«El peor momento de la lucha contra la corrupción»

Los que sí lo hacen mejoran a nivel general sus indicadores y puntuaciones, pero en los últimos años ha caído el número de las que se someten a este escrutinio: el incumplimiento llegó al 86% en este último informe. De los 334 sujetos censados y emplazados a realizar la evaluación de transparencia, fueron solamente 47 entidades las que remitieron cuestionarios, un escaso 14%. En años previos, aunque más elevada, la participación no había sido mucho mayor: llegó al 22,46% en 2021 y al 17,72% en 2022. No sólo hay administraciones: la Ley 12/2014 también se lo exige a agentes sociales, universidades, colegios profesionales, fundaciones y otras sociedades mercantiles y empresas públicas. Es relevante que solo uno de cada tres ayuntamientos ha participado en este trabajo: de los 45 consistorios que hay en la Región, solo 15 remitieron los cuestionarios.

Pero, por otro lado, el informe también eleva la puntuación media del Indicador de Cumplimiento en Publicidad Activa (ICPA) a un 6,08. Esto supone «una mejora general en la nota media con respecto a evaluaciones anteriores» (4,8 en 2021 y 5,41 en 2022). De las 47 entidades evaluadas, solo 14 no alcanzaron el aprobado. Los autores del trabajo lo atribuyen a que gran parte de las entidades participantes «son aquellas que se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones».

Este informe ya está en manos del Comisionado para la Transparencia, la nueva denominación del Consejo tras la reforma legal impulsado por Vox y apoyada por el PP durante el año pasado. Al frente de esa organismo se encuentra Natalia Sánchez, que estas semanas está manteniendo una ronda de contacto con organismos públicos y otras entidades de la Región. «Algunos ayuntamientos me han transmitido que la evaluación es farragosa y compleja y disponen de poca capacidad para ello», explica a LA VERDAD. Por eso dice que «quizá haya que cambiar el modo de evaluación», apostando por herramientas y recursos propios, empleando incluso la inteligencia artificial, según adelanta.

Desde comienzos de este mes, se encuentra sometido a consulta previa el proyecto de decreto del reglamento de organización y funcionamiento del Comisionado, uno de los primeros objetivos que se marcó Sánchez tras su llegada al cargo. En todo caso, defiende que su prioridad es «fomentar y concienciar sobre el papel que tiene la transparencia en las administraciones públicas».

De un año para otro, España ha bajado cuatro puntos en el Índice de Percepción de Corrupción que elabora Transparencia Internacional. «Es un batacazo tremendo», resume Fernando Jiménez, catedrático de Ciencia Política de la UMU y evaluador del Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco). Éste es uno los órganos cuyos trabajos se tienen en cuenta para concluir que «se ha debilitado la percepción de la lucha contra la corrupción en España» y que «sin reformas estructurales efectivas, el país seguirá enfrentando grandes desafíos en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional».

Jiménez se muestra tajante sobre este emperoamiento general: «Es alarmante pero no sorprendente». Y advierte de que «estamos en el peor momento de la lucha contra la corrupción». Es un indicador internacional por países, pero el problema «permea a la política nacional, desde la administración del Estado a las comunidades autónomas», según este catedrático. Carlos Abad, decano del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, coincide en que, como recalca Transparencia Internacional, «en los últimos tiempos, se ha observado en el ámbito autonómico una reestructuración o desmantelamiento de los órganos de control, que velan por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y de las agencias antifraude». En el caso murciano, Natalia Sánchez reconoce que «son pocos los recursos materiales y personales para atender el trabajo» en la oficina del Comisionado.

La elección de Sánchez como comisionada no estuvo exenta de polémica. Propuesta por Vox, fue elegida por la Asamblea en septiembre, contando para ello con el voto favorable también del PP. La designación ha sido recurrida ante los tribunales por el PSRM-PSOE y también por la Fundación Hay Derecho, que entiende que Sánchez no cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Transparencia. El profesor titular de Derecho Constitucional de la UMU Germán Teruel, miembro de esta organización, apunta que «los retrocesos más grandes en materia de transparencia están teniendo lugar en los órganos de garantía y contra la corrupción», como sería el caso de este Comisionado. De igual forma, echa en falta en la Comunidad una Oficina de Conflicto de Intereses o una Oficina Antifraude.

Teruel era codirector de la Cátedra de Buen Gobierno de la UMU junto a Fernando Jiménez, desaparecida por falta de apoyo institucional hace unos años al no renovarse el convenio con la Comunidad. El responsable de ello entonces era José Ángel Antelo, de Vox, al frente de las competencias de transparencia como vicepresidente regional. «No se le vio muy interesado», lamenta Jiménez.