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«La pobreza infantil en España es una realidad alarmante». Con esta afirmación alerta la Plataforma de Infancia, la red que aglutina a las ... 70 principales ONG que trabajan con menores, sobre la situación de los más de 2,7 millones de niños y adolescentes que viven en riesgo de indigencia y exclusión social en nuestro país. Es una cifra que no deja de aumentar y que se sitúa cerca de los máximos históricos que se alcanzaron la década pasada, en el epicentro de la gran crisis económica.
La situación en la Región de Murcia es todavía más alarmante. La tasa de menores en situación de pobreza o en riesgo de cruzar esa línea es del 34,1% en España, mientras en Murcia el porcentaje llega al 43,9%. Solo Andalucía presenta un peor dato (44,4%). El informe advierte de que la Región ha registrado «un aumento significativo, situándose como la segunda comunidad con mayores porcentajes de riesgo de pobreza y / o exclusión social en la infancia».
El aumento en la Región se debe principalmente al incremento de la pobreza monetaria en siete puntos y que, en total, afecta al 40,7% de las niñas, niños y adolescentes. Es el dato más alto de España. En contraste, su tasa de carencias materiales está por debajo de la media nacional.
En toda España, algo más de 2,3 millones de niños y adolescentes se crían en hogares con ingresos inferiores al 60% de la renta media, más de 800.000 saben lo que es crecer en medio de la privación material severa (malnutridos, sin calefacción ni vacaciones y entre impagos) y unos 565.000 tienen unos padres que no logran trabajar ni el 20% de horas anuales.
Pero la Plataforma de Infancia destaca que lo más grave de este negro escenario, lo que demuestra que la pobreza infantil sigue siendo un mal estructural en España, es que aumenta mientras el porcentaje de adultos en riesgo de indigencia o exclusión social lleva varios años en descenso y está en la tasa más baja en una década, en el 24,6%.
En otras palabras, la pobreza en España se ceba fundamentalmente con la infancia, donde está enquistada. Hay un 38% más de menores en riesgo de pobreza y exclusión social que entre los demás grupos de edad y la brecha entre niños y adultos pobres españoles crece cada año y ya alcanza los 9,5 puntos. El grupo más castigado es el de los adolescentes de 13 a 17 años, donde la tasa de pobreza roza el 36%.
Más de la mitad de los hogares con menores, el 54%, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Es el segundo dato más alto de la serie histórica tras 2023. Esto tiene consecuencias perniciosas en la salud, incluida la mental, aumenta el fracaso escolar y deteriora el bienestar general de la infancia, indica Ricardo Ibarra, director de la plataforma.
Con estas cifras, la pobreza infantil en España vuelve a colocarse a la cabeza de la UE, superando al farolillo rojo rumano, y marca la tercera peor tasa nacional. En 2024 se situó ya a solo tres décimas de 2015, en pleno corazón de la gran crisis económica de este siglo, y a punto y medio del 35,8% de niños pobres de 2014, el dato más negro de la serie. Así, España está a años luz de cumplir con el objetivo marcado por la ONU para 2030: reducir a la mitad la tasa de 2015.
Pero es que, además, la pobreza no afecta por igual a todos los niños y adolescentes. Los factores que más influyen directamente en el riesgo de privación infantil son el origen de los padres (los hijos de inmigrantes tienen una tasa de indigencia del doble que el resto de su generación) o formar parte de una familia monoparental o numerosa. La pobreza infantil en los hogares monoparentales es un 50% mayor y en las familias numerosas oscila entre un 50% y 100% más, dependiendo del número de hijos.
A la vista de los datos, las ONG de infancia exigen a autoridades y partidos que con la máxima urgencia desbloqueen la aprobación de la Ley de Familias, que lleva más de un año paralizada en el Congreso, y que, o bien dentro de esa norma o bien por cualquier otro medio, cumplan también con la obligación europea de pagar las ocho semanas para la crianza a las que cada progenitor tiene derecho antes de que su hijo cumpla ocho años.
Además, piden, entre otras medidas, implantar una ayuda universal para la crianza; mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital; aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio hasta el 0,44% del PIB en 2025; adoptar un plan de choque contra la segregación escolar; incrementar las medidas destinadas a garantizar el derecho de los niños a una vivienda digna; y garantizar que no se ejecuta desalojo alguno de familias con hijos menores.
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