Pacientes de la privada fueron colados en la lista de espera de Neurocirugía

La Inspección de la Consejería de Salud ha detectado graves irregularidades en la actuación de un neurocirujano de La Arrixaca que se enfrenta a una sanción de ocho años de inhabilitación. Presuntamente, este médico, cuyas iniciales se corresponden con M. G., realizó entre 2018 y 2019 decenas de intervenciones a pacientes privados durante su jornada laboral en la sanidad pública y, además, sin la necesaria autorización de compatibilidad. Asimismo, y siempre según el expediente al que ha tenido acceso LA VERDAD, coló de manera reiterada a personas atendidas en su consulta privada en la lista de espera del servicio de Neurocirugía de La Arrixaca, mientras el resto de enfermos se enfrentaban a largas demoras.

Todas estas prácticas se desarrollaron en un aparente clima de permisividad, sin que ni el responsable del servicio ni ninguna instancia del hospital les pusiera coto. La instructora denuncia la «dejación de funciones» de los «superiores jerárquicos en el control de toda la programación derivada y realizada en los centros concertados» por parte de M. G., «no detectando en años un bajo rendimiento y considerándola adecuada en todo momento». Los hechos solo han salido a la luz después de que tres neurocirujanos denunciasen formalmente lo que estaba sucediendo ante la Gerencia de La Arrixaca.

La denuncia iba dirigida también contra un segundo profesional. En este caso, sin embargo, la Inspección solo considera probada la realización de actividad privada durante una guardia localizada en La Arrixaca y la falta de autorización para compatibilizar este trabajo con su puesto en la sanidad pública. Al no ser conductas reiteradas, se consideran faltas leves ya prescritas, por lo que el expediente ha sido archivado.

Mientras, M. G. se enfrenta a una inhabilitación de ocho años tras una resolución del director gerente de La Arrixaca, que está pendiente de un recurso de alzada interpuesto ante el consejero de Salud. Si fuese rechazado, al médico le quedaría aún la vía contencioso administrativa.

Las irregularidades señaladas por la Inspección se produjeron entre enero de 2018 y junio de 2019. Presuntamente, M. G. coló al menos a nueve pacientes de su consulta privada, afectados mayoritariamente por patología de columna, en la lista de espera de Neurocirugía mediante un documento, denominado P.10, que está en desuso y no es utilizado por La Arrixaca. Estas personas fueron vistas «en consultas externas una media de 15,1 días después de su cita en la privada», cuando la espera en el servicio era de 53,9 días en 2018, como promedio, y de 40,9 en 2019. En algunos casos, las derivaciones requerían de una hoja de interconsulta desde Atención Primaria, pero se trataba de un requisito que se formalizaba sin perjuicio de que el neurocirujano se 'autocitase' al paciente en un plazo récord, según relata la Inspección.

La instructora concluye que «pacientes tratados en la consulta privada» del doctor G. «han sido citados sin seguir el procedimiento normalizado de derivación, además de verse beneficiados al ser atendidos con preferencia», «no quedando acreditado que sea debido a situaciones especialmente urgentes, lo cual implica una discriminación positiva en el trato respecto al resto de pacientes».

Ya en un informe previo, que motivó el posterior expediente disciplinario, la Inspección advirtió de que estas prácticas perjudicaban a las decenas de pacientes que se encuentran en lista de espera, al «vulnerarse el derecho de acceso en igualdad a la sanidad pública».

Pero los inspectores han detectado muchas más irregularidades. Así, el informe señala que M. G. operó a 47 pacientes privados en dos hospitales concertados de Murcia y a 50 en Quirónsalud Torrevieja, pese a que no disponía de la preceptiva autorización de compatibilidad. Pero, además, «como hecho agravante», se recuerda que dicha compatibilidad «nunca podría haber sido aprobada por el Servicio Murciano de Salud», ya que la norma prohíbe a los médicos ejercer en clínicas privadas a las que se deriven pacientes del área de salud en la que trabajan, como ocurría en este caso. De hecho, la Inspección señala que M. G. operaba indistintamente a pacientes derivados al concierto y a personas que acudían por lo privado durante la misma mañana en estos centros, pese a que debía dedicarse en exclusiva a los pacientes de la pública.

«De 40 intervenciones privadas o de compañías de seguros realizadas en Viamed San José, 26 se realizaron en tiempo de jornada del Servicio Murciano de Salud» y lo mismo ocurrió con seis de las siete operaciones desarrolladas en Quironsalud Murcia. En definitiva, «el 68% de las intervenciones privadas que realizó en estos dos hospitales fueron programadas por él mismo para ser realizadas durante su jornada laboral en el SMS».

Todas estas presuntas irregularidades fueron posibles porque «la responsabilidad casi total de la lista de espera de cada subespecialidad la gestionaba bajo su responsabilidad cada facultativo». La instructora destaca «cierta dejación de funciones en sus órganos superiores jerárquicos». No obstante, «sin perjuicio de lo inadecuado que parece ese control, se puede concluir» que M. G. «ha incumplido de manera notoria y continuada las normas reguladoras de funcionamiento del servicio, al programar actividad privada durante su jornada laboral en el SMS».

El principal beneficiario de estas prácticas es el propio médico expedientado, mientras «el servicio público de salud se ha visto gravemente perjudicado, pues durante el tiempo dedicado a la cirugía privada, el doctor G. no ha estado ejerciendo su actividad pública, dejando sin intervenir pacientes de la lista de espera quirúrgica. Y sin embargo, ha estado percibiendo retribuciones», se subraya en el expediente. Esta situación, que sería censurable en cualquier servicio o especialidad quirúrgica, resulta especialmente sangrante en Neurocirugía, donde la espera media para entrar en el quirófano ha oscilado en el último año entre los 182 y los 97 días, según las cifras facilitadas por la Gerencia.

Los tres neurocirujanos que denunciaron los hechos ante la Gerencia advirtieron de que M. G. también dedicaba algunas mañanas exclusivamente a la realización de intervenciones privadas, sin constancia de permisos o licencias para ausentarse del puesto de trabajo. Sin embargo, el médico alegó que se trataba de jornadas en las que se encontraba disfrutando de libranzas «en diferido», esto es, correspondientes a guardias de días anteriores. La Inspección no ha encontrado rastro documental que acredite estas libranzas, pero considera que esta «conducta irregular» no puede imputarse a M. G., «al corresponder a su superior jerárquico la obligación de controlar esta situación», que no es objeto del expediente.

En total, la Inspección concluye que M. G. incurrió en tres faltas muy graves, por lo que pide ocho años de inhabilitación. La sanción está en suspenso, a la espera de la resolución del recurso de alzada.