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En la recta final de una legislatura marcada por la fragmentación y la polarización política en la Asamblea Regional, acentuadas por la fallida moción ... de censura al gobierno de Fernando López Miras, un inédito acuerdo entre el PSOE y los tres parlamentarios díscolos de Vox puede allanar el camino a la aprobación de una ley con marcado acento social. Se trata de la norma que convertiría a la Región de Murcia en la sexta comunidad autónoma en reconocer la condición de familia monoparental, que llevaría aparejados derechos y beneficios económicos, educativos y sociales equiparables a los de las familias numerosas.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza en la Región 50.000 familias monoparentales y, según destaca el Grupo Socialista, impulsor de esta iniciativa, eso convertiría en beneficiarios directos de la ley a 120.000 personas, el 8% de la población.
El dictamen de la 'Proposición de Ley por la que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Región de Murcia' será debatida y votada en el Pleno el próximo miércoles. Y, a preguntas de LA VERDAD, la diputada socialista Gloria Alarcón y el del Grupo Mixto Francisco Carrera mostraron aye su confianza en que la Cámara la respalde. Basta con la mayoría simple de los 45 diputados; o sea, más síes que noes.
Dado que la diputada de Podemos María Marín votará a favor de la propuesta, el visto bueno a la norma depende del respaldo de los dos miembros de Ciudadanos (ahora en el Grupo Mixto), Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, o de la abstención del PP. Los cuatros parlamentarios expulsados de Cs, entre ellos la vicepresidenta autonómica y hasta enero consejera de Política Social Isabel Franco, no desvelaron este jueves su voto. Pero fuentes del autodenominado grupo Liberal aseguraron que es bastante probable que rechacen la propuesta «del PSOE». No aclararon los motivos.
La proposición fue presentada por los socialistas ante el poder legislativo en 2019 e incorpora modificaciones planteadas por Carrera, Juan José Liarte y la exconsejera de Educación Mabel Campuzano, afirmó el primero. El PP no registró enmiendas, lo que sí hizo el Podemos, en cuyo grupo parlamentario lamentaron que no hayan sido incorporadas «para favorecer a más personas y dar más apoyos». No obstante, anunciaron: «No nos vamos a oponer, porque todo lo que sea un reconocimiento de derechos a las familias nos parece bueno».
El dictamen elaborado destaca que la ley «recoge los avances que ya se han hecho en otras comunidades autónomas, especialmente» Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña. También hay normas en Cantabria y Aragón.
Alarcón afirmó que «moralmente, el PP debe votar a favor», pues «será una ley histórica, que incluso se adelanta a la que prepara el Gobierno central»; y «la proposición fue tomada en consideración por todos los diputados salvo Pascual Salvador (Vox), y eso la convierte en la de la Cámara».
La parlamentaria socialista pidió «no fallar a un colectivo vulnerable, de los que peor lo han pasado en la pandemia y donde hay un 85% de mujeres». Y sobre el acuerdo con la derecha que representa Vox, afirmó que esta 'rara avis' es fruto de que «esta ley no tiene ideología» y sí mucho tiempo y esfuerzo detrás. «Hemos trabajado estupendamente con el antiguo Grupo Parlamentario Vox, en especial con el señor Carrera», señaló.
Este último reseñó el «espíritu de colaboración compartido con el PSOE, con correcciones mutuas en beneficio de la protección de estas familias»; y que su grupo «ha retirado el componente ideológico feminista» del texto original. Alarcón difirió en esto y habló de modificaciones «técnicas», pues «se mantiene el lenguaje inclusivo». Y añadió que las enmiendas, entre ellas de Podemos, se votarán en el Pleno y que el texto recoge aportaciones de este partido de la izquierda. Fuentes del PP indicaron que «en función de cómo vaya a quedar el texto definitivo», sus 16 componentes decidirán «el sentido del voto».
Pascual Salvador apuntó que se opuso a la iniciativa en su día, porque «se planteaba una ley solo para familias monoparentales y preferíamos una para todas las familias». Ahora, evaluará el texto final: «Se han aceptado enmiendas y veremos cómo ha cambiado». La Asamblea está tramitando la Ley del sistema integral de apoyo a las familias, formulada por PP y Grupo Liberal. Pero su aprobación es complicada, porque el periodo de sesiones acaba el 30 de marzo.
La proposición de ley recoge que la obtención del título de familia monoparental, con las categorías de general y especial, supondrá el acceso a beneficios de la administración pública, «como mínimo, idénticos a los que disfrutan las familias numerosas». Además, la Comunidad Autónoma deberá promover ventajas en la empresa privada. Se abre la puerta a ayudas universitarias, de transporte y acceso a la vivienda, entre otras. Y habrá deducciones en el impuesto de la renta (IRPF).
El texto que abordará la Asamblea Regional encuadra en el concepto de familia monoparentales cinco supuestos. Abarca, entre otras, a «aquellas en las que los hijos o las hijas únicamente estén reconocidos legalmente por el padre o por la madre»; «aquellas constituidas por una persona viuda o en situación equiparada, con hijos o hijas que dependan económicamente de ella, sin que a tal efecto se tenga en cuenta la percepción de pensiones de viudedad u orfandad»; y «aquellas en las que una persona acoja a uno o varios menores, mediante la correspondiente resolución administrativa o judicial, por tiempo igual o superior a un año».
Categorías. El texto establece dos categorías de familia monoparental especial y general.
Ventajas La proposición establece que la Comunidad Autónoma «promoverá beneficios y ventajas para las familias con el título de familia monoparental, tanto en el ámbito de las administraciones públicas como en el ámbito de las empresas privadas». En el primer ámbito, los beneficios serán, «como mínimo, idénticos a los que disfrutan las familias numerosas».
Los hijos deben entrar en algunos supuestos. Entre ellos está ser menores de 21 años o de 26, si cursan estudios universitarios o equivalentes; y tener discapacidad o incapacidad para trabajar.
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