Manzanera.

Agregó que, por el momento, no se ha tomado declaración a los trabajadores suspendidos por la Comunidad ni a otras personas eventualmente implicadas en las compraventas. Y recordó que las pesquisas acabarán con la formulación de una denuncia en los juzgados o, si no hubiera indicios suficientes de ilícito penal, con el archivo de las diligencias.

Como informó LA VERDAD hace tres meses, tras un aviso interno la Inspección de la Consejería de Salud inició una investigación que detectó que el coste de un determinado tipo de tapón de embolización se había disparado en el área I de Salud (La Arrixaca). En el año 2022 se destinaron 400.000 euros a estas prótesis vasculares y un año después la factura subió en unos 700.000 euros.

Fuentes de la empresa proveedora negaron en su momento a este periódico cualquier tipo de práctica irregular y hablaron de «un error administrativo». La UAI del Servicio Murciano de Salud asigna a cada producto un código específico. Y según la explicación de Logimed, el SMS se encuentra en ocasiones con que no tiene un código establecido para nuevos artículos que se van incorporando. Ello puede llevar a una codificación incorrecta. «Pero todo lo que se ha facturado se corresponde con lo que se ha implantado a los pacientes. La trazabilidad está asegurada. Hay una hoja de cada implante y números de referencia. Nadie se ha beneficiado económicamente de esto», defendió la compañía. Y el SMS aseguró, entonces, que emplazaría al proveedor al reintegro de los «presuntos pagos indebidos».

Mientras, continúa la auditoría interna ordenada por el Gobierno regional, que incluye la revisión de la actividad de la central de compras del SMS en los últimos cuatro años. Los auditores analizan «los procedimientos de autorización, catalogación, compra, facturación y pago del material implantable y fungible». LA UAI coordina las millonarias compras de material para abastecer a las distintas áreas de salud no solo en Cirugía Vascular sino en todos los servicios. En 2021 (último año con datos definitivos de liquidación disponibles), el SMS destinó 178 millones a materiales y suministros.

En paralelo a las indagaciones sobre la central de compras del Servicio Murciano de Salud por parte de la Fiscalía, la Asamblea Regional acogerá este miércoles la constitución de la comisión especial de investigación sobre presuntas derivaciones irregulares de pacientes del SMS a centros privados. La comisión celebrará también su primera reunión, para elaborar el plan de trabajo. El martes pasado, el parlamento aprobó esta iniciativa de Podemos, que se remite al informe del Tribunal de Cuentas de julio de 2024. Según este, «existe una deficiente planificación de los gastos derivados de las asistencia con medios ajenos». De los 30,7 millones de euros destinados ello en 2022 en el Área I de Salud (La Arrixaca), 23 se adjudicaron sin respetar la normativa de contratación.

«Este asunto está en manos de la Fiscalía, después de la información obtenida por los servicios de inspección de Centros, Servicios y Establecimientos sanitarios» de la Consejería de Salud. «Se está actuando con rigor y los controles internos y las inspecciones funcionan», señalaron ayer fuentes del departamento que dirige Juan José Pedreño a LA VERDAD acerca de la investigación sobre presuntas irregularidades en las compras de material sanitario para La Arrixaca y el resto de hospitales de la red pública en la Región de Murcia en los últimos años.

«Dicho esto, recordamos que algunos de los detalles concretos relacionados con este asunto consisten en información reservada, debido a investigación judicial en curso», apuntaron también en el Gobierno regional. Y recordaron que «el Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios inició una auditoría interna sobre los procedimientos de autorización, catalogación, compra, facturación y pago del material implantable y fungible de los últimos cuatro años».

En la Comunidad Autónoma aseguraron que «hasta el momento no se han detectado más anomalías en otro tipo de prótesis que las remitidas a la Fiscalía», es decir las relativas a la sección de Radiología intervencionista del Servicio de Radiodiagnóstico de La Arrixaca.

Desde la Consejería de Salud añadieron que «la investigación sigue en curso» y que «no ha habido nuevas medidas disciplinarias», tras la suspensión de sus empleos, en noviembre, de los dos trabajadores de la central de compras y del radiólogo del hospital situado en El Palmar.

Asimismo, en la Consejería quisieron remarcar que la seguridad para los pacientes ha estado y está garantizada y que solo se investiga un posible fraude económico con unas prótesis. «Todos los productos que se utilizan en el SMS están autorizados en España por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para su uso clínico. El uso de este producto en ningún caso ha representado un riesgo para la salud de la ciudadanía».