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En octubre de 2018, medio año antes de que la Guardia Civil explotara la 'Operación Honeymoon' y detuviera a quien entonces era el jefe de los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda de la Comunidad Autónoma, Luis Pérez Almansa ... , este se presentó en la Comisaría de Policía del barrio del Carmen de Murcia y se confesó autor de un puñado de hechos presuntamente delictivos. No lo hizo, en apariencia, de buena gana ni empujado por su conciencia, sino acorralado por las supuestas amenazas y por la extorsión de uno de sus compinches en la presunta trama de corrupción que tenía montada en el seno de la Administración regional.
Quedó entonces de relieve que uno de sus 'socios' le había salido respondón y, empeñado en apariencia en exprimir la gallina de los huevos de oro que implicaba contar con las gestiones del alto funcionario, estaba ejerciendo supuestamente una enorme presión sobre este para evitar que se saliera del operativo ilícito.
Los sorprendidos policías, que ignoraban que para ese momento la Guardia Civil y la Fiscalía Superior de la Región ya estaban siguiendo los pasos de Pérez Almansa, asistieron a un relato que se remontaba cuatro años atrás, cuando el hermano de un exconsejero autonómico le presentó a un supuesto conseguidor o intermediario: L. M. M.. Un tiempo después, fue esta persona quien presuntamente ofreció a Pérez Almansa participar en una estafa, consistente en garantizar a unos empresarios la adjudicación de tres obras públicas en Lorca, a cambio del desembolso de unos 18.000 euros.
El jurídico de la Comunidad aceptó participar en el engaño, según su propia confesión ante la Policía, y su papel consistió en recibir a L. M. M. y a los constructores en su despacho de la Consejería de Fomento, con el fin de «darle un empaque oficial» al asunto. Por esa operación se embolsó 2.000 euros, aunque señaló que más tarde se enteró de que L. M. M. había reclamado en realidad 50.000 euros de mordida.
La situación comenzó a complicarse para el alto funcionario cuando, en enero de 2017, L. M. M. advirtió presuntamente al alto funcionario de que había grabado las reuniones sobre la supuesta estafa mencionada. No solo le hizo saber así que lo tenía atrapado en sus manos, sino que además le explicó –ante un desconocido que se presentó como un funcionario judicial– que la Fiscalía estaba investigando una denuncia sobre sus maquinaciones, aunque podía lograr que el expediente «se perdiera» abonando 20.000 euros al empleado del juzgado.
No tardó L. M. M. en hacerle saber a Pérez Almansa que finalmente había pagado tal cantidad para 'salvarle' de la investigación y, pese a que no aportó prueba alguna de que ello fuera así, le hizo saber presuntamente que se encontraba en deuda con él y que, para saldarla, tendría que seguir participando en ese tipo de prácticas fraudulentas.
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De esta manera, el jurídico confesó a los policías que se había prestado a engañar a otros empresarios que estaban dispuestos a desembolsar dinero a cambio de la promesa de adjudicación de contratos públicos: un constructor de Balsapintada que pretendía hacerse con tres obras en Lorca y que abonó 16.000 euros, otro empresario de Mazarrón a quien le hicieron la misma oferta y de quien Pérez Almansa desconocía el desembolso que finalmente habría realizado...
El alto funcionario, presuntamente acorralado, se decidió a denunciar estos hechos cuando en octubre de 2018 se encontró a L. M. M. a las puertas de su casa, acompañado por un individuo de origen moldavo, y su exsocio le hizo saber que «esta gente va encima tuyo; son muy peligrosos. Sabemos dónde vives y les da igual todo. Entran en tu casa y les da igual tu familia. Te hemos estado siguiendo y lo sabemos todo de ti».
Con la explotación de la 'Operación Honeymoon' de la Guardia Civil, unos meses más tarde, las actuaciones que estuviera impulsando la Policía Nacional se paralizaron y se integraron en la investigación del Instituto Armado.
Las pruebas e indicios de delito que ha recabado durante un par de años la Guardia Civil contra el alto funcionario Luis Pérez Almansa, fundamentalmente sobre posibles cohechos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude, están siendo ya cuestionadas duramente en ámbitos de las defensas. Algunos letrados consideran que determinadas diligencias están viciadas de nulidad, debido a que la Guardia Civil tomó declaración como testigos a varios de los presuntos afectados por las estafas, cuando en apariencia lo que procedía era haberles interrogado como investigados o detenidos. La razón estriba en que varias de las personas que supuestamente pagaron diversas cantidad a Pérez Almansa, con el objetivo de verse favorecidos en sus trámites ante la Administración regional, habrían podido incurrir también en cohecho, por lo que no tendría sentido haberles tomado declaración como testigos.
Las defensas razonan que es lógico imaginar que esos afectados, de haber sido llamados a comparecer como sospechosos de un delito, se habrían mostrado mucho menos locuaces que cuando lo hicieron sin imputación alguna sobre sus hombros. «La nulidad es de libro; esas declaraciones están totalmente viciadas y no tienen el menor valor», llegó a manifestar ayer uno de los abogados en conversaciones con LA VERDAD. Y así lo aducirán en breve ante el juez instructor.
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