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La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias señala que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara «nula e inconstitucional» la ... disposición transitoria quinta de la ley regional de Coordinación de Policías Locales «no dispone nada sobre efectos retroactivos», por lo que, en principio, no afectaría a los funcionarios policiales que hayan promocionado internamente en virtud de este artículo, principalmente cabos y oficiales.
Así lo expresaron ayer desde la Consejería dirigida por Marcos Ortuño tras conocer el fallo judicial, del que ayer informó en exclusiva LA VERDAD. La sentencia, de la que fue ponente la magistrada Concepción Espejel y lleva fecha de 12 de febrero de 2025, considera inválido este sistema de promoción interna en el que bastaba solo con acreditar la titulación académica correspondiente, sin necesidad de superar procesos selectivos.
Otra cosa será en los casos en los que no se haya completado el paso de los cabos y oficiales a las nuevas categorías establecidas en la ley autonómica aprobada en 2019 por la Asamblea. Fuentes de la Consejería de Presidencia reconocen que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, «la integración deberá producirse, en todo caso, a través de los necesarios procesos selectivos de promoción interna».
Por su parte, Miguel Alcaraz, coordinador del sector de administración local de Comisiones Obreras (CC OO) en la Región, recordó que en Madrid también se anuló la disposición de la ley de policías locales que regulaba la promoción interna de cabos y oficiales, por los mismos motivos que en la Región. Y señaló también que, al no decir nada la sentencia del TC sobre la retroactividad, «las consecuencias fueron mínimas, pues la mayoría de ayuntamientos habían finalizado ya la integración».
Así que desde Comisiones Obreras consideran que, si la Comunidad realiza la misma interpretación que hizo Madrid, los efectos en la Región serían muy reducidos. Miguel Alcaraz cree que todos los ayuntamientos murcianos deben haber completado la integración, pues la normativa regional daba un plazo de cuatro años para hacerlo.
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