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El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, dedicó este año las primeras palabras de su discurso en el acto de apertura del año judicial a dejar claro el alineamiento del Poder Judicial con la Monarquía. Destacó el alto valor simbólico que tienen estos actos y añadió que los mismos «responden al especial vínculo constitucional del Poder Judicial con Su Majestad el Rey, quien, como jefe del Estado, es símbolo de la unidad y permanencia de la nación, de cuyo pueblo emana la Justicia que jueces y magistrados administramos en su nombre».
El líder de la magistratura murciana lanzó este mensaje en un acto algo descafeinado, por la falta de público –debido a la crisis de la Covid–, en el que se reconoció la labor de casi una veintena de personas e instituciones. Las autoridades también quisieron rendir un emotivo homenaje, a título póstumo, a la magistrada María Poza y al registrador Santiago Laborda.
Los reconocimientos de este año recayeron en los equipos de alerta temprana puestos en marcha en los decanatos para informar de la entrada mensual de asuntos; en el Instituto de Medicinal Legal de Murcia –cuyo premio fue recogido por su director, Rafael Bañón– y en el Consejo Económico y Social. El TSJ también reconoció la labor de Gonzalo López-Auguy, Francisca Sánchez, José Calvo, Manuel-Maximino Ruiz-Erans, Miguel López y Raquel Ayala, por el desarrollo del teletrabajo, y de Francisco Gómez, por la gestión de las incidencias ligadas a la Covid.
El tribunal alabó, asimismo, el trabajo de Miguel Ángel Comesaña en el proyecto de citas previas de los registros civiles; y de Antonia Moya y Juan Francisco Fernández para asumir la actividad de varios órganos. El TSJ hizo un reconocimiento general a todos los colectivos por su implicación en el plan de desescalada y agradeció a los jubilados el pasado año por sus servicios.
En el transcurso del acto, además, Víctor Ladrón de Guevara recibió la medalla de plata del mérito a la justicia de la orden de San Raimundo de Peñafort.
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