El PP deberá pactar a tres bandas para tener mayoría en la Asamblea Regional

Sin la mayoría absoluta que en el Parlamento murciano dan 23 de sus 45 escaños, tras las elecciones de mayo de 2019 el PP (16 diputados) ya se vio obligado a negociar durante más de un mes con los seis de Ciudadanos y los cuatro de Vox para investir presidente a Fernando López Miras. La posterior formación de gobierno de coalición con el partido naranja le garantizó durante veinte meses 22 votos fijos y negoció con Vox el que le faltaba para la mayoría cuando temía el revolcón de sus grandes iniciativas por parte de PSOE y Podemos. Por eso, la crisis interna en el grupo parlamentario del partido de Santiago Abascal, que acabó el pasado junio con tres de los cuatro diputados suspendidos de militancia, abrió nuevas posibilidades de pactos en su espectro ideológico al equipo de López Miras.

Los expulsados de Vox no solo no renunciaron a sus escaños sino que aún mantienen el control del grupo parlamentario como resistencia al aparato del partido. Desde entonces, los populares y liberales han negociado indistintamente con ellos y también con el diputado que sigue en la disciplina de Vox, Pascual Salvador, con la seguridad de que si fallaba una opción tenían alternativa. Este último facilitó hace dos semanas la aprobación del techo de gasto de la Comunidad para 2021.

En el nuevo escenario abierto en esta crisis, los populares se garantizan el voto de los tres diputados naranjas que forman parte del Ejecutivo de López Miras. Pero los cuatro restantes para deshacer empates con el bloque de izquierdas –que suma 19 escaños– y llegar a la mayoría absoluta los tendrán que negociar por separado, muchas veces sin posibilidad de fracaso, con las dos familias de Vox, donde no siempre siguen idéntico criterio. Tras lo ocurrido ahora, es improbable un entendimiento con el Grupo Ciudadanos, aunque López Miras insistió ayer en «pactar con todos los partidos».

Los equilibrios de fuerzas se recomponen en la Asamblea como consecuencia de la gran crisis política que vive la Región, aunque el número de grupos políticos sigue siendo cinco. El reglamento de la Cámara permite al inicio de la legislatura constituir grupo con al menos tres diputados e impide hacerlo a quienes en el transcurso de la legislatura han sido expulsados del que formó el partido por el que concurrieron a las elecciones, por lo que pasan obligatoriamente al Grupo Mixto. El portavoz naranja Juan José Molina presentó ayer un escrito en la Cámara para echar del suyo a Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez. Los tres se integrarán en el grupo donde hasta ahora solo estaban los dos representantes de Podemos, con lo que tendrán que compartir su control económico y establecer normas de funcionamiento.

El Grupo Ciudadanos, por su parte, quedará constituido por el propio Molina, Ana Martínez Vidal y Alberto Castillo. No obstante, todas las miradas apuntan ahora al presidente de la Asamblea, a quien en su partido vinculan más a los disidentes que a Martínez Vidal. Una hipotética expulsión o marcha de uno de ellos supondría la disolución del grupo propio y el paso de todos al Mixto, en una situación inédita.