Pedro Antonio Sánchez se sienta en el banquillo

Salvo imprevistos de última hora, el exdirigente popular se sentará en el banquillo del Palacio de Justicia de la capital, a partir de las diez de la mañana, para afrontar uno de los grandes procedimientos sobre supuesta corrupción que se han instruido en los tribunales murcianos. Este debe bucear en todo el proceso de adjudicación y construcción que se desarrolló en torno al teatro-auditorio de Puerto Lumbreras.

Sobre las espaldas del antiguo jefe del Gobierno murciano y exalcalde de Puerto Lumbreras, una pesada espada de Damocles. La Fiscalía pone sobre la mesa la comisión de tres presuntos delitos -prevaricación continuada, fraude y fraude de subvenciones- y reclama para él cuatro años y seis meses de prisión y una multa de seis millones de euros. El Ministerio Público exige, además, otros 19 años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, una pena que, de acabar imponiéndose, impediría un hipotético regreso a la esfera política. Las acusaciones particulares -representadas por el portavoz del PSOE en Puerto Lumbreras y la formación política Podemos- elevan sus peticiones hasta un lustro de cárcel y una veintena de años de inhabilitación.

Para plantar cara a esta contienda, Sánchez estuvo respaldado, a lo largo del procedimiento, por el abogado Francisco Martínez Escribano, decano del Colegio de Abogados de Murcia. En 2017 reforzó su defensa con la contratación de José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y letrado de estrellas como Cristiano Ronaldo. Choclán, quien en su día redactó como ponente la sentencia condenatoria contra Mario Conde, pidió la excedencia en el año 2004 para montar un bufete de abogados que pronto comenzó a asumir la defensa en causas de gran relevancia, como la 'Operación Malaya' o 'Gürtel'.

Con estas piezas sobre el tablero, el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia, Juan Del Olmo, será el encargado de dirigir una vista, con hasta una quincena de sesiones, que se prevé larga y complicada. Este magistrado, especialmente conocido por haber instruido en su día desde la Audiencia Nacional las diligencias sobre los atentados yihadistas del 11-M en Madrid, destaca por su discreción y rigor.

Las diligencias del 'caso Auditorio' llegarán a juicio siete años después de que se iniciaran -en 2015- con el objetivo de determinar una larga serie de supuestas ilegalidades que se habrían cometido en 2005 en torno a la redacción del proyecto del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, su adjudicación, su construcción y la recepción de las obras.

Sánchez estará acompañado en el banquillo por la secretaria municipal, Caridad García Vidal, acusada de prevaricación continuada y fraude en concurso con prevaricación; el arquitecto Martín Lejarraga, por iguales delitos, y el representante de la constructora Ecisa, Vicente Gimeno, como sospechoso de fraude y prevaricación.

La instrucción, según el fiscal y las acusaciones privadas, permitió obtener indicios que apuntan a que el encargo del proyecto se hizo de manera verbal al arquitecto que acabó diseñando ese centro cultural, lo que habría motivado las quejas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región. Ello habría llevado a Sánchez, entonces alcalde lumbrerense, con el aparente apoyo de la secretaria municipal, a simular la convocatoria de un concurso. Las obras se acometieron en una parcela distinta a la que había servido para realizar el proyecto y para conseguir la subvención de Cultura, e incluyeron trabajos no previstos, como tres edificios y un garaje. Todo ello, según el fiscal, motivó que el proyecto fuera «inviable técnica y económicamente desde su inicio» y que las obras quedaran sin finalizar. En concreto, solo se habría ejecutado poco más de un 61%, por lo que se habrían necesitado otros 2,4 millones de euros para concluirlo.

Para ir justificando el gasto de la subvención de seis millones recibida de la Consejería, y evitar tener que devolver una parte de los fondos, se habrían ido firmando «certificaciones de obra incrementadas indebidamente en un 38,04%, a sabiendas, al contemplar dos veces el beneficio industrial y los gastos generales», además de haber efectuado «una mendaz certificación de acopios y haber simulado los trámites de final de obra, recepción y liquidación». Todo ello permitió incluso que el entonces alcalde Sánchez devolviera a la constructora Ecisa los avales de más de dos millones que había tenido que presentar. El fiscal destaca que los hechos «supusieron un quebranto reiterado de los principios que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas».

Ésta no es la primera vez que Sánchez ocupa el banquillo de la Audiencia. Ya lo hizo en 2018 por el 'caso Pasarela'. En este otro procedimiento, por el que en su día se le pidieron tres años y medio de prisión, resultó absuelto por un error en la tramitación del proceso, al haberse superado en dos días el plazo máximo para agotar la instrucción, sin que esta hubiera sido prorrogada.