Los precios ensanchan la brecha

Lo sabe bien Joaquín Martínez, un padre de cinco hijos residente en Murcia, que tras separarse se ve obligado a hacer equilibrios para estirar unos ingresos de entre 650 y 800 euros por una media jornada como vigilante de seguridad. Con ellos debe afrontar la hipoteca de la vivienda donde reside su familia, la factura de la luz y la pensión alimenticia. La situación le ha llevado a mudarse a una casa propiedad de su tía, donde ha tenido que prescindir de de tener frigorífico. «Como y ceno cada día en casa de mi madre. Y en casa solo tengo algunos alimentos no perecederos», cuenta. Su economía es tan ajustada que, para esquivar la subida de la luz, baja el automático cada vez que sale de casa.

La escalada de las facturas le obliga en muchas ocasiones a elegir qué pagar y qué no. «Lo primero son las necesidades básicas -afirma-. Cuando eso está cubierto, pago las facturas. Si no puedo meter la hipoteca entera, meto la mitad». Así, las negociaciones con su banco, con el que reestructuró su deuda hace años, son habituales. Su mayor esperanza para salir de la espiral de deudas reside en la creación de una pequeña empresa para ser algún día su propio jefe: Auxiliar de Servicios y Control de Accesos S.L. «No dejo de intentarlo», dice.

Un impacto desigual

Aunque nadie escapa al golpe de la inflación, que el pasado mes de marzo se disparó en la Región de Murcia hasta el 10%, su efecto se deja notar de forma más cruda en los hogares más modestos y las economías precarias. Los ciudadanos con rentas más ajustadas destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a electricidad, combustible y alimentos, los grupos que han sufrido una mayor subida de precio, por lo que experimentan un inflación mayor que las familias que cuentan con rentas medias y altas, que dedican más presupuesto a ocio y la adquisición de productos menos afectados por estas subidas.

Susana Mayor, una limpiadora de Cartagena de 43 años, lleva meses mirando con incredulidad el tique del supermercado, que comienza a devorar el ahorro familiar. «Soy de buscar el mejor precio. Me recorro tres o cuatro supermercados. En uno de ellos, al que voy todos los viernes, me iba gastando 50 o 70 euros y ahora no bajo de los 100 o 120», comenta. Su marido, de 45 años, soldador de profesión, se encuentra en desempleo desde marzo, cuando fue despedido estando de baja por una lesión en la espalda. Los únicos ingresos mensuales que entran ahora en casa son los 250 euros mensuales que ella saca limpiando una vivienda. El finiquito de su esposo y el hecho de tener la casa pagada amortiguan de momento el golpe. Pero ya ha empezado a modificar sus hábitos de consumo. «Antes iba a la pescadería todas las semanas, pero he dejado de hacerlo», asegura. Ha dispararse los precios de algunos artículos en los supermercados hasta «casi el doble». «He llegado a llenar la freidora con aceite de oliva porque el de girasol ha subido tanto que ya no vale la pena. El otro día estaba a 3,40 el litro», se queja. Con otros productos no tiene alternativa. «El papel higiénico que compraba ha pasado de tres euros con algo a casi seis, y la leche no puedo dejar de llevármela. Tengo dos hijos de 10 y 16 y toman bastante. Así que la pagas más cara. Eso si la pillas, porque el otro día estaba el estante vacío».

Para consumir los mismos bienes y servicios que en 2021, una familia media debe destinar este año casi 900 euros más, según un reciente estudio de Funcas. El presidente de Consumur, Roberto Barceló, subraya además que «los alimentos no elaborados han experimentado un incremento en un año, de marzo a marzo, de unos 550 euros». Por otro lado, alerta de que junto a las subidas justificadas por la coyuntura mundial, podrían estar produciéndose «abusos de empresas y establecimientos que aumentan artificialmente otro tanto por ciento los precios aprovechando la situación».

La escalada de los precios de la vivienda también ha comenzado a asfixiar a las economías con menos posibilidades. Mercedes Caballero, que vive sola en un piso que alquila desde que regresó a Murcia de Alicante tras divorciarse, teme que acabe salpicándole. Está en búsqueda activa de empleo y cobra 453 euros del paro. De ellos, 275 van al alquiler. «Tengo miedo a que cualquier día me digan que me lo suben y no poder pagarlo», reconoce.

Cerca de 61.000 familias de la Región quedan cada mes en situación de pobreza tras hacer frente al pago de sus compromisos de alquiler o hipoteca, según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia de Cáritas y la Fundación Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada (Foessa), hecho público en marzo.

