Fomento flexibilizará los planes urbanísticos para promover edificios de viviendas asequibles en vez de casas adosadas

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, anunció este viernes en la Asamblea Regional que el Ejecutivo autonómico contempla «flexibilizar de manera excepcional, transitoria y urgente los planes generales de ordenación municipal para poder realizar edificios con viviendas asequibles en lugar de casas adosadas». Esto aparecerá recogido en el decreto que está preparando este departamento para el impulso de la vivienda asequible, en el que se incluirán otro tipo de medidas.

En este caso, permitirá sustituir una modalidad «tradicionalmente más costosa en términos de construcción» y «construir un mayor número de vivienda a menor precio y menor plazo», según el consejero, que intervino en el Pleno de la Cámara en la sesión de control al Gobierno para detallar sus políticas en acciones de vivienda.

Según la Consejería, se quiere aumentar así el parque de viviendas protegidas, «eliminando la restricción marcada en determinadas parcelas de los planes de ordenación, sin modificar el planeamiento, con el fin de ampliar la oferta de hogares para jóvenes y familias de clases medias».

Entre otras acciones que recogerá la nueva normativa regional Fomento enumera las primas de edificabilidad para aumentar la oferta de vivienda; la adecuación de locales o edificaciones con uso predominante terciario a uso residencial con destino a vivienda protegida; o la declaración de urgencia todos los trámites administrativos vinculados a la ejecución de las medidas que se incorporen al futuro decreto ley, para reducir los plazos a la mitad.

Además, el Gobierno regional ha invitado a los ayuntamientos a extender las bonificaciones fiscales municipales de la vivienda protegida a la nueva 'Vivienda asequible', con el objetivo de que se potencie su construcción.

Durante su intervención, el consejero destacó el «éxito» del Aval de Vivienda Joven, una iniciativa regional «pionera y copiada por el resto de comunidades autónomas, incluido el Gobierno central» y de la que ya ha dicho se han beneficiado a 622 jóvenes de la Región. «Su buena acogida ha propiciado la ampliación del crédito hasta los 16.250.000 millones de euros», recordó el consejero, que indicó que se ha mejorado el acceso a este aval modificando los requisitos de acceso, al aumentar la edad para acceder de 35 a 40 años, y el valor de la vivienda se aumenta hasta los 220.000 euros.

En los últimos años la Comunidad ha comprado más de 143 viviendas por un importe de 11,8 millones de euros para ofrecer un hogar a aquellas familias que lo necesitan. Además, se han concedido ayudas por un importe de más de 2 millones de euros para la construcción de 103 viviendas destinadas a alquiler asequible o cesión. Y se ha facilitado que 448 familias se hayan convertido en propietarias de la vivienda social donde han residido durante últimos 25 años. Para ello, han destinado más de 5 millones de euros.

Por otro lado, en colaboración con varias asociaciones, la Consejería ha concedido ayudas por valor de 8,2 millones de euros a seis ONG (Cáritas, ACCEM, Cepaim, Columbares, Cruz Roja y La Huertecica) que han ayudado a 3.569 familias a mantener una vivienda.

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Miguel Ángel Ortega considera un «batiburrillo de ocurrencias» lo que ha expuesto el consejero ante el Pleno. Según ha dicho, en la Región se ha «normalizado que solo hay políticas públicas de vivienda cuando hay negocio de por medio, solo se toman decisiones para beneficiar a las empresas privadas y lo público solo sirve para confrontar, especialmente con el Gobierno de España». El parlamentario ha echado en cara al consejero que «López Miras ha provocado que la Región tenga el precio más alto de la vivienda desde 2011 y el precio más alto del alquiler de la historia».

El diputado de VOX Ignacio Arcas ha dicho que el «problema principal» tiene que ver con la transferencia a las comunidades autónomas de la competencia en materia de vivienda. Para él, el PP «le da la mano al Gobierno de Sánchez en los momentos más críticos» criticando la aprobación de la prórroga de medidas «nocivas que protegen a los inquiokupas», señalando que esta medida no promueve un clima de seguridad jurídica para los propietarios.

Desde Podemos, María Marín ha criticado la política de vivienda del Gobierno regional que, según ha dicho, «es la del perro del hortelano, que ni hace nada ni deja hacer a los demás». Ella ha recordado que en los últimos cinco años el precio del alquiler ha subido un 23%, superando la media nacional, indicando que la situación es similar cuando se trata de la compra-venta de viviendas. Para ella, el Gobierno regional «desvía el foco del problema y boicotea cualquier medida del Gobierno de España».

Finalmente, el diputado del PP Antonio Landáburu ha advertido que la vivienda «se ha convertido en un reto para muchos españoles bajo la gestión del Gobierno nacional». Para él, en Moncloa «están más preocupados por ampliar sus propios patrimonios inmobiliarios que por solucionar los problemas de la gente».

El 'popular' ha defendido la gestión del Gobierno regional en este aspecto, pero considera que los esfuerzos en la Región se ven «obstaculizados» por las políticas del Gobierno central, como la ley de Vivienda, de la que ha dicho que la ley no incentiva la oferta de vivienda, sino que «ha generado incertidumbre entre los propietarios y provocado una disminución de inmuebles disponibles para el alquiler».

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