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Murcia
Lunes, 2 de marzo 2020, 12:32
«Siempre lo hemos dicho y ahora se cumple el peor de los presagios; entre los planes del Gobierno de Pedro Sánchez no se encuentra la supervivencia del trasvase Tajo-Segura», lamentó el senador del PP, Juan María Vázquez, tras dar a conocer el documento oficial en el que el Gobierno central asegura que «cada cuenca tendrá que diseñar su capacidad de utilización de agua con recursos propios disponibles», ante la pregunta de si consideran poner fin al trasvase.
Ante esta pregunta, según reconocía el senador, «esperábamos que nos dijeran que no consideraban el fin del trasvase, pero con sus planes vamos a volver a la Murcia seca, porque la cuenca del Segura no es autosuficiente, ni lo va a ser». «Han sido 40 años de prosperidad y van a tener frente a ellos a 100.000 agricultores que viven gracias al trasvase», indicó Vázquez, que pidió a la ministra y a Diego Conesa que expliquen «cómo van a regar cuando cierren el trasvase, ya que ni por precio, ni por calidad de agua va a ser posible».
«Estos recortes nos han hecho sospechar lo que ahora comprobamos por escrito, el cierre definitivo al trasvase» denunció el 'popular', quien también puso en alerta la situación de este mes de marzo, ya que «desde el 1 de marzo la cabecera está en nivel 2, lo que supone por ley que el trasvase de 38 hm³ es automático», por lo que Vázquez preguntó a la ministra si «tiene intención de intervenir el trasvase».
Por su parte, el secretario ejecutivo de Agua del PPRM, Jesús Cano, anunció que han presentado una batería de iniciativas en la Asamblea Regional y en las Cortes Generales para que la Confederación Hidrográfica del Segura, ante el baile de cifras «irresponsable» que ha ofrecido durante estos días sobre el número de hectáreas de cultivos ilegales en el campo de Cartagena, sea transparente e informe con claridad porque «están haciendo un daño gratuito al sector agrícola».
El PP pregunta por qué un organismo oficial «actúa al dictado de un partido político» y pide que desde el Ministerio se actúe de inmediato contra esos cultivos ilegales, «porque independientemente del número de hectáreas, deben de identificarlos de inmediato porque es su competencia y están haciendo dejación de funciones».
Además, el diputado subrayó que ante esta situación «deben pedir perdón y rectificar, porque están creando incertidumbre en un sector que aglutina a más de 100.000 trabajadores y estamos viendo cómo se les acusa directamente con los recortes continuos del trasvase culpabilizándolos de la situación del Mar Menor», cuando «es inadmisible que utilicen como argumento el estado del acuífero para no trasvasar el agua, cuando llevan meses retrasando sin motivo la puesta en marcha de las actuaciones del Plan Vertido Cero», concluía Cano.
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