«Te vas quitando de cosas para poder solventar otras -cuenta Mercedes-. De alimentarte, de ropa... No me gusta deber, y lo que sube por un lado lo tengo que quitar de otro. Nadie tiene que saber si tengo problemas».

Suministros

Sin vivienda se quedaron los padres del ciezano José Antonio Saorín, desahuciados por el banco hace unos años. Entonces llegaron a un acuerdo para pasar a un alquiler social donde residen ahora con José Antonio, su mujer y dos de sus tres hijos. «Pagamos 260 euros, pero en la casa tenemos pocos ingresos. Mis padres reciben una pensión mínima cada uno, y una de ellas se va entera ya a pagar los gastos», dice José Antonio, que trabaja como temporero y carece de ingresos fijos.

Las persistentes lluvias que barrieron marzo le dejaron sin trabajo ni dinero justo cuando más crecían los gastos. «La compra de la semana nos ha subido un 30 o un 40%, y de luz hemos pasado de pagar 100 euros cada dos meses a 350», afirma. En su caso no hay alternativa ni posibilidad de bajar el consumo. Su madre tiene un aparato de oxígeno que debe estar funcionando todo el día, «y necesitan braseros para poder pasar el frío». Por eso, lleva varios meses «arañando» de otros sitios. «Cuando engancho una mala temporada de trabajo, no llegamos».

En la Región de Murcia, cerca 220.000 personas se encuentran al borde de la exclusión, según el Informe de Cáritas y la Foessa. Transitan la delgada línea que les separa de un precipicio al que han caído ya 385.000 murcianos, lo que supone que uno de cada cuatro habitantes sufre carencias económicas.

Mercedes recuerda que llegó a ganar 1.500 euros netos cuando era encargada en un almacén, pero el pinchazo de la burbuja inmobiliaria terminó con su despido. Estos meses ve similitudes con aquellos momentos. «Después de la crisis de 2012, ahora estamos viviendo una todavía más gorda. Ya la vi venir cuando llegó el covid y ha ido magnificándose», asevera. Ya no sueña con un sueldazo, solo con un empleo a jornada completa que acabe con la ansiedad y el miedo. «Solo quiero dormir tranquila por las noches. Con tener para tomarme tomarme un café con una amiga tengo bastante. Con 800 euros sería feliz».

Hace unos meses supo de una iniciativa de la ONG Acción Contra el Hambre, que desarrolla dos programas de inserción laboral para personas en situación vulnerable. Decidió apuntarse. «El taller de empleo me está ayudando mucho. Estoy muy agradecida. Me han ayudado a mejorar mis competencias y a conocerme. Además, surgen opciones laborales que no ves en las ofertas que hay en internet», señala. Ya ha realizado varias entrevistas. En 2021, 300 personas la Región participaron en la misma iniciativa. El 75% fueron mujeres, y el 55% lograron encontrar empleo. Además, hay otro programa destinado al emprendimiento.

Alza de los combustibles

El problema es que ni siquiera contar con un empleo es a veces suficiente para vivir en una situación desahogada con los precios actuales. «Les dije a los de la ONG que estaba dispuesta a desplazarme para trabajar hasta 30 kilómetros, pero estoy pensando en reducirlo, porque con algunos salarios no puedes asumir 60 kilómetros de ida y vuelta cada día».

David Quiles, un cartagenero que acaba de lograr un empleo a través del mismo programa, lo está experimentando en sus propias carnes. «Acabo de empezar en un empleo y ya he tenido que pedir un anticipo de la primera nómina para pagar el gasoil».

David es mecánico naval y cada día debe desplazarse a puertos de localidades costeras como el San Pedro del Pinatar o el Tomás Maestre de La Manga. «Lo que antes podía suponerme 10 euros al día, ahora son 20», lamenta.

Cuando se quedó en paro y agotó las prestaciones, este hombre de 35 años, casado y con dos hijos, tuvo que dejar su alquiler y mudarse a casa de sus suegros. Ahora reside con sus padres y las cuentas para lograr la autonomía de nuevo siguen sin salir. «Voy mirando el céntimo en las compras porque cuando llegue el momento de cobrar mi primer sueldo no sé si me va a llegar algo».

«Hay que intentar mantenerse positivo. Si no, te hundes», señala Joaquín Martínez. «Es cuestión de salud mental. No elegimos las circunstancias. Pero podemos elegir es la actitud con que las enfrentamos. Hay que salir adelante».