Pérez-Templado presenta su dimisión como presidente del Consejo de la Transparencia

Menos de dos años ha durado la andadura de Julián Pérez-Templado al frente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. El que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región presentó el pasado miércoles su renuncia a la presidencia de este órgano autonómico de control y supervisión, encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y de garantizar el derecho de acceso a la información pública.

Pérez-Templado atribuye su salida a cuestiones «meramente personales» y la desvincula de cualquier conjetura sobre presiones o desavenencias con el Gobierno regional en relación a su labor al frente de este organismo, según declaró a LA VERDAD. Sin embargo, su renuncia se produce después de varios encontronazos con el Ejecutivo autonómico a cuenta de la independencia del organismo que presidía hasta ahora.

Hace tan solo unos días que se conocía que Pérez-Templado había solicitado, a través de un correo electrónico, ceder las atribuciones que tenía legalmente asignadas por «cuestiones de salud». La designación directa o 'a dedo' de su suplente, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia Santiago Álvarez Carreño, a través de esa misma misiva, había causado cierta polémica, pese a cumplir con el procedimiento establecido, tal y como el mismo Pérez-Templado ha defendido a preguntas de LA VERDAD y como avalan fuentes jurídicas consultadas por este periódico.

Y es que algunos de los miembros del Consejo entendieron que el presidente carecía de atribuciones para nombrar de dicha forma a su suplente. No obstante, la ley estatal de Régimen Jurídico del Sector Público, aplicable en este caso de manera subsidiaria, establece que, «en casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente será sustituido por el vicepresidente que corresponda y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden».

Desde la Consejería de Política Social, que asumió las competencias en Transparencia tras las dimisión de su anterior responsable, alentaron la polémica al limitarse a expresar el «deseo de que mejore el presidente» y a pedir sobre este asunto «información oficial». La salida definitiva del exmagistrado, que trascendió, precisamente durante la celebración del acto oficial de la festividad del Día de la Región de Murcia, debe implicar, sin embargo, la necesidad de elegir un nuevo presidente por parte de la Asamblea Regional, este sin el carácter interino de su actual sustituto.

Una lucha continua por la independencia y la autonomía. Si el historial de encontronazos entre el primer presidente del Consejo de la Transparencia -el tristemente fallecido José Molina- y el Gobierno regional había sido largo, las desavenencias con su sucesor, Julián Pérez-Templado, comenzaban a discurrir por la misma senda. Hay que recordar que el conflicto había llegado recientemente a los tribunales, en este caso por las discrepancias sobre el procedimiento que se debe seguir en la contratación del personal de este órgano de control. Así, la Comunidad Autónoma ha presentado un contencioso administrativo contra la resolución del ya expresidente del Consejo de Transparencia en la que convocaba la provisión de un puesto de asesor jurídico, cuya suspensión demandan los servicios jurídicos autonómicos como medida cautelar.

La falta de acuerdo entre ambas partes sobre cómo y quién debe ser el encargado de seleccionar al personal de este organismo ha hecho que, en la actualidad, cinco de los ocho puestos de su plantilla estén vacantes, situación denunciada por el propio Pérez-Templado, al tiempo que rechazaba las convocatorias realizadas por la Consejería de Hacienda, la cual intenta proveer los puestos de trabajo de la plantilla de forma exclusiva por funcionarios procedentes de la Administración regional.

En esa misma línea de reivindicación de su independencia, el Consejo subió así también hace unas semanas a su web un comunicado en el que se quejaba de que, «al día de la fecha, la Administración regional aún no ha realizado la interconexión del registro electrónico con la sede electrónica del Consejo de Transparencia». De esta forma, todo aquel que presente una reclamación al Consejo debe hacerlo en los registros de la Comunidad, que es el blanco de la mayor parte de estas quejas y podría, al ser la primera que las recibe, retrasar su remisión al órgano de la Transparencia.

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