El pago de los veranos a los interinos costará a las arcas regionales 45 millones

El pago de los veranos no abonados a los profesores interinos que fueron enviados al paro durante cuatro años (entre 2012 y 2015, en lo más duro de la crisis ) hará un buen agujero en las arcas regionales. La Comunidad tendrá que hacer frente, a plazos y con cargo a sucesivos presupuestos, al ingreso de más de 45 millones de euros a los más de 4.000 docentes sin plaza afectados, que entre los años 2012 y 2015 fueron enviados al paro para no abonarles las mensualidades de verano. El millonario abono retroactivo está obligado por la sentencia del Supremo que declara nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno que permitió despedir a los docentes interinos durante los cuatro veranos, y que se conoció hace menos de un mes.

El calendario de pago a los interinos, acordado ayer por los sindicatos y la Consejería de Educación, se conoce apenas unos días después de la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que implica otro abultado pago para las arcas regionales, y que tienen que hacer frente a la actualización de las nóminas de más de 60.000 funcionario con una factura anual de casi 42 millones.

El acuerdo para el pago de los veranos adeudados incluye además otra medida de peso para los docentes que estos días completan las oposiciones para una plaza de profesor fija, ya que el pacto contempla la «anotación inmediata de los servicios -meses trabajados- de los docentes con derecho a ello, con efectos sobre las oposiciones y actos de adjudicación». Los interinos, que no tienen plaza y ocupan vacantes de plantilla porque faltan funcionarios, acceden a sus destinos de acuerdo a una posición en las listas, una calificación fruto de sus notas en las oposiciones y de sus puntos en los baremos de méritos, para los que se toman en consideración cuestiones como la formación en idiomas y, muy especialmente, los puntos acumulados por años de experiencia. Los opositores pueden acumular hasta 7 puntos si acreditan diez años trabajados. En el caso de los afectados por los despidos de verano, en los cinco meses restados de su baremos podrían haber acumulado hasta 0,25 puntos, que ahora reclaman les sean anotados. Los cambios en las puntuaciones obligarán pues a reordenar la lista y a sumar los puntos detraídos a los opositores que ahora pugnan por una plaza de funcionario en el apartado de sus méritos.

Los interinos afectados por los despidos (unos 4.000 en 2012, 3.000 en 2013, 2.000 en 2014 y 4.000 en 2015, aunque en muchos casos se trata del mismo docente que trabajó los cuatros años seguidos) cobrarán con cargo al Presupuesto de este año la regulación de los trienios y sexenios, que también está afectada por la sentencia del Supremo. En 2019, cobrarán su deuda los 4.000 interinos despedidos en el verano de 2012; en el siguiente año lo harán los 5.000 de los veranos de 2013 y 2014, y los interinos de 2015 tendrán que esperar a 2021.

Las cantidades que ingresarán son muy dispares, ya que pueden ir de los 8.000 euros de un interino que estuviera los cuatro años a jornada completa a los 1.000 de otro que ocupara una plaza parcial un solo año. En todos los casos, tendrán que devolver las cantidades que ingresaron en concepto de prestación por desempleo.

Los seis sindicatos firmantes del acuerdo y la Consejería de Educación se mostraron ayer satisfechos con el acuerdo, aunque los primeros remarcaron que no debe pesar sobre las mejoras previstas para el colectivo. La Asociación de Docentes Interinos, impulsora de la sentencia del Supremo que ha obligado al pago de los verano, denunció en cambio «la traición de los sindicatos» al aceptar las condiciones del acuerdo.