La Asamblea investigará las responsabilidades políticas por las que caducó la liquidación del aeropuerto de Corvera

La Asamblea Regional ha aprobado este martes la creación de una comisión especial de investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios y explotación del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. A la moción, elevada al pleno desde el Grupo Mixto por Podemos, se han incorporado a través de una enmienda transaccional las aportaciones de PSOE y Vox, con lo que ha prosperado una iniciativa en contra de la que sólo ha votado el PP. Fruto de ese acuerdo entre los tres partidos de la oposición también se va a ampliar el trabajo de este órgano a «los costes que la construcción y funcionamiento de estas instalaciones aeroportuarias está suponiendo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia».

De nuevo los populares han sufrido las consecuencias de su minoría parlamentaria y han escuchado los reproches de los otros tres grupos sobre la gestión de la infraestructura, de la que tanto Podemos, PSOE y Vox han asegurado que está muy lejos de cumplir las expectativas con las que fue anunciada. Tanto en lo que se refiere a previsiones de viajeros (que eran de tres millones frente a los 877.000 con los que acabó 2023), como a la generación de puestos de trabajo (unos 20.000 frente a los 500 actuales).

Esta moción llega después de que el pasado 14 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Murcia estimara parcialmente el recurso de la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia SA (Aeromur) contra la Comunidad Autónoma, anulando por defecto de forma la liquidación del contrato entre ambas por incumplimientos en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia. Esto suponía para las arcas autonómicas un perjuicio de 36 millones de euros de la liquidación resultante, al entender el TSJ que la administración regional sobrepasó los tres meses de plazo legal para resolver y notificar la liquidación a la sociedad concesionaria. Según la exposición de motivos de ese texto, «la Consejería de Fomento estimó en una cantidad superior a los 180 millones de euros los daños y perjuicios para el erario público, reconociendo la concesionaria el derecho a percibir casi 144 millones de euros por las inversiones realizadas en el aeródromo».

Podemos ya ha anunciado que exigirá que comparezcan ante la comisión los expresidentes Ramón Luis Valcárcel o Pedro Antonio Sánchez, además del presidente López Miras y destacados empresarios como Luis del Rivero, quien fuera presidente de Sacyr, la empresa que contaba con mayor participación Aeromur. «Los 182 millones de euros que nos cuesta este nuevo pufo en la Región de Murcia lo han pagado con el sudor de su frente el millón y medio de murcianos que hoy piden luz y taquígrafos», según la portavoz morada, María Marín.

Desde las filas socialistas, el diputado Alfonso Martínez Baños señaló que la intención de su partido es conocer «cuánto nos va a costar finalmente el aeropuerto», una cifra que eleva a más de 300 millones de euros. También ha pedido que el Gobierno regional dé explicaciones sobre una infraestructura «que no tiene prácticamente aviones», lo que recuerda que se traduce en el hecho de que Aena aún no ha tenido que abonar el canon de 0,84 euros por pasajero que tendría que pagar a la Comunidad a partir del millón de viajeros durante los primeros diez años.

Virginia Martínez, desde Vox, cree que es «esencial» que se analice en detalle el procedimiento de cálculo de la liquidación y se elabore un dictamen en el que se evalúe las consecuencias económicas que ha tenido este trámite. «Es un proyecto fallido que ha impactado en las finanzas públicas y que no ha cumplido las expectativas», añadió.

Mientras, desde el PP, su diputado Víctor Martínez-Carrasco ha dicho que la Comunidad aún está trabajando para llevar a cabo esa reclamación a la anterior concesionaria. Reconocía que los resultados obtenidos hasta ahora no son los que se esperaban pero «se está trabajando en que haya más rutas, más conexiones y más pasajeros», por lo que cree que es «cuestión de tiempo».

La Asamblea Regional también ha dado luz verde a la reforma con la que el Gobierno regional quiere agilizar los trámites para el reconocimiento de la dependencia y obtener unas ayudas y prestaciones a las que el año pasado no pudieron acceder 1.452 personas que fallecieron a la espera de las mismas en la Comunidad.

