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L. G.
Sábado, 28 de septiembre 2024, 08:08
«El séptimo punto del orden del día se ha quedado encima de la mesa para mejor estudio». Con esta escueta frase, la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, anunció en el Pleno del Ayuntamiento celebrado esta semana que se retiraba la propuesta del gobierno del PP de subir entre 12 y 17 euros el recibo medio de agua y alcantarillado, que se emite con periodicidad trimestral.
Unos minutos antes, en la comisión informativa de Hacienda, los grupos municipales PSOE, Vox y Cifa habían votado a favor de retirar el debate el punto sobre el incremento de tarifas del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, en manos de la concesionaria Gestagua, al entender que la subida propuesta era «muy gravosa» para los vecinos.
El gobierno local justificó la subida en informes de técnicos municipales que dan la razón a la concesionaria que, a través de una fórmula «polinómica» establecida en el contrato, reclama la revisión de la retribución por el IPC «no repercutido» desde marzo de 2015, más de un millón de euros. Enjugar ese déficit, según el ejecutivo local, «debe asumirse a lo largo del desarrollo del contrato, vigente hasta 2037, mediante el incremento de las tarifas de modo que no sea muy gravoso para las familias». Sin embargo, el resto de grupos municipales exigió «darle una vuelta a la fórmula polinómica», en palabras del portavoz de Vox, Diego Jesús Martínez, «porque si la Mancomunidad de Canales del Taibilla lleva nueve años con sus tarifas congeladas, hay que ponderar bien que incrementos de la concesionaria están sujetos a la subida del IPC, pero desde luego no el precio del agua». Martínez aseguró que «hará falta echar el tiempo que haga falta para entender esa fórmula leonina que concluye que se le debe más de un millón de euros a Gestagua». El edil de Cifa, Agustín Sánchez, explicó que «no se trata de decir 'no' por las bravas, sino de sentarse y estudiar una subida proporcionada y justa, no este disparate».
En la misma línea, el portavoz socialista, Antonio Jesús García Conesa, pidió mantener la «tarifa ganadera», que existe desde 2015, y que la propuesta del gobierno local había modificado como «Industrial B». Esto, según los socialistas, «generaba inseguridad para el colectivo, al no quedar claro que se les pudiera seguir aplicando una tarifa equilibrada como la actual».
Una vez rechazada la propuesta, el gobierno local tendrá que reformular el expediente y volver a someterlo a la consideración de los grupos de oposición. El edil de Vox aseguró que «no se ha concretado ningún plazo» para estas reuniones.
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