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El Consejo de Gobierno aprobará hoy la supresión de tasas para importantes sectores de la economía regional y un paquete de medidas para ayudar a ... las familias y los empresarios de la Región de Murcia a pasar los problemas económicos surgidos a raíz de la guerra de Ucrania.
El Ejecutivo autónomo adelanta del jueves a esta mañana su reunión semanal, que tendrá carácter eminentemente económico y social y será monográfica sobre los efectos que la invasión rusa de Ucrania está teniendo en la Región de Murcia.
La previsión es aprobar el plan de choque para paliar las consecuencias de la guerra, anunciado hace unos días por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y también el decreto que recoge la exención del pago de tasas a agricultores, transportistas y ganaderos mientras dure la contienda en Ucrania, según anunció también el mandatario regional a finales de marzo. Una de las principales medidas que incluirá el plan de choque es el aumento de las cuantías de las ayudas de alquiler que concede la Comunidad a las familias más vulnerables, con el objetivo de cubrir los incrementos de las facturas de la luz y del gas. La intención del Ejecutivo es aumentar estas ayudas, que ahora pueden llegar a los 650 euros al mes, un 25%. Así, el importe máximo de esta ayuda de emergencia social pasaría a superar los 800 euros, y englobaría tanto el pago del alquiler y los suministros básicos de la vivienda, según adelantaron fuentes de la Administración regional a LA VERDAD.
El plan de choque por la guerra en Ucrania ha sido elaborado en las últimas semanas en el seno de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, que ha mantenido reuniones con representantes del sector agrícola, de la construcción, del transporte y también de la patronal regional.
El plan, precisaron las fuentes consultadas, «contiene actuaciones de emergencia para evitar la destrucción del tejido productivo y de puestos de trabajo».
Con respecto a la exención en el pago de tasas autonómicas, el presidente López Miras anunció hace unos días, en el transcurso de una reunión con la patronal cartagenera COEC, que dicha medida le supondría un ahorro a los empresarios de unos 2,4 millones de euros al año.
Las tasas que no deberán abonar los empresarios mientras dure la guerra son muy variadas y van desde las fijadas por la prestación de servicios veterinarios, gestión de servicios agronómicos y autorización de explotación de cultivos marinos. También las hay por ordenación del transporte terrestre y las relacionadas con el medio ambiente. Entre ellas, destacan las licencias para actividades cinegéticas, la prestación de servicios en materia forestal y la concesión de la etiqueta ecológica, entre otras.
El paquete de medidas incluye también «una propuesta de iniciativas que deberían ser implementadas tanto por el Gobierno central como por las autoridades comunitarias», explicaron desde la Administración regional. El Ejecutivo autónomo aprovechará para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez mayor ambición en las medidas de apoyo a las empresas.
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