Pascual Ortuño Muñoz: «Tildar a la judicatura de conservadora es un prejuicio que se repite»

–La publicación de su nuevo libro coincide con un momento en el que la Justicia afronta numerosos retos, entre ellos la reforma del acceso a la carrera judicial. ¿Cree que era necesaria?

–Sí, es necesario desde hace muchos años. En ese aspecto tengo cierto criterio porque fui director de la Escuela Judicial y, además, fui miembro de la red de escuelas judiciales europeas. Conozco los sistemas de acceso que hay en Europa. Lamentablemente nuestro sistema se ha quedado muy anquilosado. Para la sociedad actual se requiere primero estar en el mundo, saber dónde estás...Y eso difícilmente se adquiere con cinco o seis años de estudio. Aparte de eso hay toda una revolución tecnológica y existe una mayor complejidad del sistema jurídico, con la incorporación de Europa, con leyes internacionales... Todo es ahora más complejo. Hay que tener en cuenta que la primera oposición fue en 1902.

–La verdad es que ha llovido.

–Claro, ha llovido. Por otra parte, el sistema de oposición requiere un esfuerzo enorme, que en parte resulta innecesario porque, a día de hoy, el dominio de la temática jurídica lo tenemos a disposición todos en un móvil. Es verdad que la teoría es importantísima, pero también hacen falta otras cosas. Además, hay una repercusión pública de la Justicia enorme. Cada día hay un periodismo más especializado. Hoy cualquier acción judicial inmediatamente está en la primera página de los periódicos y mucha gente no sabe, no entiende tampoco, la complejidad del sistema. El otro día el alcalde de Barcelona decía en primera página que quería pedir a los jueces más dureza con la delincuencia. Pero eso es cuestión de las leyes, de la Policía, de los medios económicos, del modelo de seguridad, de la Fiscalía y, finalmente, de los jueces, que son los garantes de la Constitución. El que un alcalde de una capital como Barcelona piense que los jueces son los encargados es un error. A partir de ahí, no es de extrañar la imagen que la ciudadanía tiene de la Justicia.

–Hay quien considera que la judicatura tiene un sesgo conservador porque no todo el mundo puedo permitirse preparar una oposición durante años.

–Yo la judicatura la conozco bastante bien y esto es una falsa impresión. Es un prejuicio que se va repitiendo. Creo que la composición de la carrera judicial es igual que la de cualquier otra carrera que necesite también estudiar. Es normal en la medida en que hay más facilidad para el acceso a los estudios de varias personas. Hay un índice claro. En Inglaterra o en Francia, hay jueces que son de origen hindú o indio, de origen argelino, de origen senegalés... Aquí en España hemos tenido únicamente un juez de Guinea, que por cierto vino con unas circunstancias especiales y estuvo en Murcia. Es el único.

–En ese sentido no representa a la sociedad multicultural que ya tenemos en España.

–No. ¿A qué se debe? En la Escuela Judicial hicimos un sondeo con los alumnos para ver la procedencia social, un sondeo que precisamente desde el Consejo General de Poder Judicial lo prohibieron. Pero era curioso porque de los casi 300 alumnos que había solamente hubo tres que no tuvieran algún padre licenciado universitario.

–Bueno esos datos marcan, de alguna forma, un nivel social.

–Más que nada es un nivel, pero yo creo que como se puede hablar de la enseñanza, de los físicos, de los ingenieros... En la medida en que una familia puede prescindir a partir de que los hijos tienen ya una edad laboral e incluso pueden subvencionar los estudios durante varios años. Por eso es importantísima la política, pero no solamente la política de becas, si no también las medidas. Por ejemplo, en Francia únicamente se puede opositar directamente cuando se termina la universidad, en los dos años siguientes a haber terminado la carrera. En España, sin embargo, no hay límite. Entonces el promedio son cinco años de estudio. En Francia se acorta, pero al mismo tiempo hay cuatro o cinco sistemas más de entrada. Por ejemplo, una persona que se va a trabajar de escribiente en un despacho de abogados o en una notaría con el tiempo puede también entrar. Hay otros sistemas que son diferentes. Para la oposición llamada libre únicamente hay un sistema.

