La polémica paga de sus señorías

Solo un reducido grupo de diputados y senadores renunciaron a esta indemnización, recogida en el artículo 11 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias, que generó cierta controversia por producirse tras una legislatura fallida y que motivó una recogida popular de firmas bajo el lema 'Si no curras, no cobras'.

Entre los representantes de la Región de Murcia en las Cortes ninguno renunció a cobrarla. Todos los que tenían derecho a ella -cinco de los diez diputados y cuatro de los seis senadores por la Región- la pidieron y le fue ingresada en su cuenta.

El Congreso y el Senado publicaron hace unos días en sus respectivas páginas web la relación de parlamentarios perceptores de este 'finiquito'. En la lista de la Cámara Baja figuran cinco diputados por Murcia: Miguel Garaulet y José Luis Martínez, de Ciudadanos; Lourdes Méndez y Joaquín Robles, de Vox, y José Luis Soto, del PSOE.

Otros cinco diputados de la Región no percibieron esta indemnización porque no podían, bien porque seguían cobrando del Congreso como miembros de la Diputación Permanente, caso de los populares Teodoro García Egea e Isabel Borrego y la socialista Marisol Sánchez Jódar, o porque percibían otro salario del Estado, caso de Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras en funciones. El diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna solicitó la vuelta a su plaza de profesor de Filosofía en un instituto de la Región, por lo que al cobrar un sueldo público, aunque fuera de otra Administración, tampoco podía optar a la indemnización del Congreso.

La paga de los diputados era variable, en función del puesto y responsabilidades que ocuparan en sus respectivos grupos y en las comisiones de la Cámara. A partir de los 2.981,86 euros del salario mensual base, a cada parlamentario se le sumaron los complementos retributivos que percibió durante la minilegislatura. En total, según las fuentes consultadas por LA VERDAD, la indemnización rondó los 7.000 euros.

Para los senadores, la paga era una cantidad igual para todos, «resultante de multiplicar 163,38 euros por el número de días que median entre el día de la disolución y el día anterior a la fecha de las elecciones, ambos incluidos (163,38x47= 7.678,86 euros)», según explica el Senado en su página web.

Los parlamentarios que solicitaron y cobraron esos 7.678,86 euros son el popular Domingo Segado, el socialista Joaquín López y los también senadores por designación autonómica Lourdes Retuerto (PSOE) y Miguel Sánchez (Cs), cuya legislatura fue aún más leve de la que tuvieron los electos en las generales del 28 de abril, puesto que tomaron posesión del escaño en julio tras ser designados por la Asamblea Regional.

Miguel Sánchez, algo incómodo con esta paga, que consideró excesiva para el escaso trabajo realizado en la Cámara Alta, decidió donarla y realizó dos ingresos en sendas cuentas abiertas por Cáritas y Cruz Roja en favor de los damnificados de la DANA de septiembre.

Los dos senadores por la Región que no percibieron esta indemnización son Violante Tomás (PP) y Susana Hernández (PSOE), dado que siguieron cobrando del Senado por permanecer en su Diputación Permanente.

El malestar social creado por el fracaso de la XIII legislatura, la incapacidad de los partidos para formar un Gobierno y la repetición de las elecciones, motivaron un fuerte rechazo cuando se conoció el pago de esta indemnización. A través de la plataforma change.org se organizó una recogida de firmas en contra que llegó a reunir 650.000 adhesiones, que incluso se llegaron a presentar en el Congreso de los Diputados el 24 de septiembre.

El diputado socialista Juan Luis Soto, uno de los perceptores de esta paga, asegura no recordar la cantidad precisa que cobró, pero cree que rondó los 7.000 euros. Este abogado defiende esta indemnización, ya que es el único ingreso que perciben los parlamentarios entre la disolución de las Cortes y la constitución de las nuevas si, como es su caso, figura en la candidatura de su partido y vuelve a ser elegido.

«Es un derecho que tenemos reconocido -agrega- y si no te reincorporas inmediatamente a tu trabajo, porque tienes opciones de volver a salir elegido mes y medio más tarde, es lógico que se solicite».

Un caso distinto es el del exsenador Domingo Segado. Resultó elegido en las generales del 28 de abril, pero no repitió en la candidatura del PP en los comicios del 10 de noviembre, por lo que, después de cinco meses en la Cámara Alta, dejó el escaño y ahora no ocupa cargo alguno. Tampoco recuerda la cantidad que percibió, pero afirma que no fueron los 7.678 euros fijados por la Mesa del Senado. «Eso serían brutos, porque yo creo que solo me ingresaron unos 6.000», comenta.

Debido al poco tiempo que duró la legislatura pasada, Segado no tiene derecho a solicitar la indemnización por cese, otra paga, además de la de transición, recogida en el Reglamento de Pensiones Parlamentarias. Esta paga por cese de actividad, que es incompatible con cualquier otro tipo de ingreso, sea público o privado, asciende a un mes de sueldo por cada año de mandato en las Cortes, hasta un máximo de 24 mensualidades, siempre y cuando el perceptor haya permanecido un mínimo de dos años en alguna de las cámaras.