Piden a Bernal y un empresario una fianza de un millón por el caso de la plaza de toros

El juez en su escrito de apertura de juicio oral, al que LA VERDAD ha tenido acceso, ordena a los procesados que presten una fianza, solidaria y conjunta, de un millón de euros. El magistrado concede un día hábil a los procesados –y a la compañía aseguradora del coso como responsable civil subsidiaria– para depositar el montante y advierte de que, en el caso de que no lo hagan, se procederá al embargo de sus bienes.

Con este nuevo paso, Bernal se encuentra ya a un paso de un juicio en el que, sin embargo, solo afronta la acusación de la familia de la víctima. Tal y como avanzó este diario, la acusación particular, que ejerce el abogado Evaristo Llanos en representación de la viuda y los hijos del carnicero, reclama hasta tres años de prisión y 750.000 euros de indemnización para Bernal y Sandalio T., empresario del sector carnicero que colaboraba con la feria taurina.

Esta parte reclama, asimismo, que los dos procesados sean inhabilitados para el ejercicio de profesión o cargo de responsabilidad en actividades taurinas durante tres años. La Fiscalía, sin embargo, entiende que los dos acusados no incurrieron en ningún delito respecto a la muerte del carnicero y solicita el sobreseimiento de los cargos que pesan sobre ambos.

En su escrito, el Ministerio Público remarca que «el procedimiento empleado en el presente caso fue el que se sigue habitualmente para dar muerte al toro devuelto a los corrales, sin que, del acta de infracción, de las declaraciones practicadas en fase de instrucción, o de los restantes informes y documentos incorporados a la causa, se desprenda la falta de idoneidad del método empleado, o se indique cuál sería el adecuado». Esta parte sí considera que la víctima «se precipitó a la hora de acceder al habitáculo en el que se encontraba el toro, ya que no dejó pasar un tiempo prudencial para asegurarse de que el toro estaba debidamente acordado, o esperar a recibir alguna orden de los corraleros».

El fiscal considera que no ha quedado acreditado que el empresario de la plaza de toros de Murcia «tuviera un dominio del hecho y un conocimiento de la concreta situación de riesgo a la que pudiera estar expuesto el fallecido, ya que las tareas en cuestión eran realizadas por trabajadores de su empresa -corraleros- con conocimientos, formación y experiencia en la materia, que ejercían como auténticos delegados del empresario, con capacidad de decisión en cuanto a la forma segura de realizar los trabajos y a las medidas de seguridad o cautelas que se debían adoptar».

El juez, en su auto, resume las posiciones de las partes y declara competentes a los juzgados de lo Penal de la capital para llevar el caso a juicio. Contra este auto no cabe recurso.