Elma Saiz: «Es muy posible que tengamos que mantener el campamento del Naval de Cartagena más de lo previsto»

–Uno de los aspectos que más confusión está generando del acuerdo con Junts es el relacionado con la lengua. ¿Puede decir, ministra, si Cataluña va a poder exigir conocimientos de catalán para obtener un permiso de residencia? Junts lo afirma, usted lo ha negado y el presidente Pedro Sánchez remarcó este jueves que sí se «necesita» el conocimiento de las lenguas cooficiales para obtenerlo.

–En materia lingüística, a esta delegación de competencias se le va a aplicar la normativa vigente, que es la misma para todo el país: reglamento de Extranjería, ley de Extranjería y, en otros aspectos como la contratación laboral, podemos irnos incluso hasta el Estatuto de los Trabajadores. Es muy importante constatar lo que ya está pasando en la actualidad en nuestro país, donde vemos que el conocimiento de la lengua es un aspecto que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen en consideración y valoran de cara a la inclusión de las personas que vienen a nuestra sociedad para participar en ella. Eso ya está pasando, y donde hay lenguas cooficiales, también.

–Entonces... ¿será requisito?

–No, ni lo es ni lo va a ser. No es un requisito obligatorio con la normativa que es aplicable. El idioma computa positivamente en los informes para acreditar la integración social de cara al permiso. Es decir, es un factor que suma, pero no una exigencia.

–El acuerdo ha recibido críticas incluso en el propio entorno del PSOE. García-Page ha señalado que espera que no salga adelante y lo ha tildado de «racista». ¿No sienten una contradicción entre el pacto y la postura que ha venido defendiendo su Gobierno respecto a la inmigración?

–Yo invito a leer el contenido íntegro de la proposición de ley orgánica, donde, desde la exposición de motivos hasta la disposición final, incluidas las disposiciones adicionales, se reflejan unos principios inspiradores de la política migratoria que lleva a gala y que defiende aquí y fuera de nuestras fronteras el Gobierno de España. Esta ley es garantía del respeto y cumplimiento de los derechos humanos y considera como un aspecto fundamental la inclusión, la integración y el aporte positivo de las personas extranjeras a nuestro país.

–¿Qué beneficio aporta este acuerdo, más allá de los intereses que pueda haber a la hora de recabar apoyos para otras cuestiones?

–Todo lo que tiene que ver con la política migratoria contempla distintas fases donde una administración cercana, en este caso la Generalitat, conoce perfectamente la realidad del territorio, lo que sin duda contribuye a una política mucho más eficaz y eficiente para dar respuesta a las necesidades. Por ejemplo, como sabe, una de las herramientas fundamentales para el Gobierno de España en materia de política migratoria es el nuevo reglamento de Extranjería, que trabaja para eliminar trabas y burocracias innecesarias y para facilitar la inclusión. Fíjese la importancia de un papel como el de una administración tan cercana en la gestión eficaz de esto, y por supuesto, dando una mejor atención.

–Podemos asegura que esta delegación de competencias no se aprobará con sus votos. ¿Temen que no salga adelante en el Congreso?

–Bueno, yo creo que hay que tener sosiego. La proposición de ley acaba de registrarse y creo que es importante dedicar un tiempo a analizar y a conocer con total transparencia el texto. Y estoy convencida de que con diálogo y pedagogía se lograrán los acuerdos suficientes y necesarios.

–La crisis migratoria sigue colapsando los centros de acogida. ¿Plantean actuaciones para paliar esa presión migratoria?

–Tenemos un sistema absolutamente flexible para dar respuesta a este importante desafío. Los flujos migratorios son inherentes al ser humano. En este año 2025, que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, yo creo que haríamos bien en recordar que fuimos un país emigrante. Un país con memoria tiene que recordar que hoy somos el país de oportunidades que muchos buscan para emprender un proyecto de vida. La política migratoria del Gobierno de España, que es una política integral, va desde las detenciones en costas, intentando sanar las heridas de las personas que llegan en una situación de vulnerabilidad, hasta los despachos, con normas tan importantes como la ley de Extranjería, el reglamento de Extranjería, que abre puertas que estaban cerradas con tres llaves fundamentales, que son la formación, el empleo y las redes familiares.

–Desde noviembre de 2023 tenemos en Cartagena el centro temporal en el antiguo Hospital Naval, que se puso en marcha con el compromiso de desmantelarlo en seis meses y que, después, prorrogaron a junio de este año. ¿Puede garantizar el cumplimiento de esa fecha o van a necesitar más tiempo?

