Pacto por el Mar Menor exige a la Comunidad elevar las multas por los vertidos a la laguna

La organización ciudadana Pacto por el Mar Menor ha presentado varios recursos y alegaciones ante la Consejería de Medio Ambiente en los que le solicita que aumente el importe de las sanciones por responsabilidad ambiental contra varias empresas acusadas de causar daños al Mar Menor mediante vertidos de salmueras, con altas concentraciones de nitratos, procedentes de desalobradoras ilegales.

«Exigimos mayores cuantías económicas, porque el coste de las medidas que la Administración ha tenido que adoptar como consecuencia de estos vertidos ha sido muy superior al propuesto por la Comunidad Autónoma. Asimismo, nuestros escritos sirven de contrapeso a los argumentos de los expedientados», explicaron fuentes de Pacto por el Mar Menor a LA VERDAD.

La Consejería ha propuesto ya estas multas: a Inagrup SL, 91.665 euros; a Ciky Oro SL, 798.852,49 euros; a G's España, 1,1 millones de euros; a Juan Pedro López Reinaldos y Bernardino Vidal Garre, administradores de Plantas Carthago SL, 18.846,20; y a Roque Madrid Pérez, 152.897,61. Archivó el expediente respecto a Vanda Agropecuaria y tramita el de Isidro Soto Pedreño.

Pacto por el Mar Menor criticó que «la Comunidad se opuso a tramitar estos expedientes y lo está haciendo porque se lo ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Murcia», previa petición de la Fiscalía. El colectivo solicitó «que los expedientes se resuelvan con celeridad y diligencia, para evitar que las demoras provoquen su caducidad»; y que la Consejería «inicie otros nuevos contra otras empresas igualmente responsables de daños al Mar Menor».

Fuentes de la Consejería afirmaron que «hay cinco expedientes resueltos y dos que están ultimándose». Y agregaron: «La Consejería solo abre expedientes de aquellos posibles casos de infracción que son denunciados. A continuación, nuestros inspectores hacen comprobaciones y, en caso de haber incumplimiento, se determina la sanción». Las denuncias, indicaron, pueden llegar del Seprona, la Policía, los agentes ambientales, los inspectores de la Comunidad y las organizaciones ciudadanas.