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El presidente regional de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, aprovechó su comparecencia, este martes, en la Comisión Especial para la Discapacidad para pedir el amparo de la Asamblea porque desde que comenzó la legislatura, hace más de un año, han perdido la relación con la Consejería de Política Social, que dirige Isabel Franco, y la dirección del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que ocupa Raquel Cancela. «No nos atienden en nada. No participamos en las comisiones técnicas del IMAS», lamentó el representante de la federación que agrupa a 26 organizaciones de personas con discapacidad, que tienen detrás a tres mil familias murcianas.
Además de pedir ayuda para tender puentes con la Administración, Barberá puso de manifiesto otro malestar: el generado por la orden del IMAS para limitar la presencia de usuarios en los once centros de día y de desarrollo personal. Por ahora solo se permite la presencia de 2 o 3 personas, con independencia de las dimensiones de los talleres y de las medidas higiénicas que se adoptan. Barberá denunció que dicha orden trascendió un domingo por la noche y sin consulta previa. En la asociación que él preside, Astus, de Cartagena, se da el caso de que en su centro ocupacional Prolam hay talleres de 130 metros cuadrados de superficie donde solo puede haber tres personas. La medida afecta a unos mil usuarios en toda la Región. «En ninguna otra comunidad han tomado una medida de ese tipo. Sería razonable que alguien nos lo explicara», pidió.
Barberá también reclamó la aprobación del decreto de atención temprana que garantiza la intervención universal y gratuita para niños de 0 a 6 años con alguna discapacidad: «Llevamos más de cinco años con esto, ha pasado por donde tenía que pasar y debe estar en algún cajón».
Francisco Álvarez, diputado de Cs, el partido de Isabel Franco, aseguró que habrá una rectificación de la orden para ampliar la ratio de asistencia a centros de día. Pasará de 2-3 personas a 6-8. Del decreto de atención temprana avanzó que «está totalmente terminado» y en breve será aprobado por el IMAS y el Consejo de Gobierno.
La diputada del PP Maruja Pelegrín pidió aprobar «ya» el decreto y calificó de «justas» las reivindicaciones de Barberá. También Pedro López, del PSOE, pidió a la consejera que se «esfuerce y restablezca las relaciones con Plena Inclusión». Mabel Campuzano, de Vox, lamentó que se hayan tomado decisiones «sin sentido ni conocer cómo trabajan» las asociaciones. Rafael Esteban, de Podemos, aseguró: «El panorama es desolador».
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