Así, el pleno de la Cámara ha aprobado con los votos a favor del PP, PSOE y Vox, y con la abstención de Podemos, la proposición de Ley de Modificación del Decreto 74/2011 por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a esta condición.

Con esta modificación, se pretende dotar de «mayor celeridad» a un trámite marcado por «su lentitud y complejidad», según el texto de la propuesta, creando un procedimiento de urgencia para «dar una respuesta ágil y con mayor grado de efectividad que sea posible a las mismas, simplificando los trámites y evitando trabas administrativas».

Según ha explicado el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Miralles, esta modificación beneficiará las familias con menores de 6 años, personas en riesgo extraordinario o de urgente necesidad (aquellas que padecen una enfermedad especialmente agresiva o incapacitante con pronóstico de vida limitado), personas con pérdida total de la autonomía, física o intelectual que necesitan el apoyo indispensable en todos las actividades de la vida diaria.

Desde las filas del PSOE, Toñi Abenza, ha lamentado «el caos en la gestión de la dependencia» en la Región al que se quiere poner fin con una proposición «tardía» para las personas que el año pasado fallecieron sin ese reconocimiento, como especificaba el Observatorio Estatal de la Dependencia. Ha añadido que su partido siempre había solicitado la creación de ese trámite de urgencia que ya existe en otras comunidades y critica por ello a la Consejería de Política Social: «Vender esta modificación como una solución al problema sería mentir».

En Vox, María José Ruíz, habla de «calvario» para las familias que pasan por esta tramitación «caótica» y lamenta que «el ahorro económico no puede correr a cargo del sector más sensible de nuestra sociedad», para el que también ha pedido más dotación económica.

La abstención ha llegado desde el Grupo Mixto, cuya portavoz, María Marín, de Podemos, ha explicado que no podían apoyar una modificación que a pesar de que crea un procedimiento urgente «no establece ningún plazo concreto» para la resolución del trámite de reconocimiento de la dependencia ni para el de las ayudas. «Crea un limbo», ha dicho Marín, que añade que «sin más financiación, sin medios ni recursos, lo que nos traen es un papel vacío».

El juego de equilibrios en el que sigue la Asamblea en el que no siempre está garantizado que el bloque de izquierda y de derecha se apoyen mutuamente también ha traído consigo que se tumbaran buenas parte de las mociones sometidas al pleno en la sesión de la mañana así como las enmiendas a la totalidad que han registrado los grupos parlamentarios.

Es lo que ha ocurrido con la moción del Grupo Parlamentario Popular solicitando al Gobierno de la Nación la adopción de medidas «en defensa de una vivienda a precio asequible». Ha sido rechazada con los votos en contra del PSOE, Podemos y Vox. Por parte de estos últimos, se ha rechazado sendas enmiendas a la totalidad presentadas. Según Joaquín Segado, portavoz parlamentario de los populares, «Pedro Sánchez y sus políticas han convertido el acceso a la vivienda en un bien de lujo y no en bien de primera necesidad», al tiempo que ha recordado que desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 el alquiler se ha encarecido un 13%.

De igual forma, la Cámara ha tumbado la propuesta del PSOE sobre la elaboración de un plan regional de mejora de la calidad del aire en la Región. En este caso, los votos de PP y Vox han frenado la iniciativa, a la que los socialistas habían sumado también otras propuestas de la enmienda de Podemos. Para la portavoz socialista Carmina Fernández, «el Gobierno regional tiene la obligación de proteger la salud de los ciudadanos y cumplir con la ley», algo que dice que no hace para solucionar un problema sobre el que no deja de «poner excusas y no actuar».

Tampoco ha prosperado la iniciativa de Vox sobre «las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español». PP, PSOE y Podemos se han posicionado en contra de este texto con el que Vox criticaba unas políticas comunitarias que incluyen «un paquete normativo arrojado a la cara del sector primario», en palabras de su diputado Antonio Martínez Nieto.

• Temas
• Asamblea Regional