Manuel Sánchez de Diego: «Cuando la política interviene, el derecho de acceso a la información se resiente»

–El congreso tiene su origen en el impulso de la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo ha evolucionado en estos siete años?

–Las administraciones públicas han entendido que la transparencia ha venido para quedarse y hay que cumplirla. En consecuencia, se han creado perfiles profesionales y unidades que se dedican a atender las peticiones de información o a publicar los datos en internet, cuya finalidad es garantizar la transparencia. También ha habido grandes avances en datos abiertos por parte del Estado, las comunidades y las entidades locales, incluso las empresas con funciones públicas y que trabajan con dinero público. Esta labor la perciben y valoran los ciudadanos que quieren hacer valer sus derechos, así como la obtención de sellos de calidad que evalúan el cumplimiento de los mecanismos de defensa de los valores democráticos y que promueven la continuidad del trabajo en esta línea.

–A día de hoy, ¿las instituciones públicas aprueban en transparencia?

–Como profesor, las puntuaría con un aprobado, porque para el notable aún les queda mucho por hacer. Me preocupa cuando formalmente parece que las instituciones cumplen con la transparencia, y a la hora de la verdad siguen siendo opacas, sobre todo en aquellas informaciones que pudieran causarles algún tipo de daño. La parte positiva es que nos hemos dado cuenta que la transparencia vende, pero que también es un mecanismo para que los propios funcionarios sean conscientes de que lo están haciendo bien porque su labor es de servicio público, y en ningún caso deben valerse de su cargo para servirse o beneficiarse de él.

–En general, ¿cómo acatan estos organismos las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

–Nos encontramos con todo tipo de reacciones, desde la presidencia de Gobierno hasta universidades que se dan cuenta de que lo han hecho mal y rectifican, hasta personas que no hacen ni caso. Y digo personas porque es una cuestión más personal que otra cosa. La mayoría de las resoluciones del Consejo de Transparencia son confirmadas por los tribunales, lo que quiere decir que están haciendo bien las cosas. Cuando la política interviene, el derecho de acceso a la información se resiente. La política y sus dirigentes se centran sobre todo en ideología y propaganda, cuestiones alejadas de la transparencia.

–¿Qué aspectos debería abordar la modificación de la Ley de Transparencia para que España avance en este ámbito?

–Desde mi punto de vista, debería pasar a denominarse Ley Orgánica de Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y de Datos Abiertos. La transparencia debe entenderse como el derecho de acceso a la información y los datos abiertos. Las normas de buen gobierno, de ética pública y compatibilidad de cargos deben estar conectadas con esta materia, pero al mismo tiempo disponer de un código propio.

–¿Cómo impacta la nueva regulación sobre secretos oficiales en el periodismo?

–Nos llama la atención que no se haya consultado al Consejo de Transparencia sobre este anteproyecto de ley, y parece que tampoco había intención de hacerlo. Técnicamente puede ser una buena normativa, pero tiene grandes objeciones desde el punto de vista democrático. En cualquier caso, debemos rechazar la posibilidad de que los periodistas sean sancionados administrativamente. No es de recibo que los comunicadores, que tienen como función controlar al poder, puedan ser coaccionados por el poder por vía administrativa. Si un periodista se pasa, están los tribunales, y ahí sí que hay garantías.

–¿Qué opinión le merece la labor que se realiza en la Región?

–En esta Comunidad hay mucha gente que sabe de transparencia, y se están haciendo muy bien las cosas. De hecho, nueve ayuntamientos [Águilas, Alcantarilla, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Mula, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco] acaban de recibir el sello Infoparticipa de la Universidad Autómoma de Barcelona, que valora la calidad y transparencia de la comunicación pública. Esto es reflejo del compromiso y la constancia.