–¿Le parece que la crítica a los jueces está ahora más presente? ¿Se ha traspasado una línea?

–Bueno, porque antes los jueces no entraban en política. Era la tradición de la dictadura. El juez juzga, pero no se mete en la política. Y, sin embargo, después se ha llegado al otro extremo: a la judicialización de la política. No a la politización de la justicia. Nuestros políticos no son un ejemplo de la cultura del diálogo y resulta que cada medida que se adopta por el alcalde, por la Consejería de Medio Ambiente... tiene que ir a los jueces. Los jueces no tienen armas para verlo con la configuración y con la preparación teórica del acceso. No se tienen armas. Siempre digo que los jueces, la mayoría, son bastante buenos. Los conozco. Pero casi todos somos autodidactas. Incluso el aprendizaje de los temas memorísticos es autodidacta.

–¿Existe la formación adecuada, por ejemplo, en temas de violencia de género?

–Por ejemplo en esos temas hay jueces que terminan la escuela, que es una formación adicional pero no suficiente, y van a juzgar directamente. Y muchos y muchas no tienen experiencia. Ni un novio ni un novia después de tantos años de estudio. Tienen la referencia de un hermano o de un sobrino. No se trata de que hagan más cursos. Se trata de que anden... Se aprende con el tiempo y se aprende equivocándote. Lo ideal sería, por ejemplo, como en Portugal que no se puede ser juez de Familia si no llevas diez años. Que haya ciertas especialidades en las que se necesite una experiencia. En Familia, por ejemplo, no existe especialidad.

–Cierto, es una reclamación histórica... Hablaba de que existe esa judicialización de la política, pero en ocasiones también hay críticas de que existe una politización de la justicia. No sé si cree que eso también se produce.

–Como toda la vida. Yo creo que es anecdótico. De tanto que va al cántaro a la fuente al final se rompe. En la judicatura, el abanico ideológico es muy diverso. Y también hay que tener en cuenta el aprendizaje de la prudencia y de saber distanciarte de tu propio sentimiento. Es difícil. También hay un problema que tenemos y es que somos uno de los pocos países en el mundo donde la instrucción de las causas penales no la lleva el fiscal.

–Otra de esas reformas que están encima de la mesa.

–Claro, en los países que han avanzado más en este sentido hay un instructor que es, incluso, la cabeza visible de la Policía. El fiscal general lo ha nombrado en muchos países el gobernador. El que sale de gobernador quiere tener un buen fiscal. El escrutinio público es que, si no lo hace bien, en las siguientes elecciones achacarán al gobernador que el fiscal que eligió no haya sido bueno.

–¿Esa dependencia del poder no puede arrojar dudas sobre su imparcialidad?

–No, ¿se tienen sospechas de la imparcialidad de la Policía? No, generalmente no. Puede haber un policía corrupto y se le castiga. De todas maneras en el sistema donde los fiscales son los instructores hay un juez de garantías. Cuando un fiscal esté instruyendo va a tener un juez de garantías para garantizar los derechos de la víctima y los derechos del acusado y para velar por el cumplimiento de la ley. El nuestro es, en general, un sistema anticuado. Esto se hizo en el siglo XIX porque no había dinero y seguimos arrastrándolo.

–Las asociaciones judiciales critican que la ley de eficiencia procesal, que tiene que abrir la puerta a los esperados tribunales de instancia, llega sin dotación presupuestaria ni de plazas.