–Este es un centro que está, efectivamente, previsto de manera temporal, y circunscrito a la emergencia migratoria. En este caso, además, su permanencia se vincula también a la ejecución de los centros previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y precisamente porque, aunque las llegadas se han reducido en estos primeros meses del año, seguimos en una situación de presión migratoria, y porque la construcción de nuevos centros acarrea retrasos por la propia complejidad de los proyectos, es muy posible que tengamos que mantener este centro más tiempo del previsto inicialmente. Por cierto, la intencionalidad de mantenerlo hasta junio de 2025 se comunicó bajo un acuerdo con la Alcaldía que esta misma incumplió unilateralmente cuando, una vez remitido el escrito en el que el Ministerio confirmaba que no iba a adquirir el antiguo Hospital Naval, no solo no concedió una licencia para adecuar el edificio y poder acondicionarlo y, por ejemplo, aclimatarlo para los meses de verano, sino que inició un procedimiento sancionador. Nosotros, en todo caso, mantenemos nuestro compromiso de no comprar el inmueble y dejar el antiguo hospital en cuanto las obras del plan de recuperación nos permitan derivar a esas personas a otros centros.

–Una de las críticas recurrentes desde el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de la Región es que se trata del único lugar que debe gestionar la acogida de personas migrantes por dos vías. Por un lado con el CATE, que atiende a las personas que llegan por vía marítima, y por otro, los del centro de emergencia que llegan de Canarias. ¿Entiende la queja?

–Lo que no entiendo es cómo en esta Región el Partido Popular unió sus votos a Vox aprobando una moción para expulsar a los menores no acompañados, a niños y niñas que vienen a nuestro país en busca de un presente y un futuro. Eso es lo que para mí es inconcebible, y desde luego apelo al Partido Popular para que haga un ejercicio de responsabilidad y deje de abrazar, cada vez que tiene oportunidad, los mensajes más xenófobos y de tintes racistas, que desde luego yo voy a combatir con datos y con verdad.

–¿Es técnicamente posible? ¿Puede el Gobierno regional firmar acuerdos con otros países para repatriar a menores?

–No, en absoluto. No tiene las competencias. Ese tipo de acuerdos bilaterales son una competencia que corresponde en exclusiva al Estado.

–El Ejecutivo de Fernando López Miras se queja de la falta de recursos para poder atender quienes salen del campamento del Naval una vez que pasa la primera acogida. Señalan, por ejemplo, el gasto que supone en servicios sociales cuando quedan en la calle. ¿Se plantean algún tipo de refuerzo económico para atender estas situaciones?

–Yo creo que es importante, ahora que estamos hablando de competencias, señalar lo importante que es que unas comunidades quieran asumir la responsabilidad de tener una delegación de competencias, y otras, en lugar de ejercer las que ya les corresponden, en materia de servicios sociales, de educación o de sanidad, hacen una verdadera dejación de funciones. ¿Y sabe cómo lo están haciendo? Lo vimos cuando el consejero de Economía y Hacienda de la Región de Murcia –Luis Alberto Marín– y las comunidades del PP dieron un plante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para una condonación de deuda para todas las comunidades que otorgaba más fortaleza, mejores datos de solvencia y de 'rating' para poder endeudarse, salir a los mercados y poder tener recursos para dar respuesta a esas competencias. El señor López Miras está primando intentar erosionar y hacer daño al Gobierno de España a dar respuesta a su responsabilidad. Hay datos que lo demuestran, como por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital. Hemos multiplicado por nueve el importe destinado a la Región de Murcia desde su entrada en vigor mientras el Gobierno de López Miras ha reducido un 60% lo que destina a la Renta Básica de Inserción. Eso es una irresponsabilidad. Luego es muy fácil hablar de que no hay recursos. Esta es la realidad.

–¿Cómo ve el avance de los discursos de odio? ¿Le preocupa que conquisten el debate político?

–Por supuesto que me preocupa. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que los responsables públicos tenemos que ser absolutamente exigentes y rigurosos en nuestras afirmaciones. En el Ministerio hemos puesto números a lo que suponen el racismo y la xenofobia, ya no solamente en términos de derechos humanos, sino en términos económicos, y tienen un impacto de 17.000 millones de euros en nuestro PIB. Por eso, que el PP apruebe una moción con Vox para expulsar a los menores migrantes no acompañados es un ejercicio de irresponsabilidad.

