El TSJ pide refuerzos para las jueces de las causas del Mar Menor y desaladora

Las causas de especial complejidad siempre llegan a los juzgados de Instrucción con un sabor agridulce, en el mejor de los casos. Es evidente que constituyen un reto para cualquier profesional de la Administración de Justicia, que no puede por menos que sentir que se encuentra ante uno de los grandes retos de su carrera profesional, pero a la vez es consciente de que va a suponer un grave contratiempo para la buena marcha de su juzgado. Y es que la investigación de cualquiera de esas macrocausas implica tal despliegue de medios y de esfuerzos que resulta imposible que el resto del trabajo no se vea ralentizado.

Para evitar o, cuando menos, minimizar esos desajustes, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), en estrecha coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comenzó hace unos años a dotar de refuerzos a aquellos juzgados que se encontraban en una situación más delicada, bien por arrastrar desde años atrás un importante atasco de asuntos, bien por haber asumido alguna diligencia de especial complejidad que amenazaba con ralentizar gravemente su funcionamiento.

De esta forma, un buen número de órganos judiciales que han venido tramitando grandes causas de corrupción han contado, durante algún periodo, con jueces de apoyo que han ayudado a los magistrados titulares a gestionar el día a día. Estos refuerzos suelen otorgarse por un periodo de seis meses, aunque prorrogables en función de las circunstancias particulares de cada juzgado.

En los últimos tiempos, los órganos que han contado con un apoyo son los juzgados de Instrucción número 8 y 9 de Murcia, con el fin de que puedan otorgar un impulso prácticamente definitivo a los dos asuntos de corrupción que tramitan respectivamente: el 'caso Umbra' y sus diferentes piezas separadas y el conocido como 'caso César', que investiga un descomunal fraude en las obras del AVE a la Región.

Un portavoz del TSJRM confirmó a este periódico que, en la actualidad, se han solicitado refuerzos para otros dos juzgados de Instrucción de Murcia que se encuentran en simular situación: los números 2 y 5. El primero, a cuyo frente está Miriam Marín, tiene ya muy avanzadas las diligencias del 'caso Novo Carthago', sobre la recalificación supuestamente ilegal de una gran extensión de terreno junto al Mar Menor, y acaba de caerle por reparto el denominado 'caso Topillo', que debe determinar las responsabilidades por la contaminación del Mar Menor.

En el caso de Instrucción 5, cuya titular es María del Mar Azuar, tiene la misión de esclarecer una supuesta trama delictiva montada en torno a la desalinizadora de Escombreras, que llevó a la Comunidad a comprometer el pago de 600 millones de euros por el aprovechamiento de la planta durante 25 años. Una cláusula legal establecía que ese dinero se pagaría al margen de que se produjera o no agua.

Estas diligencias llevan secretas en torno a un año y todo apunta a que el refuerzo se otorgaría a la magistrada Azuar en el momento en que se levante ese secreto y comiencen las tomas de declaración a las decenas de imputados, testigos y peritos que previsiblemente tendrán que comparecer por este asunto.

También se han solicitado apoyos para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier, tradicionalmente atascado y que lleva el 'caso Ninette' sobre corrupción en Los Alcázares, y el Juzgado de lo Penal número 5 de Murcia, que tendrá que enjuiciar la supuesta trama de corrupción 'Nueva Condomina'.