–Es verdad y tienen razón porque una ley de estas necesita un esfuerzo presupuestario enorme. Pero ese esfuerzo presupuestario requiere una política de Estado. Y esa política de Estado es aquella en la que participan y consensúan todos los partidos y aquí no se da. Creo que hay una explicación de por qué aquí no se da. En Europa, después de la Guerra Mundial, hubo una conciencia de que los sistemas judiciales tenían que ser el sistema vertebral de las democracias para que no ocurriera lo que ocurrió con la Guerra Mundial. Entonces se perfilaron unos sistemas judiciales consensuados: desde el acceso a la judicatura a la forma de juzgar. Todo eso estuvo consensuado y se hizo de una manera mucho más moderna, pero en España ese tren nos lo perdimos. En la Transición con la judicatura se tapó mucho y no se hizo consensuadamente. De hecho es célebre la frase de Alfonso Guerra cuando la reforma del Consejo General del Poder Judicial –de 1985– diciendo que «Montesquieu ha muerto». En ese momento se alucinó este señor pensando que toda la vida en España iba a gobernar el Partido Socialista. No pensó que esto podía cambiar y resulta que cambió y Montesquieu había muerto. Los de otros partidos podían hacer lo que les diera la gana. Y luego protestaban porque se hacían bloqueos. Se hacían bloqueos porque no se hizo bien.

–Los juzgados de la Región arrastran, a día de hoy, los tiempos de respuesta más dilatados de todo el país. ¿Por dónde pasa la solución a este problema?

– En el caso de Murcia existe un déficit claro y es porque hay autonomías que tienen transferidas competencias de Justicia. Por ejemplo, mi primer destino fue Lérida. Me sorprendió mucho que, teniendo la mitad de habitantes que en Murcia, tengan los mismos magistrados. ¿Por qué? Porque ha habido una clase política tradicionalmente que se ha plantado. En Murcia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme, yo creo que se va por desesperación, porque ha sido un excelente presidente. Pero todos los años lo repite. Y yo creo que ha dicho 'yo tiro la toalla'.

–¿Cree que ha faltado un poco de implicación de las autoridades políticas a la hora de acompañar esa reivindicación?

–Totalmente, pero tampoco es patrimonio de Murcia. Es curioso porque yo fui uno de los fundadores de la Revista Judicial y uno de los prólogos que hice en 1986 se puede repetir a día de hoy exactamente igual.

–Nadie notaría la diferencia.

–Yo siempre he sido muy ácrata. He pensado que hay que estar, no contra el poder, pero sí crítico con el poder. Tienes que recelar de todo. Yo decía que estadísticamente el principal cliente de los juzgados, como demandados, son las administraciones públicas y el Estado. Entonces, no les interesa.

–¿Al poder no le interesa que la Justicia funcione?

–No hay interés en que vaya mejor la cosa. Un simple hecho. A un alcalde que hace una barbaridad no le interesa que la Justicia sea rápida porque cuando esto llegue al juzgado, dentro de ocho o diez años, el alcalde o el concejal de Urbanismo ya no está y hay otro partido. Y mientras tanto... Por ejemplo con el tema de El Algarrobico. Si la Justicia hubiera actuado rápidamente este edificio no se habría edificado. Se dejó pasar años y años con recursos... La culpa no la tiene la Justicia, ni los políticos, si no los legisladores.

–Precisamente eso lo vemos mucho en la Región. Grandes causas de corrupción que llegan a juicio muchos años después. O casos de mucha repercusión, como la trama que reconoció haber tenido sexo con menores y consiguió eludir la cárcel con un acuerdo basado en el retraso.

–Claro, pero, por ejemplo, en el caso de estas chicas se echa la culpa a la magistrada, que yo la conozco mucho y si hay que hacer un baremo le pondría la máxima nota. Es una magistrada comprometida. Y, sin embargo, ha tenido que cumplir la ley. Y la ley resulta que, bueno, introdujo un premio a las demoras probablemente pensando en otras cosas. Respecto a las conformidades, yo soy muy partidario incluso de las penales, pero no cómo se hacen. Deben hacerse muy cerca del momento en que ha ocurrido y la víctima debe ser protagonista.