El plan de captación de inversiones atrajo a la Región de Murcia 112 proyectos por 2.500 millones entre 2023 y 2024

Para ello, la consejera ha destacado la labora que se desarrolla desde Invest Murcia, la agencia regional de promoción de inversiones, y desde la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), dependiente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). En el primer caso, desde su creación en 2001, se han puesto en marcha 340 proyectos con una inversión de 34.0000 millones y un potencial de creación de empelo de 1.400 puestos de trabajo. Por parte de la UNAI, desde 2015, se han completado 157 proyectos de los 261 que ha tramitado. El resultado arroja un balance de 2.600 millones invertidos en la Región y 4.300 empleos.

López Aragón ha mencionado algunos de los proyectos que hay ahora mismo en marcha en la Región con destacadas inversiones como el de Fresh Logistic o la nueva planta de Snack Rubio. A eso ha sumado una inversión de 50 millones de euros por parte de la empresa costarricense Nomadic Farms para una planta de producción de proteína en Aledo.

La Comunidad cuenta para ello, además, con diferentes herramientas que ha mencionado López Aragón, como un simulador de trámites, una plataforma inteligente de búsqueda de localización o una calculadora de costes de implantación.

«La Región que nos vende es más un deseo que una realidad», ha respondido a esta intervención el diputado socialista Alfonso Martínez Baños, que reprocha al Gobierno autonómico «vender una situación económica que no existe». Ha esgrimido para ello datos como el del Producto Interior Bruto que, entre 2021 y el tercer trimestre de 2024 (el último disponible), que se situó 3,9 puntos por debajo de la media nacional. También ha recordado que 220.000 personas viven por debajo de una renta anual de 7.500 euros al año y unos 100.000 no llegan a 5.000. A eso ha añadido los bajos índices de productividad que tiene la Región, «los más bajos de España» y «nuestro talón de Aquiles», según Martínez Baños, que en la misma línea ha incluido los índices de competitividad.

Desde Vox, Virginia Martínez, ha cargado contra el exceso normativo que lastra a las empresas: «España es un infierno fiscal, burocrático y legislativo por culpa del PSOE y del PP». «La regulación ideológico ha convertido a las empresas en instrumentos del Estado para promover agendas social-comunistas», según Martínez.

María Marín, portavoz del Grupo Mixto, criticó que desde la Comunidad, el Gobierno del PP sigue manteniendo políticas de anuncios que no se llegan a materializar en forma de inversiones. «Solamente de los titulares, la gente no come, y desde hace 20 años lanzan anuncios a bombo y platillo que no llegan a buen puerto», según Marín. En su caso, es la única que se ha referido al problema que puede traer consigo la guerra comercial que ha abierto a nivel global el presidente de EE.UU., Donald Trump, con sus políticas de aranceles, que también afectarán a la UE, denunciando el apoyo que el líder estadounidense recibe de Vox.

Este debate ha tenido lugar durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, donde los consejeros, entre otras cuestiones, han respondido sobre cuestiones como el control de la actividad en las clínicas de cirugía estética, los pagos de las ayudas de la Ley de Dependencia o la tramitación de la cuarta ley de simplificación administrativa.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, respondió a Marín de Podemos, sobre la recuperación y sellado del depósito minero de 'El Lirio', una actuación que calificó como «la mayor actuación de restauración minera de la historia de España». También ha dejado claro que la obra contratada con Tragsa no está recepcionada ni lo estará «hasta que tengamos la certeza de que los trabajos cumplen estrictamente con las exigencias del contrato y con la normativa ambiental». Para ello, han reclamado a Tragsa tres auditorías de tres organizaciones independientes sobre el estado del suelo de la cubierta.

Otra respuesta ha sido la que ha dado el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, al diputado del PSOE Miguel Ortega, que ha demandado cambios en el Decreto 82/1990 por el que se aprueban los criterios a que deberán atenerse las bases para el ingreso y ascenso en los Cuerpos de Policía Local y que, entre otros, limita el acceso a las personas con VIH en la Región de Murcia. Según Ortuño, se ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de estos cuerpos y, para este año 2025, se está preparando un nuevo decreto para unificar las bases de convocatoria de acceso en todos los ayuntamientos. Ese documento será el que derogue el de 1990 eliminado esa exclusión que se seguía manteniendo a día de hoy.