Pedreño defiende que la derivación de casi todos los abortos «cumple la ley actual»

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, subrayó ayer que el nuevo contrato firmado con las clínicas privadas para la derivación de casi todos los abortos que se realizan en la Región de Murcia «cumple la ley actual». Como adelantó LA VERDAD, el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha adjudicado a varios centros privados, por 6,4 millones de euros, la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo para los próximos cuatro años.

La derivación de los abortos seguirá siendo masiva y sistemática, lo que choca con el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Gobierno central. La intención del Ministerio de Igualdad es que la sanidad pública sea la red de referencia para los abortos, de forma que los centros concertados queden como mero apoyo.

Frente a este proyecto de ley, Pedreño defendió el modelo actual y señaló que «el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se realizan en clínicas privadas». En el caso de la Región de Murcia, este porcentaje se aproxima al 100%, porque en el último año y medio La Arrixaca ha realizado unas 25 intervenciones, según los datos de la Consejería, mientras en 2021 la privada asumió más de 3.200 abortos en la Región.

Pedreño subrayó que «ya no sale ninguna mujer fuera de la Región» y aseguró que «las interrupciones por causas médicas se asumen en La Arrixaca». Esto, sin embargo, no ocurre en todas las situaciones. De acuerdo al nuevo concierto, la sanidad pública regional solo asumirá los abortos que se practiquen a partir de la semana 23 y aquellos en los que se superen las 20 semanas y haya patología fetal. En este último caso, además, en La Arrixaca solo se desarrollará en realidad la parte final del proceso y solo si la mujer manifiesta su preferencia por la pública.

El mantenimiento del actual modelo genera numerosas críticas en la oposición. La diputada regional del PSOE Lara Hernández denunció que «el Gobierno de López Miras vulnera los derechos de las mujeres por una cuestión ideológica». Además, aseguró que «es rotundamente falso» que la derivación sistemática de los abortos a la privada cumpla la ley, «ya que lo que dice la norma estatal es que los centros concertados deben quedar como apoyo para cuando no sea posible realizar estas intervenciones en hospitales públicos, es decir, de forma ocasional». Hernández también advirtió de que las derivaciones incluyen los abortos por causas médicas, contrariamente a lo manifestado por Pedreño.

La diputada regional denunció que «tampoco hay una lista de objetores» ni «se entrega a la mujer la justificación del objetor, tal y como marca la ley».

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