El PP pide procesar ya a Conesa por la sanción que no se tramitó

En el escrito, que está suscrito por el letrado José Antonio Izquierdo y al que LA VERDAD ha tenido acceso, se recuerda que la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana otorga competencias a los alcaldes para imponer sanciones en esa materia, cuando la infracción se ha cometido en su término municipal, como era el caso de los hechos en que presuntamente incurrió en 2016 el edil Romero cuando, durante un control de alcoholemia, se encaró con dos agentes de la Policía Local. Y se añade que el propio Conesa admitió en el juzgado que era quien firmaba los decretos de incoación del expediente sancionador y de resolución.

En este caso, después de que el entonces jefe de la Policía Local le hubiera dado traslado del expediente, Conesa no habría actuado como en otras ocasiones, devolviendo la documentación a la Oficina Administrativa para la tramitación de la sanción, sino que se la habría entregado a su concejal de Seguridad Ciudadana para que la archivara.

El PP destaca las declaraciones judiciales realizadas por dos funcionarios de ese departamento, que corroborarían que en las ocasiones excepcionales en las que el sargento de la Policía remitía los expedientes al alcalde, debido a las especiales particularidades de la infracción, era el propio Conesa quien luego los remitía a la unidad administrativa para su tramitación. Así se hizo, de hecho, con una sanción que se impuso al club de fútbol local.

En el caso de la denuncia contra el edil de IU, en quien el PSOE se apoyaba en aquellos momentos para poder gobernar, «no se supo nada más por ningún medio», como señaló uno de los funcionarios. En palabras del abogado del PP, lo que se hizo por parte de Conesa fue asegurarse de que el edil de Seguridad Ciudadana «la guardaba en su archivador para criar malvas».

«Se pretendía dejar que la multa prescribiese, como así ocurrió», insiste en su escrito el letrado Izquierdo, quien sostiene que solo un año más tarde, ya con todos los plazos superados, Conesa «envió un oficio de interés por ese asunto, ante las peticiones del sargento sobre ese expediente y por el miedo a ser denunciado».

Por último, afirma que el investigado «mintió» ante la juez o ante la Guardia Civil, ya que en un caso señaló que se le devolvió la denuncia al jefe de la Policía Local en mayo de 2017 y, en otro, manifestó que lo hizo en torno a abril de 2016.