López Miras se compromete a hablar «con todos los grupos» para negociar los Presupuestos

La gestión de la emergencia de la DANA de hace quince días en Valencia sigue crispando el debate político, también en la Región de Murcia. Este miércoles se coló, como ya hiciera en anteriores plenos, en la sesión de control en la Asamblea y evidenció las dificultades para que PP y PSOE alcancen un acuerdo que lleve a la aprobación del proyecto de Presupuestos de 2025.

El presidente Fernando López Miras se sometía por primera vez desde junio a las preguntas de los grupos parlamentarios y, entre ellas, se encontraba la del socialista José Vélez, interpelándole por la carta que le envió para reunirse y abrir un proceso de negociación para sacar adelante las cuentas públicas. Sin embargo, las referencias de Vélez al papel que tuvo el presidente valenciano Carlos Mazón en la jornada en la que la DANA asoló numerosos municipios terminaron por cambiar el tono de la sesión. Sólo unos minutos antes, el portavoz popular, Joaquín Segado, también había criticado el papel del Gobierno de Pedro Sánchez durante ese episodio y en días posteriores.

«No haga lo mismo que el señor Mazón en Valencia, cuando el Gobierno de España se ofreció a ayudarle en el minuto 1, y él estaba de comida y de sobremesa larga, sin dignarse a pedir la ayuda que necesitaban todos los ciudadanos», recriminó el secretario general del PSRM-PSOE al jefe del Ejecutivo murciano.

López Miras acusó al líder socialista de venir «ensuciándolo todo» por el uso de la catástrofe. A pesar de lo cual, sacó a relucir las diferentes infraestructuras hidráulicas que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Segura tiene aún pendientes de ejecución en la Región, como las presas de contención en el Guadalentín y la de Tabala.

Tras eso, insistió en que su intención es «escuchar a todos los grupos parlamentarios, buscando su apoyo» para que los Presupuestos se aprueben por unanimidad. «Si su voluntad sincera es la de que la Región de Murcia tenga presupuestos, si es la de llegar a un acuerdo, tendrá su foto, y no tendrá que irse a Suiza», le anunció el presidente a Vélez.

El socialista consideró que la respuesta de Miras «sólo contenta a los más radicales», y por eso habló de una «oportunidad perdida» para el presidente a pesar de que se le está «tendiendo la mano». Por su parte, Miras remarcó que tenía que ser «escéptico» ante ese ofrecimiento, debido al apoyo de Vélez a la financiación singular para Cataluña acordada por su partido con ERC. Pero volvía a repetir que «tendrán la oportunidad de hacer sus propuestas, negociar e intentar aprobar unos presupuestos que sean buenos». Antes de esta interpelación al jefe del Ejecutivo murciano, desde la bancada popular, Joaquín Segado criticó que «el Gobierno de España y su presidente tenían la obligación de estar a la altura y de ponerse al frente del rescate y la reconstrucción», en una pregunta dirigida al presidente por las medidas para evitar el impacto de la graves inundaciones.

Frente a eso, dijo el diputado del PP que lo que se vio fue a un Pedro Sánchez que «abandona al jefe del Estado en su visita a las zonas afectadas y huye mientras el rey permanece atendiendo y escuchando a los ciudadanos que lo han perdido todo». También se preguntó por el papel de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Desde el PSOE, José Vélez acusaba al PP de «hablar de la DANA en contra del Gobierno de España» con la intención de «tapar sus vergüenzas».

En su intervención a la pregunta de Segado, López Miras recordó que desde la Comunidad Autónoma se pusieron a disposición de la Comunidad Valenciana todos los recursos disponibles al día siguiente de la DANA. Desde ese momento, 1.548 efectivos se han desplazado a las localidades damnificadas y «estarán allí el tiempo que sea necesario», aseguró. Al mismo tiempo dijo que «debe servir para poder aprender lecciones que nos hagan estar preparados». Dos aspectos que considera fundamentales para ello es, por un lado, la revisión de los protocolos de coordinación e información y, por otro, la construcción de las infraestructuras hidráulicas comprometidas desde hace año por el Gobierno central. Sobre esto, aseveró que «hay que hacerlas ya, es la principal actuación en caso de fuertes lluvias».

Desde el Grupo de Mixto, integrado por Podemos-IU-Alianza Verde, María Marín preguntó por el retraso en el pago de ayudas y subvenciones públicas que se ha convertido en lo que calificó de «clamor en todas partes». Se refería al bono para el alquiler joven, a los libreros acogidos al plan de gratuidad de libros, las subvenciones para la implantación de aulas infantiles, el cheque-guardería y las ayudas al autoconsumo y a los vehículos eléctricos. «El problema es que estamos manteniendo un Estado de bienestar (sanidad, educación, servicios sociales...) con menos de lo que el Estado da al resto de comunidades autónomas», según Miras, que apeló a que se reforme el sistema de financiación.

El portavoz de Vox, José Ángel Antelo, relacionó de nuevo delincuencia con inmigración ilegal. Miras desvinculó ambos fenómenos, precisando que, según el INE, en 2023 sólo el 1% de los extranjeros en España fueron condenados por algún delito. De la acogida de menores extranjeros no acompañados, además de recordar que es una obligación legal, la defendió como un ejercicio de patriotismo y solidaridad por «la situación límite» en Canarias. En todo caso, aprovechó para volver a pedir al Gobierno central una política de inmigración clara.

En la sesión de control también compareció la consejera de Agua, Agricultura y Ganadería, Sara Rubira, para explicar la situación de la desaladora de Escombreras, justo un día después de que se decretara la apertura de juicio oral contra el exconsejero Antonio Cerdá y otros 14 acusados por el conocido como 'caso La Sal', que investiga una presunta trama delictiva en torno a su construcción y adquisición por parte de la Comunidad. Rubira detalló que esta planta se encuentra funcionando al 85% de su capacidad, produciendo 1.600 millones de litros de agua desalada y abasteciendo a 9.700 agricultores. La consejera dijo que la limitación del agua procedente de acuíferos y de otras cuencas es lo que ha obligado a los regantes a recurrir a esta procedencia. «La desalinización de agua de mar ha pasado de tener un uso marginal a tener una dependencia por una manifiesta falta de alternativa que les obliga a aceptar agua desalada por las imposiciones ideológicas de Pedro Sánchez», en palabras de Sara Rubira, que también criticó las políticas del anterior presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, desde la oposición cargaron contra esta infraestructura que aseguran que dejará para las arcas públicas un coste de 710 millones de euros. El diputado socialista Jesús Moreno lo definió como un «pufo» y «trama» que también calificó de «puñalada por la que se desangra la Región». «El juicio por la desaladora de Escombreras es un juicio también al PP», dijo la portavoz de Podemos-IU-AV, María Marín, que recordó que este 2024 la Comunidad tendrá que pagar 32 millones. En Vox, Alberto Garre recordó sus palabras de 2016 cuando dijo que esa desaladora «no fue un buen negocio» para la Región.

También en la Asamblea, la Junta de Portavoces ordenó la actividad para la próxima semana, señalando para el miércoles 20 de noviembre la constitución de la comisión de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del aeropuerto internacional.

• Temas
• Región de Murcia
• Asamblea Regional