–Respecto al reparto de menores migrantes no acompañados, sigue pendiente de resolución la reubicación de los más de 5.000 que hay en Canarias. Parece que Junts abre ahora una puerta para el acuerdo. ¿En qué punto se encuentran las negociaciones?

–Estamos trabajando intensamente y esperamos que la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería, que siempre ha sido nuestra voluntad, sea pronto una realidad.

–El pasado martes, el Instituto de Actuarios Españoles avisó en un estudio de que las reformas del sistema de pensiones realizadas hasta ahora son insuficientes y aboga por incluir un ajuste automático basado en el crecimiento económico y la esperanza de vida. ¿Es partidaria de este tipo de mecanismos?

–La reforma de pensiones llevada a cabo en la anterior legislatura no está desplegando todavía todas sus medidas, y todos los indicadores hasta ahora son incluso más positivos que los que teníamos en nuestras previsiones. Hace escasamente un año, era prácticamente impensable superar la barrera de los 21 millones de afiliados que conocimos hace unos días. Estamos creciendo en las bases de cotización; desde luego la subida del salario mínimo interprofesional es otro de los elementos importantes. Se está desplegando también la reforma de cotización de ingresos reales de los autónomos, y la ratio es de 2,44 cotizantes frente a un pensionista en el país, y de 2,33 en la Región de Murcia. Es el mejor dato de la serie histórica quitando los años de la burbuja inmobiliaria. Además, la hucha de las pensiones, que nos encontramos esquilmada cuando llegamos al Gobierno, comenzará la siguiente legislatura con más de 30.000 millones de euros. Esos son datos que dan certidumbre a esta reforma, que es sostenible. Se ha garantizado por ley revalorizar las pensiones y vamos a hacer frente a la jubilación de la generación de los 'baby boomers'.

–El nuevo reglamento de Extranjería está a punto de entrar en vigor –20 de mayo–. Diversas ONG han expresado su preocupación por la situación en que dejará a miles de solicitantes de asilo, a los que ahora, si se les deniega la petición, no les contará el tiempo que lleven residiendo en el país para acogerse a la figura del arraigo. Señalan que eso los empujará al trabajo irregular. ¿Cómo van a evitarlo?

–Es muy importante que seamos conscientes de que estamos hablando de personas especialmente vulnerables que huyen de sus países porque su vida peligra por persecuciones bien políticas, religiosas, LGTB-fóbicas y de diferentes motivaciones. Por eso es muy importante que esa vía de asilo sea absolutamente libre y accesible para esas personas. Por eso también hemos establecido una disposición transitoria en la que, siendo conscientes de esta situación, reducimos a lo mínimo posible, a seis meses el tiempo que deben haber residido en el país las personas que tengan esa denegación para que puedan acudir a la vía del arraigo.

–Han abierto la puerta a una reforma de la protección de los autónomos, que en la Región de Murcia suponen más de 104.000 personas, ante un cese de actividad involuntario. ¿Qué cambios ve posibles?

–Quiero poner en valor ese paro de los autónomos, que demuestra su utilidad en situaciones como la dana de Valencia, donde hemos establecido requisitos para hacerlo más accesible y evitar que el tiempo consumido ahora afecte a las personas afectadas por las inundaciones. Tenemos una herramienta fundamental, que es el Observatorio del Cese de Actividad, que es muy importante para evaluar y analizar la situación, y a través del diálogo social y la constante colaboración con las asociaciones representativas, UPTA, ATA, UATAE, vamos a analizar y evolucionar ese cese de actividad donde tenga aspectos de mejora.

–También ha presentado esta semana el Fondo de Impacto Social en Murcia. ¿Qué impacto le augura en la Región? ¿Tiene ya conocimiento de proyectos interesas en acudir a este mecanismo en la Comunidad?

–Yo creo que va a ser muy importante, además, en el marco de la capitalidad de la economía social 2025 de Murcia. He conocido dos experiencias de empresas, 'Moda -re', y los supermercados 'Sqrups!', donde se pone de manifiesto el efecto multiplicador de este tipo de proyectos de colaboración público-privada, con efectos beneficiosos para la sociedad medibles. Estamos hablando, de compromiso medioambiental, igualdad de oportunidades, inclusión... La Región de Murcia es un entorno muy propicio para este fondo, porque aquí tiene un importante papel la economía social, y puedo decir que ha despertado muchísimo interés.