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«Reivindicamos que salga a la luz todo lo que ha pasado en las residencias. Ha sido un maltrato continuo a las personas mayores de ... nuestra Región», denunció, a las puertas de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, el portavoz de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Murcia, Andrés Mora. Cerca de una treintena de personas de este colectivo, la Marea de Residencias y familiares de usuarios de los centros regionales se concentraron en la mañana de este martes para dar lectura a un manifiesto y guardar un minuto de silencio por los fallecidos con motivo del Día Mundial contra el Maltrato en la Vejez.
Mora pidió a la Consejería que «abandone el oscurantismo y la falta de transparencia con los datos». «Pensábamos leer los nombres de las personas fallecidas y no lo podemos hacer porque no los tenemos», denunció.
Recordó que «hay un caso en la Marea de Residencias» donde el director de un centro llamó a la familiar «para decirle: 'No te preocupes, que tu madre está bien» cuando esta tenía ya las cenizas de su madre en casa desde hacía quince días. «¿Eso no es maltrato?», se preguntó.
Esa familiar era Sonia Vivo, portavoz de la Marea de Residencias, que defendió que «la pandemia ha ayudado a destapar lo que está sucediendo en las residencias, pero viene de antes. La falta de ratio, de personal, e incluso las carencias tanto en alimentación como en cuidados básicos –subrayó–. Y sabemos con seguridad que esas carencias siguen existiendo».
María José, hermana de Sonia, señaló que han sido ya «380 los fallecidos en residencias por Covid», un dato confirmado por la Consejería, que señala que ha habido 1.458 contagios en estos centros.
María José García Martínez, una auxiliar de enfermería de 58 años, miembro de Marea de Residencias, asegura haber sufrido en carne propia el «caos» de las residencias. Vivió irregularidades en las dos residencias en las que estuvo su madre. «Tuvimos que trasladarla en octubre de 2019 desde la residencia Caser en Santo Ángel a la de San Basilio por el trato que estaba recibiendo». Después de cinco ingresos hospitalarios aquel verano, cuenta, «ya pensaban en La Arrixaca que yo la estaba maltratando». «Se trastornaba, tenía problemas para deglutir y, cuando la ingresábamos en la Arrixaca, se espabilaba y estaba bien. Me la llevaba a la residencia y a los cuatro días volvía a empeorar», denuncia. «Le ponían unos parches que no eran de ella, de fentanilo, que la ponían loca», dice.
Por eso María José decidió contratar a una persona que estuviera con ella. Así, supo «que no le daban la medicación ni las comidas adecuadamente», explica. Preocupada, empezó a ir todos los días a estar con su madre. No podía creer lo que vio: «Le estaban dando medicamentos caducados de tres meses», señala. «Hice fotos y puse una denuncia. El juez decretó que había que hacer un traslado urgente. Si no llega a ser por eso el IMAS no la traslada».
En la nueva residencia, en San Basilio «todo estaba bien» hasta que la noche del uno de mayo de 2020 le dijeron que la habían sedado. «El día antes me habían dicho que mi madre estaba bien. Tardé once minutos en llegar a la residencia y ya le había entrado toda la sedación de la bolsa del gotero».
Allí falleció. «Para mí, la mataron. Le pusieron una sedación sin consultar. Se le indujo la muerte de forma activa». «No había ningún médico en la residencia. Solo una enfermera que era la primera noche que trabajaba, dos auxiliares y una recepcionista para toda la residencia».
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