Preocupación vecinal en Santomera por la okupación de dos viviendas en una semana

Dos okupaciones de viviendas vacías en menos de una semana han puesto en guardia a los algo más de 1.200 vecinos del núcleo urbano santomerano de El Siscar. Con poco margen de maniobra, según denuncian, y la preocupación en el cuerpo, se reúnen esta mañana con el alcalde de Santomera, Víctor Manuel Martínez, para que el regidor les haga partícipes del protocolo municipal puesto en marcha para estas situaciones. Además, han convocado una concentración «abierta a todos los vecinos» esta tarde en el campo de fútbol y recinto de fiestas de El Siscar, cita que ayer corría como la pólvora a través de distintas redes sociales.

Mercedes Forca Navarro, una de las organizadoras del 'plante' vecinal a los okupas, se encontró el pasado sábado con una vivienda de su propiedad, que anteriormente había sido un bazar ya cerrado al público, habitada por «tres personas de etnia gitana, un hombre en silla de ruedas, una mujer y un chaval de unos 13 años». La presencia de la Policía Local en los alrededores, así como la estrecha vigilancia de varios vecinos, por turnos y casi las 24 horas desde el sábado, hicieron que los okupas abandonaran la vivienda durante la mañana de ayer.

La otra vivienda objeto de reciente okupación es un dúplex propiedad de un banco ubicado en la calle Moreras, indican fuentes municipales, sobre el que la Guardia Civil no había recibido, al menos hasta el día de ayer, denuncia alguna. «Los vecinos de El Siscar, en las cafeterías y en las tiendas, comentan estos días lo mismo», explicaba ayer a LA VERDAD Mercedes Forca, aliviada por recuperar su propiedad pero aún afectada.

La Corporación municipal se ha hecho eco de la preocupación vecinal que desde finales de la semana pasada ha ido extendiéndose por el núcleo urbano como una mancha de aceite. Está previsto que esta mañana el alcalde de Santomera se reúna con un grupo de vecinos de El Siscar, a los que va a exponer el protocolo local «de actuación anti okupa». Fuentes municipales explicaban ayer que se incluye en él «un control del padrón con medidas más restrictivas, un plan específico de seguridad en la zona con vigilancia constante de la Policía Local, la coordinación con empresas de suministro de luz y agua y la solicitud de más efectivos a la Delegación del Gobierno».

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